El frenazo por parte del Gobierno al registro digital de jornada que plantea Yolanda Díaz, al menos hasta que se revise su contenido, provocará un retraso en la aprobación de la norma que puede dar al traste su estreno en 2026.
Esa es al menos la percepción que se maneja entre algunas de las mayores organizaciones empresariales sectoriales, que han abierto consultas en los grandes despachos de los negocios para ver la impugnación legal que puede hacerse de cara a retrasar su entrada en vigor.
De entrada, la ministra deberá enfrentarse a sus socios de Gobierno del PSOE, que han acogido como buenas las reclamaciones de los empresarios, y pretenden revisar que el real decreto que se apruebe tenga todas las bendiciones legales.
Los juristas consultados advierten que lo que plantea el texto en marcha por parte de Trabajo supone una cesión de datos en tiempo real a la Administración, que puede perjudicar a la gestión de las empresas.
En grandes grupos con mano de obra intensiva y trabajo por turnos, de logística o distribución, la información a la que se accede sobre descansos, paradas, turnos y movimientos en el personal puede llegar a ser estratégica en campañas de alta actividad y picos de trabajo.
Es por ello que desde el lado empresarial han lanzado una ofensiva entre los grupos parlamentarios para que el articulado que salga para aprobar con urgencia tenga todas las garantías de que no se distribuirán datos personales o empresariales comprometedores.
El trámite que ahora se abre supone que el texto definitivo lo debe aprobar el Consejo de Estado y, en especial, la Agencia de Protección de Datos. Además de los ministerios que puedan hacer alegaciones.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el primero en mostrarse precavido ante las prisas de Yolanda Díaz por sacar el texto adelante.
Reducción de facto
Esta ofensiva de la ministra de Trabajo, secundada por los sindicatos, ha provocado un serio enfrentamiento de la patronal CEOE, que ve en la iniciativa un intento de Yolanda Díaz de implantar la reducción de jornada de facto y a través de la Inspección, toda vez que no pudo aprobar el proyecto de ley en el Congreso.
Fuentes jurídicas consultadas advierten que el problema con el que se encuentra la patronal para bloquear el decreto es que solo lo puede impugnar cuando se publique en el BOE. Y si se hace por real decreto en vía de urgencia, como se ha aprobado este martes, ya estará en vigor.
La única baza que les queda a los empresarios es ajustar el máximo el texto, aunque sufra dilaciones, a través de los grupos políticos.
Los cálculos de la patronal alertan de una subida de costes laborales del 7%, tanto por la implantación de la aplicación necesaria, como por los costes de formación y personal que hay que dedicar a ello.
Ese proceso será más complicado para las pymes que para los grandes grupos, si bien el rechazo es frontal en toda la clase empresarial.
Del lado contrario, la ministra y los sindicatos aseguran que el control electrónico de los horarios permitirá atajar situaciones de exceso de horas extra y jornadas abusivas que se dan en España.
De una forma o de otra, la aprobación del trámite de urgencia para el real decreto abre ahora una carrera de obstáculos para que entre en vigor en enero de 2026 o se retrase aún más su aplicación.