El Gobierno renuncia a más de 60.000 millones en créditos UE y suaviza las reformas previstas para acceder a las subvenciones

El total de créditos va a quedar en 22.800 millones, de los que ya se han recibido 16.000, lo que minimiza el recurso a este instrumento y lo cambia por las opciones de financiación que se abren a partir de ICO y otras instituciones públicas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negocia este y otros cambios en la adenda que va a presentar a la Comisión Europea en la recta final de los Next Generation. El montante total a recibir por España se reduce ahora a unos 103.000 millones.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, admitió en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se van a retirar o suavizar varias de las reformas clave a las que le obligaban los fondos Next Generation para intentar acceder a los 31.000 millones que quedan a subvenciones.

En la adenda que se negocia ya se han cambiado cuestiones como la Ley del Suelo por la creación de la empresa estatal de vivienda. Y se ha renunciado a aprobar en tiempo la Ley de defensa del cliente financiero. Son renuncias puntuales a efectos de cómputo como hito para la UE, pero todas las normas previstas seguirán adelante en la gestión del Ejecutivo mientras dure la legislautra.

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Cuerpo señaló que incluso se mantiene como objetivo aprobar el impuesto al diésel, que fue una de las reformas que no se lograron en pagos anteriores y que costaron más de mil millones de penalización.

"Estamos en ello", dijo el ministro de Economía, que tiene cerradas algunas reformas de los hitos pendientes del plan con Bruselas. La idea es tener un acuerdo antes de que finalice el año con todos los cambios que se puedan meter en la adenda.

El Plan de Recuperación establece cuatro pagos más para España (dos de más de 5.000 millones de euros y dos de más de 8.000 millones), vinculados a la aprobación de varias leyes que se han quedado enquistadas.

Una de las grandes claves es el próximo pago (el sexto), para el que deberían estar aprobadas la Ley del marco estatutario del personal sanitario y la Ley de garantías en el uso de los medicamentos. Y el sector está en pie de guerra y con cuatro días de huelga recién convocados.

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También están incluidas en el próximo pago, que se prevé en 5.300 millones, la entrada en vigor de la Ley de Industria, que lleva más de un año enquistada en el Congreso, y la Ley del Cine.

Cuerpo justificó esta negociación de última oportunidad, recomendada por Bruselas el pasado mes de junio, en la buena marcha de la economía española, sin hacer alusión a estas normas que están pendientes de entrar en vigor, que es lo que hasta ahora se exigía.

Estrategia final

Como estrategia general, el ministro señaló que se trata de reducir al máximo la carga administrativa que conlleva la concesión de todas las ayudas y créditos. Se plantea cambiar hasta 160 medidas e hitos menores que engordan la burocracia en Bruselas.

De la misma manera, los cambios previstos plantean priorizar algunas de las áreas estructurales que han avanzado desde el principio. Ahí se engloban 300 millones nuevos para computación cuántica o los 2.500 millones pendientes en descarbonización y transición ecológica.

Lo que sí quiso dejar claro Carlos Cuerpo es que no se renuncia a nada en las ayudas a fondo perdido, a pesar de lo apretado de la agenda.

La idea es acelerar todos los hitos cuantitativos y "mantener el grado de ambición" hasta llegar a los casi 80.000 millones en subvenciones, sobre todo después de la renuncia a los créditos.

El ministro trató de quitar fuerza a esa renuncia, al entender que se trata de algo lógico cuando se pueden lograr más baratos y con menos trabas en el mercado privado.

Se ha aprobado, además, una transferencia de 13.000 millones en líneas de crédito con el ICO para terminar de cerrar todos los procesos en marcha y alargar el efecto de los fondos más allá de su fecha de caducidad, en agosto próximo.