Montero ofrecerá a cada CCAA una financiación 'a la carta' en plena precampaña y castigará a las que bajen impuestos

Un proyecto que se hará público en plena precampaña electoral en las principales autonomías del PP.

Aunque aún no haya cifras, el Gobierno entra en modo electoral y garantiza de antemano que todas las CCAA tendrán más dinero y una cesión mayor de impuestos. Pero, además, se cumplirá con la amenaza de penalizar a quienes bajen impuestos.

Lo que se configura, por tanto, es una especie de traje fiscal a medida para cada territorio.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, mete así en campaña la nueva financiación autonómica. La idea es convocar nuevos Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) desde primeros de 2026, para ir puliendo el sistema caso por caso.

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Una de las ideas que sobrevuelan el nuevo modelo que prepara Hacienda a toda marcha es poner medidas contra el supuesto 'dumping' fiscal que se hace desde algunas autonomías. "Pedir más recursos y bajar impuestos, no se puede hacer", ha sentenciado Montero.

Mientras se ajusta el cálculo, fuentes cercanas al proceso aseguran que habrá comunidades autónomas que tengan más o menos cesión de tributos u otras prerrogativas fiscales, en virtud de cómo cumplan con ese axioma.

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Nadie desde el Gobierno da nombres concretos. Pero todas las miradas van a la Comunidad de Madrid y las autonomías del PP que mantienen bonificados impuestos como Patrimonio o Sucesiones, y han recortado parte de su tarifa autonómica del IRPF.

La ministra de Hacienda justificó el hecho de plantear un modelo que contemple todas las variables posibles en la imposibilidad de pactar con las autonomías del PP un sistema por partes bajo la premisa de la población ajustada.

El resultado es una mezcla de negociación multilateral y bilateral. El CPFF discutirá un engranaje fiscal único para todos. Pero con las suficientes opciones y baremos de cálculo como para poder negociar, a conveniencia, incrementos o recortes de cesión de impuestos, capacidad normativa, coordinación, etc...

Por lo pronto, no se ha hablado de ceder nuevos impuestos a las CCAA. Pero la base va a ser elevar el 50% que recaudan directamente en IVA e IRPF, a niveles que pueden superar con creces el 60%, según fuentes técnicas consultadas conocedoras de la negociación.

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En el caso de los Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol) que ahora están cedidos en un 58%, se puede plantear elevar esa proporción dependiendo del peso que tenga su producción en el territorio de que se trate.

"El modelo contemplará singularidades en su propia composición y algunas materias que se tendrán que tratar con cierta bilateralidad, pero que no competirán con los recursos del resto de las CCAA", señaló Montero.

En el juego de intereses que se puede generar con esta negociación se incluye una Agencia Tributaria que trabaje en red, donde cada autonomía puede implicarse más o menos.

Ese desarrollo en el seno de la AEAT conlleva el cobro de los tributos cedidos en tiempo real, sin tantas entregas a cuenta desde el Gobierno. Una opción que daría mucho oxígeno a las CCAA más endeudadas y con menos flujo de caja.

"Cuadratura de un círculo"

Aunque todavía son todo supuestos e hipótesis, la idea es tener cerrada la base del sistema a finales de enero o primeros de febrero. Y después, "ya verá cada comunidad cómo le afecta".

Desde el PP se entiende esa opción como un intento de hacer la "cuadratura de un círculo". Los populares denuncian un maremágnum de ideas que el Gobierno va a utilizar a su conveniencia en los próximos seis meses, como poco.

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Varios de los consejeros del PP asistentes al encuentro han advertido la "jugada electoral" que supone acelerar ahora algo tan importante como la financiación al final de la legislatura y con el PSOE "acorralado" por la corrupción.

Extremadura y Castilla y León han convocado ya sus comicios, y tendrán que negociar el futuro reparto de los impuestos de sus votantes en plena campaña electoral.

Lo mismo puede ocurrir en Valencia, Murcia, Aragón o Andalucía, comunidad ésta en la que la propia Montero es candidata del PSOE a presidir la Junta.