La Organización Mundial del Comercio (OMC) daba esta semana luz verde a la Unión Europea (UE) para que fije anualmente aranceles a productos exportados por EE. UU. a países europeos por el caso Boeing. La guerra arancelaria entre ambos continentes, iniciada en 2019 por la administración de Donald Trump, inicia un nuevo capítulo en el que el sector ha dicho basta.

Con un golpe sobre la mesa, los agricultores amplían la lista de pérdidas económicas cuando hacen balance de las consecuencias que están teniendo los impuestos a sus productos. Con el aceite de oliva y la aceituna de mesa como los más dañados, el sector ha señalado a la UE para que tome cartas en el asunto y lo haga de una vez por todas.

“Una guerra externa no tiene que pagarla un sector ajeno”, reivindica el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra. Precisamente, Andalucía es la comunidad más afectada por la política arancelaria que lastra las exportaciones de sus productos estratégicos en un sector clave para su industria tras el turismo.

En este sentido, la industria agroalimentaria ha sido clara en su crítica hacia las autoridades europeas. Reprochan que se tengan herramientas para poner fin a los impuestos pero, apuntan, “falta voluntad política”. “La UE se tiene que sentar con la administración de EE. UU. para que desaparezcan los aranceles”, ha explicado Serra.

De manera unánime, el sector agroindustrial andaluz y nacional ha valorado la decisión de la OMS mientras confía en que suponga un precedente y un cambio notable en la política de Donald Trump, a las puertas de las elecciones presidenciales. Precisamente, piden cambios inmediatos para frenar las duras consecuencias que siguen sufriendo.

Las administraciones

A nivel político, las reacciones no han tardado en llegar. “Se trata de un buen resultado para la UE y para España”, ha respondido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ante la decisión de la OMC. Ha coincidido con el sector en que las medidas de Trump han penalizado de “forma desproporcionada e injusta” a la industria ajena al conflicto.

Desde el Gobierno advierten que la Unión Europea podría imponer las contramedidas arancelarias oportunas, pero esperan que se llegue a una solución consensuada “en beneficio mutuo” y que al mismo tiempo no haya sectores perjudicados.

En el caso de Andalucía, la Junta ha aplaudido el paso de la OMCS aunque “con las reservas lógicas impuestas por el periodo electoral abierto”. “Permitirá trabajar para poder evitar los injustos aranceles que están lastrando las exportaciones de productos estratégicos para Andalucía”, ha dicho la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Defensa de la PAC

Y mientras continúa el debate arancelario, el sector agroalimentario y la Junta de Andalucía hacen piña ante el camino que está tomando la reforma de la futura Política Agraria Común (PAC). Reivindican que se mantenga el concepto de agricultor pluriactivo y que se exija a terceros países los mismos requisitos que plantean a productores europeos.

En este marco, mientras las organizaciones agrarias han reclamado al Ministerio a través de una carta se eviten "cambios traumáticos" en la PAC, el Gobierno andaluz ha creado un grupo de expertos andaluces que definirán el posicionamiento de Andalucía ante el nuevo modelo.