La vinculación de las pensiones al IPC en España en el actual escenario de descontrol de precios genera inquietud no sólo en la Comisión Europea, sino entre el resto de países de la UE. Durante la reunión del pasado jueves del Comité Económico y Financiero -compuesto por los responsables del Tesoro de los 27 Estados miembros-, los socios europeos se interesaron por el impacto del actual nivel de inflación desbocada en la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país.

El Gobierno de Pedro Sánchez trató de tranquilizar a sus socios con el compromiso de seguir las recomendaciones del Ejecutivo comunitario a la hora de poner en práctica la segunda parte de la reforma de pensiones. La inflación se situará este año de media en España en un nivel récord del 8,1%, según las previsiones de Bruselas. Una cifra que determinará la subida de las pensiones en 2023.

Bruselas ya ha avisado de que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional diseñado por el ministro José Luis Escrivá (que sustituye al factor de sostenibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy) es insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y reclama más ajustes de aquí a fin de año. El riesgo es un "agujero importante" si no se toman nuevas medidas.

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La reunión del Comité Económico y Financiero estaba convocada para debatir el pago a España del tercer tramo de 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación Next Generation. Los países de la UE acordaron dar luz verde al desembolso atendiendo al dictamen positivo de Bruselas, que considera que el Gobierno de Sánchez ha cumplido de forma "satisfactoria" los 40 hitos y objetivos exigidos a cambio de este dinero. Los más importantes son la reforma laboral y la primera parte de la reforma de las pensiones.

En esta fase del procedimiento, cualquier Estado miembro podría haber activado unilateralmente el 'freno de emergencia' y bloquear el pago si consideraba que las reformas no se ajustan a lo comprometido por la UE. Pero de momento ningún país ha decidido recurrir a este mecanismo porque se fían de la evaluación de la Comisión de Ursula von der Leyen. Eso sí, durante la reunión se suscitaron dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. 

"Tras los comentarios de los Estados miembros, la Comisión y las autoridades españolas proporcionaron aclaraciones (...) sobre el impacto del nivel de inflación actual en la sostenibilidad de la indexación de pensiones", señala el acta de la reunión, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "Las autoridades españolas manifestaron su disposición a seguir trabajando con la Comisión en el diseño de la reforma de las pensiones con vistas a garantizar la sostenibilidad a largo plazo", apunta el documento.

La discusión del Comité Económico y Financiero "también se centró en el impacto de la reforma integral del mercado laboral y sus efectos positivos preliminares". 

Los Veintisiete señalan que no hay ninguna evidencia de que España haya dado marcha atrás en medidas previas comprometidas con Bruselas y destacan el cumplimiento de los objetivos pactados en materia de transición digital y verde. "Otras áreas en las que se han realizado progresos incluyen I+D, educación, turismo y apoyo a grupos vulnerables, emprendedores y microempresas", prosigue el dictamen.

[Bruselas aprueba el pago a España del tercer tramo de 12.000 millones de Next Generation]

"En este contexto, el Comité está de acuerdo con la evaluación preliminar positiva de la Comisión y opina que España ha cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados con la solicitud de pago", concluye el texto. El desembolso se aprobará de forma definitiva en una reunión de expertos de los 27 y el Ejecutivo comunitario programada para el 20 de julio. De este modo, los 12.000 millones podrían llegar a España a finales de julio o principios de agosto.

España se convierte así en el primer país de la UE en obtener la luz verde de Bruselas para el tercer pago de Next Generation. Nuestro país recibió un primer desembolso de 9.000 millones en agosto de 2021 en concepto de anticipo y un segundo pago de 10.000 millones en diciembre pasado. Con este tercer pago (el de mayor importe), la cantidad recibida ascenderá a 31.000 millones, de un total de 77.234 millones en transferencias a fondo perdido.

La hora de la verdad con la reforma de las pensiones en España llegará a finales de este año. Para entonces, el Gobierno de Sánchez tendrá que haber ajustado el mecanismo de equidad intergeneracional y adoptar otras medidas pendientes comprometidas con la UE como la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión.

La puesta en práctica de estas medidas es una condición previa para el pago del quinto tramo de 10.000 millones de fondos Next Generation, previsto para junio de 2023. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo comunitario podría congelar este dinero o desembolsar sólo una parte. Y cualquier país de la UE preocupado podría activar el 'freno de emergencia'.