Es lo que dice este tribunal, que confirma la resolución que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió en 2019 al respecto: ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel que entre 2000 y 2013 coordinó la compra de leche. Las consecuencias pueden superar los 1.000 millones de euros en indemnizaciones.

Es la cantidad que la empresa de servicios jurídicos Eskariam, la que más ganaderos afectados representa (unos 7.000), estima que pueden llegar a reclamar a las lácteas. Según apuntó la CNMC y confirma la Audiencia, las empresas y asociaciones involucradas son Calidad Pascual, Central Lechera Galicia, Lactalis, Nestlé, Schreiber Food España y también participaron Comercial Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva), y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia.

[Hasta 33.000 ganaderos más podrían reclamar daños por el ‘cártel de la leche’ tras el fallo de la Audiencia Nacional]

Todo ello en detrimento de los intereses de los ganaderos, que ganan con este fallo una solidez a prueba de balas para reclamar. De hecho, quienes hayan vendido leche entre los años 2000 y 2013 a estas lácteas podrán solicitar indemnizaciones que, de media, oscilarán entre 125.000 y 150.000 euros por ganadero.

Son los cálculos que maneja Juan Álvarez, abogado y responsable de negocio de Eskariam. "Lógicamente, depende del volumen de leche que ha vendido cada ganadero durante ese tiempo. Hay explotaciones que van a reclamar millones de euros y otras que tienen muy poquitas vacas", expone a EL ESPAÑOL-Invertia.

Oleada de denunciantes

Además, hay que tener en cuenta los intereses, remacha. "Aquí estamos hablando de un periodo muy largo que empieza en el año 2000", sostiene. Eso puede "casi duplicar la reclamación": Eskariam representa a 7.000 ganaderos, sobre todo en Galicia y Castilla y León, por los que prevén reclamar 800 millones, pero el fallo de la AN está desbordando los teléfonos, sobre todo con consultas desde Cataluña.

Recurso de una vaquería. Europa Press

"Entonces se sigue incrementando el número. Yo creo que vamos a superar con creces la barrera de los 1.000 millones", calcula. Todo ello contando con que no son los únicos que llevan reclamaciones.

A las puertas del fallo, unos 15.000 ganaderos se han personado en la causa. Ahora puede sumarse una cantidad considerable: Álvarez sostiene que en el año 2000 había unos 52.000 ganaderos en nuestro país, y hace casi doce meses este bufete estimaba que podrían sumarse 33.000 ganaderos afectados si la Audiencia avalaba a la CNMC.

Todo porque este respaldo da una "solidez brutal" a las reclamaciones que interpongan los afectados ante los Juzgados de lo Mercantil, donde tienen "altísimas posibilidades" de ganar a tenor del pronunciamiento de la Audiencia. "El cártel está requete confirmado, eso no hay quien lo mueva, aunque puedan recurrir al Supremo", sostiene.

La "contundencia de las sentencias" de la Audiencia lleva a los abogados a movilizarse, con charlas informativas en varias comunidades para informar a los ganaderos: están a tiempo de reclamar hasta julio de este año. 

"El mensaje es 'infórmate y toma tu decisión', pero desde luego tienen todos los elementos para, hoy sí, reclamar con seguridad a las cartelistas", afirma. Al final, para ellos "es una victoria económica, porque tienen solidez para reclamar, y una victoria moral; llevan años reclamando esto frente a las lácteas".

Las multas a las lácteas

En su fallo, la Audiencia Nacional ha confirmado además parte de las multas que la CNMC emitió en 2019 por estas prácticas.

En concreto, respalda las sanciones de 8,5 millones de euros impuestas a Calidad Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; de 11,6 millones a Grupo Lactalis Iberia; de 6,8 millones a Nestlé y de 929.644 euros a Schreiber Food España.

Respecto a estas sanciones, la Sala ha rechazado el argumento de las empresas, que apuntaban que eran arbitrarias. Sostiene la Audiencia que en realidad "están motivadas y no resultan desproporcionadas", porque están por debajo de la media del tipo sancionador máximo, con un porcentaje que se ajusta a las circunstancias particulares de los intervinientes.

No obstante, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por Comercial Alimentaria Peñasanta (CAPSA), a la que se le había impuesto una multa de 21,8 millones de euros; Danone, con 20,2 millones de euros; Industrias Lácteas Granada (Puleva), sancionada con 10,2 millones de euros; y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga).

En todos los casos lo hace tras "entender que algunos de los periodos investigados están prescritos". Pide entonces a Competencia que recalcule estas multas teniendo en cuenta los periodos que se consideran prescritos para cada una de ellas.

Por otro lado, en el caso de Aelga, el Tribunal confirma que participó en el cártel, pero ha anulado la multa de 60.000 euros "por falta de motivación".