Pedro Sánchez avanzó el diseño de un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del incremento de los precios energéticos por la guerra rusa en Ucrania.

"Unas medidas similares a las tomadas por los países europeos de nuestro entorno y en línea con las sugerencias de la Comisión Europea, la OCDE o el FMI", fueron las palabras del presidente del Gobierno.

Al no poder ir por real decreto ley, será presentado en próximas semanas como proposición de ley de los dos partidos de la coalición de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- para que entre en vigor el 1 de enero de 2023, aunque con carácter retroactivo con respecto a los beneficios de 2022.

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Como ha publicado EL ESPAÑOL-Invertia, el citado gravamen podría estar en línea con el instaurado en Italia, que es una tasa efectiva del 25%.

Sin más detalle por el momento, las empresas energéticas permanecen a la espera de cómo será el nuevo impuesto. No obstante, ya han salido al paso argumentando que se trata de una medida “electoralista”.

Fuentes del sector energético consideran que esta industria se ha convertido en el foco de todas las críticas, algo de lo que se quiere aprovechar el Gobierno para sacar réditos entre el electorado de cara a las próximas elecciones generales de noviembre de 2023.

De Iberdrola a Cepsa

Ahora, su máxima preocupación es averiguar cómo se articulará el impuesto -básicamente, cómo afectará la retroactividad a las cuentas de 2022 y qué porcentaje se aplicará finalmente al gravamen-, así como cercar el concepto de energética.

En función de la amplitud de este concepto, podría perjudicar a más o menos empresas. Si se limita a las compañías puramente eléctricas, podrían estar en juego los beneficios de Iberdrola, Naturgy, Endesa o Red Eléctrica Corporación. Si se ensancha su alcance, podría tocar a otras empresas energéticas -petroleras y gasistas- como Enagás, Repsol o Cepsa. Salvo esta última, todas ellas cotizan en el Ibex.

La tabla de salvación a la que esperan agarrarse este tipo de compañías es una tramitación parlamentaria con “muy escasos apoyos”, apuntan las fuentes consultadas.

Otra derivada es quién acabaría ‘pagando el pato’ del hachazo fiscal al beneficio de las energéticas. Varias de estas fuentes recuerdan que el capital social de las grandes compañías energéticas de España está copado -en términos numéricos- por pequeños accionistas que, en última instancia, verían mermados sus ahorros de toda la vida ante la decisión del Ejecutivo.

Según aprecian, cada energética del Ibex suele tener, por lo general, más de medio millón de pequeños accionistas en su capital. Eso sin tener en cuenta los cientos de fondos de inversión -minoritarios pero relevantes, los grandes fondos aparte- que tienen comprados sus títulos, los cuales a su vez arrastran miles y miles de pequeños ahorradores más. El efecto bola de nieve podría ser más contraproducente que lo estimado en un inicio por el equipo de Sánchez.