Las CCAA esperan que el Gobierno les avance el lunes los fondos que recibirán con la nueva financiación de Montero

Desde Hacienda aseguran que no es más que informar del momento en que está la negociación de las grandes líneas que plantea la reforma del sistema. Pero otras fuentes técnicas consultadas en las propias autonomías aseguran que esa base dejará ver la mayor capacidad financiera de que pueden disponer.

Se convoca el CPFF para marcar los objetivos de estabilidad financiera (deuda y déficit) de las Administraciones Públicas entre 2026 y 2028, de cara a la presentación de los Presupuestos. Pero lo que de verdad interesa a las autonomías es conocer cómo puede quedar a medio plazo su financiación tras la reforma del sistema.

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De hecho, la negativa a hablar de financiación antes que de la quita de deuda pactada con Cataluña, fue la causa principal del plantón que las CCAA del PP dieron en el último consejo celebrado a finales de febrero pasado.

A falta de saber lo que harán las autonomías del PP en el encuentro de este lunes, la tentación de conocer los grandes criterios de cesión de recaudación y gestión de impuestos que se plantea Hacienda es un reclamo muy poderoso para evitar otro plantón.

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En esta ocasión se cuenta con un aliciente más: la paralización, esta misma semana, de la proposición de ERC en el Congreso para traspasar la gestión total del IRPF a Cataluña en varias fases de forma progresiva.

Si esa iniciativa se hubiera tomado en consideración, tendría poco sentido debatir el "estado de situación" de la reforma en este Consejo. Es más, aunque no esté en el orden del día, en la reunión también se podrá hablar de los 83.000 millones de quita de deuda autonómica que están en negociación desde la pasada primavera.

Fuentes cercanas a Hacienda admiten que, aunque se trate de tres cosas distintas: Presupuestos, quita de deuda y nueva financiación, es lógico que se pueda ver todo en su conjunto en un consejo en el que estén todas las CCAA representadas.

Cabe recordar que en el CPFF la mayoría la tienen siempre el Estado, de forma que los objetivos de estabilidad de la Administración Central, las CCAA y los ayuntamientos quedarán aprobados. Pero eso no obsta para que el encuentro sirva de discusión de la financiación, como reclamaron en febrero los barones del PP.

El modelo Gascón

La situación ha cambiado mucho desde el último CPFF de febrero. El pacto entre el PSOE y ERC para ceder a Cataluña la gestión y recaudación de todos los impuestos (el llamado Cupo catalán) ha perdido fuerza ante el hecho de que es del todo imposible hacer un proceso de esa envergadura en menos de tres o cuatro años.

Aunque los independentistas catalanes han advertido en todo momento que no van a ceder en ese empeño, ha surgido una propuesta técnica para ordenar el proceso de forma consensuada e igualitaria para todas las CCAA que hay que tener en cuenta.

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El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, adelantó los avances técnicos en el Congreso de Inspectores Fiscales del mes pasado. La idea pasa por iniciar una gestión compartida y en red de los tributos, en la que las autonomías puedan tener todo el protagonismo.

Lo más atractivo de la ecuación es que permitiría a las haciendas territoriales recibir la parte que les corresponda de la recaudación de forma inmediata y real, sin tener que pasar por el peaje político de las entregas a cuenta del Estado, que nadie quiere.

Ese sistema, que sería voluntario, evitaría trocear la base de datos de Hacienda y cerraría las puertas al fraude que puede generarse con una segregación total de los modelos de control.

Incluso desde el colectivo de inspectores de Hacienda se ve con buenos ojos la propuesta técnica de Gascón (también inspector como ellos). Sobre todo si viene acompañada de la congelación de la iniciativa de ERC en el Congreso, que podría obligarles a ceder medios y recursos humanos a las haciendas autonómicas.

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A los responsables autonómicos no se les escapa que esa propuesta técnica avalada por los inspectores se complementa por arriba con las grandes líneas de reparto del nuevo modelo de financiación.

Desde el punto de vista técnico, sólo la inclusión de los criterios de población ajustada previstos en cada CCAA supone recibir más recursos para cada una de ellas.

Si a ello se añade la cesión de capacidad normativa y de gestión, por un lado, y un posible aumento de porcentajes en la recaudación de los grandes impuestos (IRPF e IVA), por otro, el nuevo modelo puede ofrecer grandes ventajas a los ejecutivos autonómicos.