Fue a finales de dicho período cuando la Unión Europea (UE) puso sobre el terreno de juego un paquete de medidas legislativas sobre el espacio digital con las que pretendía cambiar internet de la forma en la que se conocía hasta la fecha. 

Así, llegaba a la palestra, por un lado, la Ley de Mercados Digitales (Digital Market Act, DMA, por sus siglas en inglés), que persigue un sector "más justo y equitativo" que favorezca la innovación y permita que las pequeñas compañías puedan competir con las más grandes. Tras meses de negociación, la DMA fue aprobada a finales de 2022, y empezó a aplicarse de forma efectiva a mediados de 2023. 

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Por otro, apareció en escena la Ley de Servicios Digitales (Digital Service Act, DSA, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo principal obligar a las plataformas online (entre las que se incluyen las redes sociales) a moderar sus contenidos, retirar los que sean ilegales y hacer los algoritmos más transparentes.

Bajo el lema "hacer que lo que es ilegal offline sea ilegal online", la UE persigue brindar con esta normativa “una mejor protección a los usuarios y sus derechos” impulsando un “conjunto único de reglas en el mercado interno que favorecerá que las pequeñas plataformas se expandan”, según ha defendido la propia Comisión Europea. 

Ahora, casi tres años desde que apareciese en el imaginario europeo, la DSA ya es una realidad. 

Transparencia y responsabilidad

Desde el pasado 25 de agosto la Ley de Servicios Digitales es aplicable para aquellas plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios en territorio europeo, lo que incluye en la lista a grandes players como Google, Meta, Twitter (ahora conocido como ‘X’) o TikTok. También, a Amazon o Zalando, quienes han presentado diferentes recursos ante el Tribunal de la UE en el que buscan evitar tener que adherirse a la legislación.  

La DSA obliga a dichas firmas a moderar los contenidos que se publican en ellas y a eliminar los que se consideren ilegales. Hasta ahora esta tarea dependía de un código de buenas prácticas no vinculante al que las empresas se podían sumar de forma voluntaria. 

Reuters

A partir de esta normativa, los usuarios podrán acceder a un procedimiento más claro para informar sobre este tipo de publicaciones y las plataformas tendrán que actuar con rapidez contra ellas, así como informar al denunciante de las acciones que han llevado a cabo e introducir "marcadores de confianza".

En relación con lo anterior, la ley avanza en la trazabilidad de los usuarios comerciales en los mercados online para ayudar a identificar a aquellos que comercian con productos ilegales y proteger a los consumidores en su proceso de adquisición. 

Asimismo, la DSA introduce el concepto de "responsabilidad algorítmica", por el que las grandes plataformas afectadas estarán obligadas a dar acceso a la Comisión Europea y a los estados miembros a su core para comprender la forma en la que evolucionan los riesgos online, a la vez que ofrecen mecanismos más transparentes para comunicar cómo se determina qué información llega a cada usuario. 

En línea con la transparencia, la legislación suma requisitos a los sistemas de recomendación de contenidos empleados por las plataformas digitales y precisa que algunos motores de búsqueda como Google deberán ofrecer a los usuarios un sistema de recomendaciones que no se base en su perfil. 

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La nueva norma pone especial foco en los contenidos dirigidos a menores y establece que cualquier plataforma de contenidos accesible por ellos debe establecer medidas especiales que garanticen su seguridad y prohíbe a dichos actores dirigir publicidad basada en el uso de datos personales. 

Entre los efectos inmediatos de esta propuesta que se han ido conociendo se encuentran los anunciados, por ejemplo, por TikTok, que, a partir de ahora, ofrecerá la opción de desactivar su algoritmo de recomendación de contenido, ofreciendo los más relevantes por la localización y no por los datos recopilados. Algo similar a lo que ocurrirá en Instagram, donde se podrá desactivar el algoritmo de recomendación y acceder a nuevas herramientas para denunciar contenido. 

Multas de hasta el 6% de la facturación

Por otro lado, la ley obliga a las empresas a analizar de forma anual sus riesgos sistémicos y a actuar para reducirlos, con especial hincapié en la información que pueda tener efectos negativos en los derechos fundamentales, la seguridad pública o implique consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios, entre otros. 

En este sentido, el pasado viernes 25 de agosto, con motivo de la entrada en vigor de la normativa, expiró el plazo de presentación de la primera evaluación requerida. Además, deberán suministrar sus informes de transparencia en un plazo de dos meses.

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La DSA también incluye la figura del "coordinador de servicios digitales", que deberá ser nombrada por cada uno de los estados miembros antes de febrero de 2024. Ese mismo mes será cuando entre en vigor la ley para las plataformas con menos de 45 millones de usuarios activos que están dentro del ámbito de aplicación de la legislación. 

El incumplimiento de las normas impuestas por los reguladores contempla entre sus consecuencias la imposición de multas millonarias que podrán llegar a ser de hasta el 6% de su facturación global e incluso la prohibición de operar en el mercado europeo en caso de reincidencia. 

El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios europeo, Thierry Breton, ha precisado que cumplir la DSA "no es un castigo", sino una oportunidad para que las plataformas digitales refuercen su fiabilidad.