España podría enfrentarse a aranceles por valor de hasta 900 millones de euros al año si es que Estados Unidos cumple su amenaza de emprender represalias si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la tramitación del Impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como Tasa Google.

Este jueves España -junto con Reino Unido, Francia e Italia- respondió a la carta recibida esta semana en la que la Administración Trump amenazaba con nuevos aranceles y abandonaba la negociación para acordar este tipo de impuestos en el marco de la OCDE.

En ella, España y sus socios se han reafirmado en la aplicación de este impuesto con el que, coincidentemente, se quiere recaudar unos 968 millones de euros al año. En el caso español el proyecto de ley para aplicar esta tasa ya superó su primer trámite y se rechazó la enmienda a la totalidad. El objetivo es poder aprobarlo a la vuelta de vacaciones y cobrar su primera cuota trimestral en diciembre de este año. 

Frente a esto, si Trump cumple finalmente sus amenazas, este impuesto pondría convertirse en un mal trago para nuestro país porque se tendría que pagar prácticamente el equivalente a lo que se espera ingresar por este tributo. 

El problema es mayor ya que en este caso la factura por elevar los impuestos a los gigantes digitales no la pagaría el Estado sino sectores como la maquinaria eléctrica, combustibles, coches, aceite de oliva y aceitunas, sectores que verían como se encarece de manera importante el coste de vender sus productos en Estados Unidos.

Investigación a España

En 2019 España realizó exportaciones a Estados Unidos por valor de 13.739 millones de euros -el séptimo destino de los productos españoles- donde el grueso de estos envíos (10.152 millones) fueron productos industriales y tecnología, seguidos del sector agroalimentario con un 12% del total, unos 1.600 millones al año. 

Dentro de estos productos lideran el ránking están la maquinaria eléctrica, los coches, combustibles, bienes de equipos y dentro de los alimentos reinan los productos cárnicos, el aceite de oliva y las aceitunas.

El único precedente de una investigación de este tipo a un país europeo es la que se realizó a Francia. En febrero del año pasado, el Departamento de Comercio de EEUU concluyó que el país galo vulneraba los tratados internacionales al intentar imponer una tasa unilateral a las empresas tecnológicas estadounidense y anunció aranceles por valor de 2.140 millones de euros (2.400 millones de dólares) en productos como quesos, perfumes, jabones, porcelana, yogur o mantequilla.

A comienzos de junio de este año, se conoció que Estados Unidos abrió una investigación -amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos- a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales. La misma investigación que se había abierto un año antes a Francia.

De esta manera, los expertos consultados por Invertia indican que tomando como referencia el caso galo y en base al peso de las exportaciones de Francia y España en Estados Unidos, respectivamente, los aranceles a nuestro país podrían rondar entre los 700 y los 900 millones de euros. En el caso de España los productos exportados tienen un mayor valor agregado por lo que esta factura incluso podría elevarse una vez que concluya la investigación a nuestro país.

Respuesta europea

¿Soluciones? Parece que la única pasa por reactivar la vía diplomática que en estos momentos esté en punto muerto. En agosto del año pasado Trump y el presidente francés Emmanuel Macron anunciaron en el marco del G7 un acuerdo para abortar los aranceles y retrasar la aplicación de la Tasa Google. Un acuerdo que, sin embargo, ahora parece más lejano tras la misiva enviada esta semana a España, Francia, Reino Unido e Italia.

Este jueves los países señalados por EEUU pidieron al Gobierno de Trump que volviese a la mesa negociadora e insistieron en que estos tributos deben seguir adelante para buscar una fiscalidad global más equitativa que asegure que los grandes gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook o Apple paguen efectivamente por la actividad que realizan en cada uno de los mercados en donde operan.

Hasta ahora estos gigantes tecnológicos utilizan filiales para agrupar el grueso del pago de sus impuestos en Europa en países con una fiscalidad más favorable como Holanda o Irlanda.

El problema es que de producirse represalias y al no existir ningún tratado comercial entre la UE y Estados Unidos, nuestro país se expone a tasas unilaterales que no podría evitar Bruselas más allá que movimientos diplomáticos. 

En julio de 2013 se iniciaron las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) entre EE.UU. y la Unión Europea aunque las negociaciones quedaron paralizadas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.

¿Pacto con EEUU?

El objetivo era alcanzar un acuerdo ambicioso y amplio, que eliminase la mayoría de los aranceles, tuviese en cuenta los sectores de servicios e inversión, abordase el mercado de compras públicas y se centrase en la cooperacón regulatoria y reglamentaria, de modo que se eliminasen los obstáculos al comercio y a la inversión entre ambos lados del Atlántico. Algo que ahora parece casi imposible de alcanzar a la luz de los últimos acontecimientos.

De hecho, las represalias por la Tasa Google no son las primeras que Trump emprende contra Europa ni las primeras que afectarían a España. En octubre del año pasado entraron en vigor los aranceles estadounidenses a productos agroalimentarios europeos.

Una decisión amparada en la resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de una disputa por subsidios a Airbus que autorizó a Estados Unidos a imponer contramedidas por valor de 6.800 millones de euros, afectando a España por un valor en torno a 790 millones de euros.

En España, el aceite de oliva, los productos cárnicos y el vino fueron los más afectados, que más de seis meses después de la entrada en vigor comienzan a notar los efectos perjudiciales de la medida. En el caso del vino sus ventas a EEUU han caído un 5,8%, según Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), mientras que el aceite de oliva ha reducido sus exportaciones a este país en un 83%.