El Ministerio de Trabajo y Economía Social volverá a sentarse a la mesa con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, el próximo 25 de enero. Esta vez, para iniciar las negociaciones de la reducción de jornada laboral. El objetivo es llevar el máximo legal de las 40 horas actuales hasta las 38,5 horas prometidas por PSOE y Sumar. Este cambio se producirá en 2024 y, aunque Trabajo no se ha marcado fechas concretas, desde los sindicatos esperan pactarlo antes de junio.

El acuerdo de Gobierno entre el presidente, Pedro Sánchez, y su socia de coalición, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fijaba la jornada laboral en un máximo de 38,5 horas a la semana para 2024 y en 37,5 horas en 2025. Sin embargo, el año tiene doce meses y nunca se precisó cuándo se daría el paso.

Díaz ha citado a los agentes sociales el próximo jueves, 25 de enero, para empezar las negociaciones. La cuestión lleva en el debate público algún tiempo y las posturas de todas las partes se conocen de antemano, si bien ahora ha llegado el momento de intercambiar documentos, acercar posiciones y admitir cesiones y renuncias.

[CEOE rechaza la "imposición legal" de la reducción de jornada y los sindicatos piden las 35 horas semanales]

En la cartera de Díaz, encaran la negociación sin prisas. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguran que se priorizará el acuerdo tripartito, por lo que las conversaciones se dilatarán el tiempo que sea necesario para lograrlo.

Sin embargo, las fuentes sindicales prestan más atención al calendario y creen que el pacto debe llegar antes del verano para que pueda pasar el trámite parlamentario sin sorpresas ni urgencias y se modifique el Estatuto de los Trabajadores antes del próximo año. Para entonces, las negociaciones ya se centrarán en la rebaja a las 37,5 horas semanales. 

Control horario

La negociación de la reducción de jornada girará en torno al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Desde 1980, mantiene que "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual".

La cifra "lleva congelada" desde hace 44 años y, para Díaz, es momento de disminuirla, sin que eso conlleve una reducción salarial, como dijo este miércoles durante la firma del acuerdo del SMI con CCOO y UGT. Fuentes de Trabajo confían en que la modificación de las 40 horas a 38,5 horas semanales sea sencilla, ya que las jornadas pactadas por convenio se acercan a esa cifra.

[El inicio de la implantación de la jornada laboral a 38,5 horas y la reforma del Estatuto de los Trabajadores]

La estadística de convenios del Ministerio de Trabajo, con datos de diciembre de 2023, refleja que de los 3.512 convenios colectivos con efectos económicos en ese año, el 31,12% (1.093) tenían pactada una jornada de menos de 37,5 horas a la semana. El 24,86% (873) recogía una jornada de entre 37,5 y 38,5 horas semanales.

Por tanto, más de la mitad de los convenios colectivos ya contempla jornadas de menos de 38,5 horas a la semana. Las cifras reflejan que los empresarios y los sindicatos han sido capaces de pactar en sus respectivas mesas de negociación jornadas no sólo inferiores a las 40 horas semanales del Estatuto de los Trabajadores, sino también por debajo del cambio que propone Trabajo. 

Desde el Ministerio de Díaz creen que cualquier oposición a esa rebaja responderá más a cuestiones ideológicas que prácticas. Sin embargo, no prevén que los problemas vayan a surgir en esta cuestión, sino en el otro punto que Trabajo llevará a la mesa de negociación: el control horario.

Este aparece especificado en el mismo artículo que el número de horas de la jornada laboral. Las empresas tienen que garantizar a sus empleados el registro de jornada, que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la misma.

[El registro horario fracasa: más de la mitad de las empresas inspeccionadas no cumple la legislación]

El registro de jornada se puso en marcha en 2019, cuando ocupaba la cartera de Trabajo la socialista Magdalena Valerio. Sin embargo, fuentes del actual Ministerio señalan que casi un lustro después sigue sin tomarse en serio y responsabilizan, en parte, a la fuerza que tuvieron en su momento otras carteras, como la de Economía, que impidieron una norma más ambiciosa.

Fuentes del entorno de Díaz también avanzan que la negociación tratará con sutileza las particularidades y necesidades de cada sector. Esta era una de las preocupaciones en las que coincidían tanto empresarios como sindicatos. Los agentes sociales ya han advertido de que la reducción de jornada no podrá darse por igual en todas las actividades. Por delante tienen, como mínimo, seis meses para negociar.