Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en la presentacion del Plan de Integración y Ciudadanía. EP
Los empresarios piden acceso a los datos de la regularización para no contratar ilegales y cubrir las vacantes que quedan
La patronal reclama tener conocimiento de las denegaciones para evitar contrataciones irregulares.
Las empresas se ofrecen también a crear pasarelas al empleo para cubrir los sectores con más vacantes.
Más información: La regularización de migrantes extraordinaria aportará 1.000M en cotizaciones pero su impacto será 'marginal' en las pensiones.
La regularización de inmigrantes va a poner de forma inmediata en el mercado de trabajo a más de 1,3 millones de personas que, con la mera admisión provisional de sus peticiones, pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.
Es decir, podrán incorporarse a un empleo antes de recibir la autorización final de trabajo y residencia, que puede tardar una media de tres meses.
Pero ese proceso tiene un riesgo del que han alertado desde la patronal CEOE al Gobierno. Muchos de los expedientes decaerán por múltiples causas y pueden dejar en situación ilegal inmediata a quienes ya estén contratados. Esa posible denegación se le comunica sólo al afectado, de forma que el empleador que le contrata no tiene forma de saberlo hasta que éste no se lo comunica.
Los empresarios han alertado al Gobierno de la necesidad de establecer un cauce de comunicación que les permita saber en tiempo real qué solicitudes de regularización de inmigrantes se han concedido y cuáles se han denegado. Es la única forma de evitar la contratación sobrevenida de ilegales en el proceso transitorio que se produce entre la admisión de los expedientes y la concesión final de la autorización para trabajar.
Ese agujero en la legislación se convierte en algo muy preocupante para las empresas ante la tremenda afluencia de inmigrantes a este proceso. Se han desbordado todas las previsiones que se habían hecho para tener la máxima eficacia y seguridad jurídica en la legalización laboral de los extranjeros sin papeles.
Según la norma actual, la notificación de una eventual denegación de la autorización para trabajar, una vez comprobada la veracidad de los datos que se aportan, les llega a los inmigrantes. Ellos son quienes deben informar a sus empresas, que les deberán dar de baja desde el mismo día que se conozca la resolución.
![Carlos Cuerpo, vicepresidente económico del Gobierno.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11304659.jpg?p=w:320\/h:240&h=ODv5LBAP"])
Pero si no lo hacen, los empresarios no tienen forma de conocer el proceso ni medios para establecer los mecanismos necesarios de control que puedan evitar situaciones de contratación irregular.
La petición de los empresarios, que lleva varias semanas sobre la mesa, ha sido bien acogida por los ministerios implicados. Pero se ha llegado al día final de las peticiones de regularización con más del doble de los inmigrantes previstos y sin ningún avance en ese sistema de control.
Fuentes conocedoras de la Administración aseguran que todo se solventaría con un sistema de coordinación efectivo entre el área de Extranjería y la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso permitiría comunicar de forma automática a las empresas las denegaciones que se produzcan.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado en varias ocasiones que se trata de una cuestión de "seguridad jurídica" que hay que preservar. Por lo pronto, se está a la espera de una resolución oficial que solvente ese problema, con la premisa de que la baja del trabajador debe producirse cuando la empresa conozca de forma fehaciente que ha decaído su habilitación para trabajar.
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Los empresarios son conscientes del enorme valor económico que tiene la inmigración dentro del modelo de crecimiento de la economía española. Organismos como la AIReF o el propio exvicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ya habían advertido de que la actividad que generan supone la mitad del crecimiento del PIB español de los últimos cuatro años.
Antes que Pedro Sánchez este martes, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, ya advirtió al revisar al alza el crecimiento para este año que una parte importante se debe a la aportación al mercado laboral que permitirá la regularización en marcha.
Los primeros efectos se verán la semana que viene con los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. Si hasta ahora se acumulaba un aumento en doce meses de medio millón de personas, Cuerpo adelantó que ese dato se va a colocar en los próximos meses en 600.000, a medida que se incluyan los contratos de la regularización.
Esa es la base sobre la que se sostendrá el consumo interno de la economía, que junto a la inversión, deben sustentar la subida del PIB por encima del 2% hasta 2029, según las previsiones oficiales de Economía.
Pasarelas al empleo
Las patronales españolas han apoyado el proceso de regularización, siempre que se realice con unos estándares mínimos de eficacia y seguridad jurídica.
En las diversas reuniones que las distintas patronales (lideradas por CEOE y Cepyme) han tenido con la Administración, se ha planteado la creación de plataformas de formación específica para los inmigrantes regularizados, de forma que puedan adaptarse mejor a las vacantes que hay en el mercado laboral.
Según los datos del INE, en España hay cerca de 155.000 puestos sin cubrir por falta de personal cualificado para ello. La propia patronal ha advertido que hay situaciones claras de falta de mano de obra en sectores como la construcción, la hostelería o los conductores profesionales, entre otras actividades.
El informe sobre vivienda del Banco de España advertía este mes de junio que la tasa de afiliación en el sector de la construcción en España estaba en los niveles equivalentes a 1999. La falta de personal formado que quiera entrar a esa actividad es el primer problema de las constructoras, con una falta crónica de viviendas en el mercado.
![Pedro Sánchez presenta el Plan de Integración y Ciudadanía.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11304985.jpg?p=w:320\/h:240&h=CcH7nYia"])
Los datos de empleo del mes de mayo colocan en un millón y medio el número total de ocupados en la construcción, de los que unos 500.000 son autónomos, muchos de ellos inmigrantes nacionalizados como españoles.
Los datos mensuales de afiliación de extranjeros ofrecen subidas importantes de los inmigrantes en la construcción residencial y las reformas, tanto en régimen de autónomos como contratados por cuenta ajena. Este sector está llamado a ser un caladero para la regularización en marcha.
La colaboración de los empresarios en este proceso pasa por crear pasarelas al empleo en esos sectores en los que más falta hace. Las diversas asociaciones se ofrecen a dar la formación necesaria para que esos nuevos trabajadores puedan acceder con más garantías y seguridad a sus puestos de trabajo.
Garamendi confía en colaborar con la Administración y que se pueda hacer una regularización ordenada y segura de inmigrantes. "Hay una necesidad imperiosa de cubrir esas vacantes y debemos ser un país abierto y que crece", señaló en un encuentro público la semana pasada.
Lo que nunca se ha entendido desde la parte empresarial es cómo esta regularización no se ha podido pactar entre los dos grandes partidos del espectro político español.
