El Gobierno presiona con el calendario al resto de partidos políticos, ya que empieza la segunda mitad del año y es el momento de aprobar las cuentas públicas de las distintas administraciones públicas para el año 2017. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apremiado al resto de partidos políticos a que favorezcan una "investidura de mínimos" de Mariano Rajoy para “no causar un perjuicio en muchos ciudadanos”, refiriéndose a los pensionistas y funcionarios.

Santamaría advierte que si no se firman los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 30 de septiembre, se pondría en marcha de forma automática la prórroga del Presupuesto de 2016. ¿Cuál es el problema? Que hay algunas partidas que no se prorrogan de forma automática, por lo que quedarían bloqueadas, y entre ellas se encuentra la revalorización del pago de las nóminas de los funcionarios y las pensiones. El Gobierno podría evitar esta situación si aprueba un Decreto Ley en el Consejo de Ministros que desbloquease esta partida y mantener el pago de todas las nóminas.

Muchos españoles pueden verse muy afectados por la no presentación de los Presupuestos o la no aprobación de un decreto ley que solvente estas cuestiones

Sáenz de Santamaría ha pedido un “acuerdo de mínimos para la investidura” que permita desbloquear todas estas cuestiones económicas. De este modo, el Gobierno emplea a los millones de pensionistas y funcionarios como argumento para acelerar la investidura a favor de Rajoy. “Muchos españoles pueden verse muy afectados por la no presentación de los Presupuestos o la no aprobación de un decreto ley que solvente estas cuestiones”, ha alertado.

Tic-tac

Mientras los partidos políticos siguen inmersos en las negociaciones para intentar formar gobierno, el tiempo corre. La vicepresidenta ha explicado en el Consejo de Ministros cuál es el calendario económico para los dos próximos meses que presiona las negociaciones políticas. El primer paso para aprobar los presupuestos de las distintas administraciones para 2016 y también para 2017 es negociar una nueva senda de reducción del déficit con Bruselas.

Esta senda del déficit, que está valorando el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos con la Comisión Europea, tendrá que ser aprobada posteriormente por el Congreso y el Senado. Una vez validada, el Gobierno podrá presentar a las Cortes Generales un nuevo techo de gasto con el que quedaría aprobada la regla de gasto y, así, desbloquear la aprobación de los presupuestos del resto de administraciones.

Por lo tanto, este paso es imprescindible para desbloquear la aprobación del Presupuesto General del Estado, que evitaría la prórroga de las cuentas de 2015. “Para hacerlo todo en fecha, deberían estar aprobados el 23 de septiembre”, ha explicado Sáenz de Santamaría, ya que a partir del 30 de septiembre se prorrogan automáticamente, lo que podría bloquear el pago de a los funcionarios y pensionistas.

Para hacerlo todo en fecha, el Presupuesto debería esta aprobado el 23 de septiembre

En efecto, todo un lío de fechas que se resumen de forma sencilla: el tiempo apremia. España encara la segunda mitad del año con un importante desfase en sus cuentas públicas, ya que, con las normativas que hay aprobadas hasta ahora, el déficit público se iría hasta el 4,7% del PIB, esto es, 11.000 millones más de lo que prometió el Gobierno a Bruselas en abril.

Para reducir este desfase, el Gobierno en funciones prometió la semana pasada a Bruselas que subiría este año el mínimo en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades (mínimo hasta el 20%, frente al 12% en el que estaba hasta 2015) para elevar la recaudación en 6.000 millones de euros este año, esto es, seis décimas del PIB. Sin embargo, hay un pequeño matiz: el Ejecutivo en funciones no puede aprobarlo, necesita el respaldo del Congreso de los diputados. Una vez más, una investidura de mínimos.

Por si fuese poco, España todavía tiene pendiente de trasponer 19 directivas europeas a la legislación española que están bloqueadas a la espera de que se conforme un nuevo Gobierno. "Hay un riesgo de que nos multen si no se aprueban", ha apremiado Santamaría.