España aprobará la próxima semana su propia tasa Google con la que espera gravar a las empresas tecnológicas y con la que quiere recaudar unos 968 millones de euros anuales. La Comisión de Hacienda del Senado abordará este jueves su dictamen junto al de la tasa Tobin, que una vez ratificados se elevarán al Pleno de la Comisión Baja para su aprobación definitiva.

Estamos ante una de las primeras promesas del Gobierno que lleva buscando su aprobación desde verano de 2018 y quizás la principal fuente de nuevos ingresos del Ejecutivo para los Presupuestos de 2021. Siguiendo el trámite parlamentario, la liquidación podrá realizarse a partir de febrero del próximo año.

No obstante, el nuevo tributo ampliamente resistido por el sector tecnológico, puede acarrear inesperadas consecuencias para la economía española, si Estados Unidos sigue adelante con sus amenazas de imponer nuevos aranceles a nuestro país en represalia por la tasa Google.

El objetivo es que las grandes tecnológicas tributen por su actividad efectiva en cada mercado nacional y no lo hagan a través de otros países con menor carga fiscal. Una equidad fiscal que en el caso español se busca a través del Impuesto sobre determinados servicios digitales.

Este tributo gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.Se dirige a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. 

Impuesto a las tecnológicas

En el punto de mira las grandes empresas digitales extranjeras como Google, Facebook, Amazon o Apple, todas ellas estadounidenses. En este sentido, Estados Unidos y Europa llevan meses negociando en el marco de la OCDE un marco común para que estas empresas tributen en el lugar donde realizan su actividad, pero ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, España ha ido por libre.

A comienzos de junio, la Oficina del representante comercial de Estados Unidos abrió una investigación -amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos- a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales.

Además de la UE y España, la investigación incluyó a Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.

Dos semanas después, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, envió una carta a cuatro ministros de finanzas de Europa entre los que se encontraban España, Reino Unido, Italia y Francia, amenazándoles con represalias si seguían adelante con la denominada tasa Google. EE. UU. también anunció que se levantaba de la mesa de negociación.

Un día después Bruselas avisó al presidente estadounidense, Donald Trump, de que responderá "al unísono" frente a posibles sanciones de Washington por la tasa digital que preparan la UE y varios de sus Estados miembros, entre ellos España.

En punto muerto

¿Qué ha pasado desde entonces? Las negociaciones siguen en punto muerto. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, señaló a la CNBC a principios de septiembre que la UE preparaba su propia propuesta. "Si no logramos resultados a nivel mundial, la Comisión Europea presentará el año que viene su propia propuesta". Sobre la negociación con EE. UU., indicó que desde junio ha habido algún progreso a nivel técnico, pero ahora todo está parado por las elecciones en EE. UU..

Por su parte, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire -uno de los principales impulsores de la tasa- insistió hace unos días en seguir culpando a Estados Unidos del bloqueo "Está muy claro, Estados Unidos no quiere una tasa digital en la OCDE. Así que están planteando obstáculos que nos impiden llegar a un acuerdo aunque el trabajo técnico está hecho". 

En cualquier caso y pese al bloqueo a una respuesta conjunta de la OCDE y a la espera de una propuesta de la Unión Europea a comienzos de 2021, España ha decidido seguir adelante, siempre con la intención de adaptar su norma a lo que se decida en Europa o en todo el mundo. 

El problema es que los expertos consultados indican que hacer este movimiento en solitario -y pese al apoyo declarado de la UE- expone a España a una serie de nuevos aranceles unilaterales de Estados Unidos. Unos aranceles que se podrán en marcha solo contra España y que no cambiarán por mucho que Bruselas responda con medidas similares.

Estamos hablando de cifras que van desde los 700 a los 900 millones de euros en aranceles. En 2019 España realizó exportaciones a Estados Unidos por valor de 13.739 millones de euros -el séptimo destino de los productos españoles- donde el grueso de estos envíos (10.152 millones) fueron productos industriales y tecnología, seguidos del sector agroalimentario con un 12% del total, unos 1.600 millones al año.

Aranceles a España 

Dentro de estos productos lideran el ránking están la maquinaria eléctrica, los coches, combustibles, bienes de equipos y dentro de los alimentos reinan los productos cárnicos, el aceite de oliva y las aceitunas.

El único precedente de una investigación de este tipo es la que se realizó a Francia. En febrero del año pasado, el Departamento de Comercio de EE. UU. concluyó que el país galo vulneraba los tratados internacionales al intentar imponer una tasa unilateral a las empresas tecnológicas estadounidense y anunció aranceles por valor de 2.140 millones de euros (2.400 millones de dólares) en productos como quesos, perfumes, jabones, porcelana, yogur o mantequilla.

De esta manera, los expertos consultados por Invertia indican que tomando como referencia el caso galo y en base al peso de las exportaciones de Francia y España en Estados Unidos, respectivamente, los aranceles a nuestro país podrían rondar entre los 700 y los 900 millones de euros. En el caso de España los productos exportados tienen un mayor valor agregado por lo que esta factura incluso podría elevarse una vez que concluya la investigación a nuestro país.