La Administración se enfrenta a un reto sin precedentes: asumir la planificación, la gestión, el reparto, la ejecución y el control de los 140.000 millones de euros que van a llegar de la Comisión Europea en los próximos seis años.

Una hercúlea tarea que va a llevar al límite las costuras del Estado. Una situación que ocupa y preocupa al Gobierno que ya prevé tener que reorganizar a los funcionarios para hacer frente a la carga de trabajo que se avecina. 

Así se contempla en el borrador del Real Decreto-Ley para la modernización de la Administración Pública que, previsiblemente, se aprobará el próximo 22 de diciembre y al que ha tenido acceso Invertia.

El Palacio de La Moncloa.

En su ultima versión, se insta a los distintos Ministerios y departamentos implicados a hacer una evaluación de los recursos que necesitará para ejecutar los distintos proyectos que tenga en marcha. 

A partir de ahí, se otorgará a los responsables ministeriales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la capacidad de “gestionar el personal asignado” a su departamento para que puedan captar “el talento” necesario para la administración de los proyectos. 

Reasignación

El objetivo es “priorizar la redistribución y el aprovechamiento de los recursos existentes” y para ello la idea es cubrir las plazas “con los efectivos del departamento ministerial u organismo encargado de su gestión”. Si eso no fuera posible, habrá una “reasignación de efectivos” entre los distintos departamentos del Gobierno. 

Para ello, “se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial del personal funcionario al servicio del departamento sin cambio de adscripción ni del puesto de trabajo ni de la persona”. 

El borrador del Gobierno, que todavía está en fase de discusión, asegura además que todos los funcionarios que sean destinados a poner en marcha el Plan de Recuperación verán recompensado sus esfuerzos. 

La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. EP

Se contempla una “retribución variable por consecución de objetivos y por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial”. Un complemento que será “adicional” a las retribuciones complementarias que ya vinieran percibiendo. 

A pesar de ello, el Gobierno es consciente de que es muy posible que se vea desbordado. Es por ello por lo que contempla la posibilidad de crear o modificar puestos de trabajo de manera directa, aunque eso será siempre “de forma excepcional”. 

Personal adicional

De ahí que el objetivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública será “priorizar” las necesidades de los distintos departamentos para “asignar puestos de nuevo ingreso provenientes de la oferta de empleo público”.

También se contempla en el Real Decreto la posibilidad de que sean necesarios nombramientos “de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos de duración determinada”. 

Es decir, que los ministerios podrán fichar personal adicional. Sin embargo, sus contratos se formalizarán “sólo por el tiempo imprescindible” para ejecutar este Plan. 

Todos estos movimientos de personas serán dirigidos desde los ministerios pero, de manera indirecta, estarán controlados por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será él quien presida la Comisión del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, en donde también estarán los distintos miembros del Gobierno y el hombre fuerte de Pablo Iglesias en materia de economía, Nacho Álvarez. 

PERTE

Como ya ha contado Invertia, el RDL implicará una nueva fórmula de colaboración público-privada: los proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE). A través de ellos, las empresas contarán con plazos todavía más cortos para la concesión de proyectos. 

Sin embargo, en borradores anteriores tenían más beneficios. Las empresas que accedieran a los fondos europeos mediante los PERTE contarían con anticipos públicos para estas colaboraciones de hasta el 90%. Sin embargo, a día de hoy, no hay ni rastro de esta posibilidad. 

Aún así, estas fórmulas gustan a las empresas. Fuentes cercanas a la CEOE avalan los PERTE y consideran que suponen el buen camino para el reparto de los fondos europeos.