Las claves
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Yolanda Díaz aviva la guerra contra la CEOE. La ministra de Trabajo ha criticado este jueves con dureza la decisión de la patronal de no negociar la reforma del despido que ya está tramitando el Gobierno y ha alertado de la deriva de "extrema derecha" de su presidente, Antonio Garamendi, por "rebelarse" contra el derecho europeo.
Este miércoles Garamendi dejó claro que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa de negociación sobre el despido: la denuncia de los sindicatos de que en España no se cumple la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido improcedente. A los que ha dado la razón el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Es por ello que Yolanda Díaz ha advertido que pese al 'no' de Garamendi, a quien acusa de estar "haciéndose una de extrema derecha", España "va a afrontar la reforma del despido en positivo para la gente trabajadora" y le ha dejado claro que "Trabajo y Gobierno no hacen lo que les da la gana, están cumpliendo con el Derecho europeo".
En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, la ministra de Trabajo ha asegurado que "nos han condenado porque nuestra legislación -en materia de despido- no se ajusta a las directivas europeas" y es por ello que el Gobierno ha abierto una mesa de diálogo en la que la CEOE descarta sentarse a negociar y en la que Trabajo aboga por recuperar los salarios de tramitación que se limitaron con la reforma laboral del PP en 2012.
"El debate ahora en la patronal está en que si esto es una medida obligada por el Gobierno de España o no o si me tengo que rebelar sobre lo que dice el Consejo Europeo, que ha sido claro porque nos han condenado y nos han pedido que cambiemos la legislación española porque no se ajusta a las directivas europeas", ha señalado Díaz, que ha insistido en que España no cumple con la Carta Social Europea porque el despido en nuestro país "no es restaurativo".
"Extrema derecha"
En este sentido, se ha preguntado si lo que Garamendi está pidiendo es que "nos rebelemos contra el Derecho europeo" y le ha acusado de "estar haciéndose una de extrema derecha" y de tener "muy malos asesores" a los que, ha dicho, que les puede poner nombre y apellidos.
Además, asegura que la patronal no quiere hablar de esto porque sabe que la indemnización subirá y que se recuperarán los salarios de tramitación y ha lamentado que España no tenga una patronal "moderna" que esté a favor de una reforma del despido que tenga en cuenta la condición personal y profesional del trabajador.
"No es lo mismo el despido de alguien joven con cinco idiomas y elevadísima cualificación que el de una mujer de 54 años sin formación", ha señalado la ministra, que ha insistido en que el despido en España está "mal diseñado", es libre y "casi gratis".
"Y Garamendi con esto está haciendo una de extrema derecha, diciendo que esto no se puede hacer cuando él sabe perfectamente, cuando él tiene asesores, que es un mandato que nos obliga a ello, como dice el Tribunal Supremo, invocando a la Constitución Española, que es fuente de derecho español. (...) Si el PP gobernara, también esto se tendría que hacer", ha añadido.
Y ha ido a más, calificando de "muy grave" que la patronal española se coloque "frente a la legislación", más aún cuando "todo esto es fuente del Derecho europeo". "Garamendi está llevando una variable muy peligrosa, al borde de la extrema derecha como vemos en la Argentina de Milei".
Salarios de tramitación
Pese a ello, Díaz ha afirmado que la intención del Gobierno es reformar el despido para incorporar la lógica del daño emergente y el lucro cesante. "Importa la edad (a la que es despedido el trabajador), importa el género, importa su profesión, importan muchísimas cosas. Esta lógica es la que no cumple España y es la que vamos a corregir", ha subrayado.
También ha abundado que lo que cuestiona el modelo europeo es que en España la ley fije de antemano el precio del despido, "algo que Europa ha dicho que es ilegal", pues han de tenerse en cuenta las características personales del trabajador despedido, en lugar de tener fijado ex ante la indemnización.
La ministra también ha explicado que sería positivo recuperar los salarios de tramitación -los que deja el trabajador de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia de éste, siempre que el empresario opte por la readmisión-.
Para Yolanda Díaz, teniendo en cuenta que es "vergonzante y una indecencia" la tardanza que hay "en los señalamientos, en los juzgados de lo Social en España, en cualquier juzgado", sería "correcto" recuperar estos salarios.
La posición de la CEOE
El Comité Europeo de Derechos Sociales señaló que el despido improcedente no es resarcitorio ni disuasorio para las empresas, lo que dejaba abierta la puerta a que los tribunales establecieran indemnizaciones más altas de las previstas en la ley, algo que ha rechazado el Supremo, argumento que esgrime la patronal.
Tal y como publicó este miércoles INVERTIA, la clave del rechazo de Garamendi a esta reforma está en que "la justicia nos ha dado la razón" en la indemnización del despido a día de hoy.
Se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza que los tribunales puedan elevar dichas compensaciones por encima de los 33 días por año trabajado vigentes.
Cabe recordar que fue este lunes cuando empezó la negociación para reformar el despido, y a esa ocasión sí que se presentaron los representantes de la patronal. Sin embargo, en la cita estuvieron de perfil y prácticamente no participaron en la cita.
Esto se debe a que la patronal no ha decidido esta posición (la de ni siquiera sentarse en la mesa del Diálogo Social) hasta el Comité Ejecutivo que la CEOE ha celebrado este miércoles.
En la cita, los empresarios han acordado esta postura. No sólo por el fondo jurídico, mencionado por Garamendi. También porque consideran que Yolanda Díaz, al abordar esta reforma, está incurriendo en una "deslealtad y está traicionando el espíritu de la reforma laboral", según voces asistentes a la cita.
Estas fuentes indican que una de las razones por las que CEOE y Cepyme apoyaron este conjunto normativo (aprobado a principios de 2022) fue porque, precisamente, no se tocaban, ni se iban a tocar, determinados asuntos sensibles para los empresarios. Entre ellos, la reforma del despido.
Las exigencias de los sindicatos de cara a la reforma del despido no se quedan en elevar la indemnización por despido improcedente. También reclaman recuperar los salarios de tramitación. Algo que los empresarios, según ha podido saber EL ESPAÑOL, también rechazan.
Por ahora, la piedra está en el tejado de CCOO y UGT. El Ministerio de Trabajo les ha encargado que elaboren una propuesta que servirá de base para un borrador para un futuro proyecto de ley y tendrían que cerrar en unas semanas. Este borrador no estará listo hasta inicios de 2026.
