Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, en Oliva (Valencia).

Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, en Oliva (Valencia). Rober Solsona / Europa Press

Empleo Hoy

Sánchez, a por el voto de los funcionarios: se compromete a subirles el sueldo un 4,5%, el mayor incremento en 35 años

Los sindicatos de Función Pública demandan que la subida sea antes de las elecciones generales que se celebran el 29 de noviembre.

El incremento ya se había pactado el año pasado.

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El Gobierno ha garantizado a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, el mayor incremento para este colectivo en 35 años.

La medida beneficiará a más de tres millones de trabajadores públicos y se enmarca en el acuerdo para elevar los sueldos un 11% entre 2025 y 2028.

Los sindicatos exigen que el incremento se apruebe mediante real decreto-ley antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Ejecutivo prevé aprobar esta y otras medidas en los Consejos de Ministros previos a los comicios, dejando la aplicación presupuestaria al próximo Gobierno.

El Gobierno ha garantizado a los sindicatos de funcionarios que los salarios de los trabajadores públicos subirán un 4,5% en 2027. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lo hace a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Esta medida supone mejorar el sueldo de unos tres millones de potenciales votantes con el mayor incremento salarial de este colectivo en 35 años.

El último aumento salarial de empleados públicos de un calibre superior sucedió en 1992, cuando los sueldos de los funcionarios subieron un 6,1%.

Sueldos públicos frente a la inflación
Subida salarial anual de los funcionarios e IPC medio anual
Inflación media anual (IPC) Subida de los funcionarios
La inflación media supera a la subida salarial en la mayoría de años, con el pico del 8,4% en 2022; en 2027 está pactada una subida del 4,5%.
FUENTE: INE y Presupuestos Generales del Estado. *2026: media de enero a septiembre; subida del 1,5% más el 0,5% ligado al IPC. **2027: subida pactada, todavía sin dato de IPC.

La subida la ejecutó Felipe González tras una década de inflación desbocada, a niveles superiores al 6% anual.

De hecho, en 1991, la subida salarial de empleados públicos fue todavía mayor, del 7,1%, por esta razón.

Pero a partir de 1993 las cosas cambiaron. Hubiera inflación o no, los funcionarios no volvieron a tener incrementos de semejante nivel.

Desde entonces, los funcionarios han vivido subidas salariales limitadas —como máximo del 3,5%—, largos periodos de congelación retributiva con Gobiernos de PSOE y PP y han sufrido dos recortes de sueldo.

El primero lo ejecutó José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, y fue un recorte salarial del 5%. ¿El argumento? La crisis financiera que estaba disparando el déficit y la deuda públicos.

El segundo lo aplicó Mariano Rajoy en 2012, eliminando la paga extra de diciembre de 2012. Con todo, en este caso, el Ejecutivo la fue devolviendo, progresivamente, hasta 2018.

Desde entonces los gobiernos de Sánchez vienen aplicando diversas subidas salariales. Unos incrementos que, con todo, no han terminado de compensar la inflación de los últimos años, que ha subido un 23% desde 2018.

La subida que dice garantizar el Ejecutivo no es improvisada. Forma parte del acuerdo marco que el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF cerraron el año pasado.

En dicho acuerdo marco se pactó una subida salarial total del 11% para el periodo 2025-2028. Se distribuía (y se distribuye) con un alza del 2,5% para 2025, del 1,5% para 2026, del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

En el caso de 2026, además, habría que sumar además un 0,5% adicional si el IPC cierra por encima del 1,5% (como va a ocurrir) que se pagaría de manera retroactiva durante el primer trimestre del año.

Pese a que el Ejecutivo ha garantizado la cuantía del 4,5% para 2027, no se ha concretado aún cuándo se aprobará esta medida.

De hecho, el departamento que dirige Óscar López se ha reunido este martes con los sindicatos para abordar esta cuestión.

Según indican fuentes de los sindicatos, el Gobierno ha afirmado que "la subida salarial del 4,5% está garantizada para más de tres millones de empleadas y empleados públicos".

Sin embargo, el Ejecutivo ha eludido especificar una fecha para aprobar esta medida, que se tendrá que aplicar mediante un real decreto-ley.

Se trata de una cuestión en la que han insistido los sindicatos, que reclaman que la medida se apruebe antes de las elecciones y de que el Ejecutivo pase a la interinidad, indican desde CCOO.

Con todo, desde UGT apuntan que "tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, cuentan con los mecanismos legales y legislativos necesarios para hacer efectivo el incremento salarial".

Por otro lado, desde CSIF indican que Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, "en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan".

Pese a las elusiones de Función Pública, no hay que descartar que el Ejecutivo apruebe esta medida y otras de marcado tinte electoralista en los Consejos de Ministros que restan antes de las Elecciones Generales.

El Gobierno ya ha dejado clara su intención de celebrar martes sociales hasta que lleguen los comicios y desplegar el arsenal de medidas que le sea posible.

SMI

Ya ha confirmado que su intención es aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (que estará en el entorno del 5%) antes del 29N. Y este mismo martes se aprobaron medidas como una mejora de las bajas médicas relacionadas con la menopausia y la violencia de género, así como la ampliación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho.

Todo ello con un impacto presupuestario, por supuesto. En el caso de las medidas de la Seguridad Social, supondrán un gasto público adicional de 45 millones de euros que "comenzará a notarse el próximo año", según fuentes de este departamento.

Y el impacto económico de la subida salarial de los empleados públicos será mucho mayor, teniendo en cuenta que la tienen que aplicar también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero eso será un problema para el Gobierno que salga de las próximas elecciones.