Los inversores internacionales han aprovechado el Spain Investors Day (SID) para trasladar al Gobierno esta preocupación que, según han explicado, afecta a la imagen de España como "economía abierta".

También la CNMV se ha posicionado a favor de replantear esta medida. Pero la respuesta del Ejecutivo ha sido clara. Tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, consideran que este escudo está justificado y defienden que está funcionando con transparencia y agilidad.

Sin embargo, desde la CNMV, su presidente, Rodrigo Buenaventura, dejó ver que su visión es más próxima a la de los inversores que a la del Ejecutivo. En una intervención en el foro en streaming el pasado miércoles, afirmó que ha llegado el momento de iniciar la "normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre las empresas españolas cotizadas".

"Es preciso mantener en nuestro mercado de capitales los estándares más elevados de integridad, gobierno corporativo y apertura a la inversión exterior", aseguró.

El 'interés general'

Las preguntas lanzadas por los inversores a las dos vicepresidentas iban enfocadas en la misma dirección que la establecida por el supervisor de los mercados. De hecho, ante Nadia Calviño se planteó si este blindaje puede generar incertidumbre, algo que la vicepresidenta negó.

"Estamos aprobando operaciones. Esto no debe generar incertidumbre", respondió antes de defender que las empresas que se han sometido a estos procesos han "apreciado" que es "transparente" y "conciso". 

"España es un país que da la bienvenida a los inversores. La inversión extranjera es clave para el país, para su estabilidad financiera y para su dinámica industrial", reconoció. Pero después, explicó que "el Gobierno debe proteger el interés general" y que al igual que hacen otros países de la Unión Europea (UE) debe vigilar estos movimientos cuando afectan a sectores estratégicos. 

En los mismos términos, había respondido un día antes en el mismo foro y ante los mismos asistentes la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el Spain Investors Day 2022.

"Lo que intentamos es ser serios y responsables. Eso ha quedado demostrado en la experiencia con los inversores en el último año", señaló Ribera.

No obstante, fue más allá al señalar que no es tiempo para que los "inversores cortoplacistas piensen en sus beneficios" cuando se trata de empresas que trabajan para la transición del país.

A Ribera le preguntaron si consideraba que con esta medida España era una economía menos abierta. Algo que la titular de Transición Ecológica negó.

"Somos una economía abierta, una de las más abiertas del mundo. Pero creo que también es nuestra responsabilidad prestar atención a estos sectores, al impacto en los trabajos, en los parámetros generales de la economía". Y concluyó recordando que "los inversores serios son bienvenidos". El resto no, bromeó.

Aunque el escudo anti-opas nació primero para proteger a las compañías españolas de la entrada en su capital de inversores no deseados con intención de hacerse con más de un 10%, después se extendió a los inversores de la Unión Europea. De momento, Bruselas permite mantener esta premisa.

Naturgy, Vivendi, Cobra o ITP

En este tiempo, el Gobierno ha ido aprobando operaciones. La más sonada ha sido la del fondo australiano IFM sobre Naturgy. Pese a que el proceso se retrasó hasta el último momento del plazo establecido y a que el fondo no logró alcanzar en la operación el porcentaje capital que quería, mantuvo su interés en entrar en el capital de la energética. Esto es algo que quienes defienden este blindaje suelen argumentar a favor de mantenerlo.

También ha habido otras operaciones se han sometido a este procedimiento. Es el caso de la venta de Cobra (división industrial de ACS) a Vinci o de los movimientos de Vivendi sobre Prisa. Otro ejemplo es la venta que hizo Rolls-Royce a Bain Capital de ITP Aero, ya que también fue supervisada por el Ejecutivo español. En estos casos, se han ido autorizando las operaciones, lo que sirve al Gobierno para defender que España es un país seguro para la inversión pese a este blindaje.

Pese a que el Ibex 35 ha recuperado más de un 30% de su valor desde marzo de 2020, lo cierto es que sigue perdiendo más de un 11% desde los niveles prepandemia. En febrero de hace dos años, llegó a coquetear con los 9.900 puntos y ahora no llega a los 8.800 puntos. Esto hace que muchas de las cotizadas estratégicas del selectivo estén a precios muy atractivos para inversores que quieran aterrizar en su capital. Algo que juega en contra de quienes presionan al Gobierno para que retire este blindaje. 

En el discurso de clausura del SID, un foro que organiza BNP Paribas con la consultora Estudio de Comunicación, Sánchez evitó referirse a esta polémica y destacó que en un año tan complicado como 2020, España llegó a recibir en inversión extranjera lo equivalente al 40% de su PIB, además de subrayar el marco europeo en el que gobierna el país y su seguridad jurídica.