Óscar López, ministro para la Función Pública y la Transformación Digital.
Sánchez, a por el voto de los funcionarios: se compromete a subirles el sueldo un 4,5%, el mayor incremento en 35 años
Los sindicatos de Función Pública demandan que la subida sea antes de las elecciones generales que se celebran el 29 de noviembre.
El incremento ya se había pactado el año pasado.
Más información: El Gobierno 'echa' a los interinos contratados para la gestión de fondos UE
El Gobierno ha garantizado a los sindicatos de funcionarios que los salarios de los trabajadores públicos subirán un 4,5% en 2027. Lo hace a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y se trata del mayor incremento en 35 años.
El último incremento salarial de empleados públicos de un nivel superior sucedió en 1992, cuando los sueldos de los funcionarios subieron un 6,1%.
Con todo, esta subida no es improvisada. Forma parte del acuerdo marco que Gobierno y sindicatos cerraron el año pasado.
Sin embargo, y pese a que el Ejecutivo han garantizado la cuantía, no ha concretado cuándo se aprobará esta medida.
El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública se ha reunido este martes con los sindicatos para abordar esta cuestión.
Según indican fuentes de los sindicatos, el Gobierno ha afirmado que "la subida salarial del 4,5% está garantizada para más de tres millones de empleadas y empleados públicos".
Sin embargo, el Ejecutivo ha eludido especificar una fecha para aprobar esta medida, que se tendrá que aplicar mediante un real decreto-ley.
Se trata de una cuestión en la que han insistido los sindicatos, que reclaman que la medida se apruebe antes de las elecciones y que el Ejecutivo pase a la interinidad, indican desde CCOO.
Con todo, desde UGT apuntan que "tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, cuentan con los mecanismos legales y legislativos necesarios para hacer efectivo el incremento salarial".
Por otro lado, dese CSIF indican que Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, "en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan".
