Los Presupuestos de nunca acabar: una nueva prórroga deja sin sentido una legislatura sin control de las cuentas públicas

Eso abocará a Pedro Sánchez a prorrogar las cuentas actuales, que vienen de 2023. O lo que es lo mismo, será el tercer año sin Presupuestos que deja la legislatura en su recta final y sin ningún control sobre las cuentas públicas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado que el Congreso le apruebe la senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda de los últimos años. Eso impide elaborar un Plan Fiscal Estructural con las previsiones a tres años, como es preceptivo y que hay que enviar a Bruselas.

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El incumplimiento del proceso reglado, impide además pasar por el control de la Autoridad Fiscal (AIReF) española que preside Cristina Herrero y que se queja hasta la saciedad de que, sin plan ni Presupuesto ni objetivos, es imposible evaluar y controlar en qué se gasta el dinero este Gobierno.

Es cierto que la contención del déficit público por debajo del 3% y una inflación controlada en el entorno del 2,5% cumplen de facto con las reglas fiscales europeas. Pero eso no obsta para saltarse la obligación de cada Estado de presentar su plan presupuestario a medio plazo.

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Esa es, además, la fórmula que requiere una Europa más integrada, en la que habrá que ver cómo se paga la deuda conjunta que ha supuesto el Plan de Recuperación a partir de 2028. Es necesario coordinar previsiones presupuestarias en tiempo y forma en la UE, algo imposible ahora.

"Lo que necesitamos es un proyecto de Presupuestos, para ver las intenciones que tiene el Gobierno, aunque luego no se apruebe", ha insistido Cristina Herrero, que trabaja de forma coordinada con sus homólogos comunitarios.

Evidentemente, el Gobierno hace sus previsiones macroeconómicas básicas y las envía a Bruselas, aunque sea tarde y mal. De hecho, hace apenas un mes que revisó las últimas. España crecerá este año a un ritmo del 2,9% y seguirá siendo la que más avanza de la UE.

Todo se basa en el consumo doméstico y la creación de medio millón de empleos, la mayor parte ocupados por inmigrantes en la construcción y los servicios (turismo). La inversión privada avanza despacio y se queda por debajo de 2019 en términos reales, si se descuenta la inflación.

Máximos históricos

La demanda interna y ese crecimiento son los que avalan una recaudación de impuestos que roza ya los 300.000 millones de euros. Pero la gestión de las cuentas públicas se basa en programas de 2023 renovados o actualizados a las nuevas necesidades, junto con el maná de los fondos Next Generation.

Se marca cada año un techo de gasto histórico, avalado por un aumento medio de recaudación del 10,5% en los últimos cinco ejercicios. A ello se suma la llegada de los fondos UE. El gasto para 2026 crecerá un 8,5%, con un récord de 216.177 millones de euros.

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También habrá récord en las transferencias a las CCAA, a base de entregas a cuenta millonarias que también llegan a máximo histórico cada año. En 2026 serán de 157.700 millones para las autonomías y casi 30.000 millones para las administraciones locales.

Pero todo se basa en un Ministerio de Hacienda que gestiona a base de talonario, sin que haya unos programas presupuestarios pensados a medio plazo (hasta 2028), fiscalizables y que respondan a una estrategia conjunta entre todas las administraciones.

Tanto desde la Airef como desde servicios de estudios como Funcas o Fedea se ha advertido de los riesgos que supone ordenar las cuentas públicas "a salto de mata", sobre todo con varios retos a solventar que amenazan su viabilidad.

Por un lado, la previsión de ingresos, gastos, déficit y deuda tiene que tener en cuenta que se empieza a jubilar la generación del baby boom, sin que haya base poblacional para financiarlo.

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Son las carreras profesionales más largas, casi todas contributivas, que están llevando la pensión media nueva a cerca de 1.500 euros al mes. Eso es más de lo que ganan la mayor parte de los jóvenes, una asimetría muy peligrosa a medio y largo plazo.

Por otro lado, España se ha comprometido a disparar su gasto en defensa a más del doble de lo que era hace apenas un año. Está en el 2% del PIB (33.000 millones de euros), pero la OTAN y EEUU exigen llegar al 5%, con la guerra de Ucrania en las puertas de Europa.

A pesar de ser una de las grandes partidas de gasto, sin un control efectivo se escapa con adjudicaciones directas y adelantos vía créditos plurianuales entre ministerios, casi imposibles de evaluar. El impacto de esa partida puede condicionar las cuentas del Estado si no se planifica bien.

Defensa, Seguridad Social y sostenibilidad de las pensiones son partidas que no se pueden improvisar cada año sin orden ni concierto. Los Presupuestos son necesarios, aunque sólo sea para ver por dónde puede pinchar el sistema.

La paradoja es que es muy probable que cerremos una de las legislaturas más importantes de nuestra historia en crecimiento económico, sin un solo Presupuesto aprobado que nos diga cómo gastar el dinero con visión a largo plazo para no hipotecar a las generaciones venideras.