El Gobierno de Pedro Sánchez prepara ya su agenda electoral. En las últimas semanas ha salido al 'choque' con grandes temas que se pueden considerar como 'banderas' ante una hipotética llamada a las urnas.
Más allá de temas como el aborto, el genocidio por parte de Israel o la sanidad pública, la economía también está sirviendo al Ejecutivo para marcar agenda e intentar retratar o debilitar a algunos de sus socios parlamentarios y, por supuesto, al Partido Popular (PP) y Vox.
El último ejemplo llegaba este viernes. La propuesta para repartir dinero en tiempo real a las autonomías que decidan sentarse a negociar la financiación autonómica es un buen ejemplo.
Se trata de una iniciativa con la que el Ejecutivo busca 'romper' la unidad en las filas de los de Núñez Feijóo, que hasta ahora se han negado a dialogar sobre este asunto.
De este modo, se busca coger las riendas de un debate que puede generar muchos votos en las comunidades autónomas. Sobre todo en aquellas que están más infrafinanciadas como puede ser el caso de Valencia o Andalucía.
De hecho, en Andalucía habrá llamada a las urnas por parte de Juan Manuel Moreno en el mes de junio de 2026. También están previstas en Castilla y León en el mes de marzo; y presumiblemente Extremadura, Aragón y Baleares pueden también plantear un adelanto electoral si Vox decide tumbar los Presupuestos del ejercicio 2026 en esas regiones.
El Gobierno es consciente. Sabe que es muy complicado que un presidente autonómico pueda negarse a recibir dinero. Y más en un año electoral. Por ello, la propuesta lanzada por Hacienda es un dardo envenenado para el Partido Popular.
La tentación para los barones del PP, que gobierna en la mayor parte de las regiones, de presentarse como líderes que logran más financiación para sus regiones es muy elevada. Y eso lo saben en Moncloa. De ahí el por qué de esta propuesta en este momento.
Pero también es clave para el Gobierno que las regiones 'populares' pasen por el aro de una financiación similar a la pactada con Cataluña.
No sólo por sus pactos con Junts, también porque de este modo podrá decir que el PP y Vox exageran en su oposición al modelo escogido.
Un plantón de consejeros de Hacienda del PP como el que hubo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) puede manejarse del lado político como un rechazo a obtener más autonomía fiscal para mejorar (incluso bajar) impuestos. Y el PSOE va a estar al acecho para convertirlo en pancarta electoral.
No hay que olvidar que todas las reformas de la financiación autonómica se han aprobado repartiendo más dinero del Estado a las CCAA. Manejar ese argumento en clave electoral es un arma de doble filo, que juega con el dinero de todos.
Porque frente a aquel que se presenta como el 'repartidor' de dinero, cabe también el argumento en de la falta de solidaridad y la desigualdad que puede generarse con un sistema a la catalana que no pretende repartir entre los demás más de lo necesario. El choque está servido.
Jornada y despido
Más claras están las posturas en la reducción de la jornada laboral por ley. La defiende el ala izquierda del Ejecutivo, con Yolanda Díaz enfrentada a la patronal. Pero el PSOE no va a dudar en usarlo, por aquello de que trabajar menos le interesa a todo el mundo. Pero sobre todo al voto obrero de izquierdas. O eso piensan.
Un debate falaz si tenemos en cuenta que la jornada ya se ha reducido de hecho, pero manipulable en el ámbito político. Mientras se discute, Díaz intenta sacar adelante su control horario digital en busca de datos que corroboren sus argumentos contra la patronal y, de paso, reprochables a la derecha.
El otro gran tema laboral que se ha sumado al argumentario electoral es el debate sobre la reforma del despido. PSOE y Sumar, con el aval europeo, defenderán la vuelta a las mayores indemnizaciones de otros tiempos, sin tener en cuenta que quedó demostrado que frenaban la contratación.
Es cierto que la reforma laboral ha generado mucho movimiento de contratos, sin que sepamos aún cuántos hay a tiempo parcial y cuántos de ellos trabajan o no en cada momento.
Pero los datos de empleo, avalados por la llegada de inmigrantes que ocupan puestos de trabajo que no busca la población activa española, son todavía favorables al Gobierno. Y lo seguirán siendo mientras se reciban fondos europeos que promuevan inversión industrial.
Cualquier ataque político a la inmigración por el lado laboral, en precampaña, va a ser contestada desde el lado del Gobierno con una avalancha de datos sobre creación de empleo desde que se puso en marcha la reforma laboral. No en busca de más trabajo, en busca de votos.
La inmigración en España llega, trabaja, consume, compra viviendas y sustenta un modelo económico que ha permitido a España crecer por encima de la media europea. Ese argumento político es otra bala en la reserva electoral del Gobierno para cuando haga falta.
Vivienda y apagón
La vivienda está siendo el tema económico clave del final de la legislatura. Es la punta de lanza de un Gobierno que no encuentra más soluciones que intervenir un mercado en contra de todas las normas de la libertad de empresa y la circulación de capitales.
Sánchez e Illa han terminado por comprar el argumento de la izquierda más radical de que no se puedan comprar pisos en zonas de alta demanda si no es para primera vivienda. Ya no es sólo el control del alquiler en capitales tensionadas.
Liberalizar más suelo no es posible porque no se puede aprobar la ley en el Congreso. Y reducir la tremenda carga fiscal que lleva la compra de pisos no se ha planteado, porque recortaría la recaudación al Estado y a las CCAA.
Politizar el doloroso problema de la vivienda va a ser la pauta electoral. Pero no está claro el número de votos que puede dar de un lado o de otro, tal vez por la desesperación social que genera la falta de 700.000 pisos para cubrir la demanda y frenar los precios. Es más una bomba de relojería.
La otra explosión sin controlar que queda en la economía es dilucidar con claridad quiénes fueron los responsables del apagón. No para tomar medidas, que ya se están tomando, sino para saber a quién reclamar los daños y perjuicios millonarios.
La coartada electoral que ofrece este proceso no pasa tanto por acusar a Red Eléctrica, el operador y responsable del sistema (que también), como por buscar culpables entre las grandes eléctricas y los empresarios con dinero "para vivir cien vidas", como dijo en su día el presidente.
En época electoral siempre se radicaliza la relación entre un Gobierno progresista, escorado a la izquierda, y la clase empresarial. Sobre todo de las grandes firmas energéticas, la banca o las constructoras.
Se salvan de la llamada "demagogia del Lamborghini" las participadas por el Estado y la industria de defensa, que depende de sus contratos. Pero el resto pasa a ser materia electoral. Y no olvidemos que en la opa de BBVA sobre Sabadell, David ha ganado a Goliath, pero con ayuda del Gobierno.