Las comunidades energéticas avanzan hacia un futuro prometedor en España, pero con retos que abordar por delante. Los más acuciantes, desde llegar a las grandes ciudades y sus polígonos industriales hasta crear un registro oficial público para estas comunidades.

Así lo han expresado los expertos del sector participantes en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En los últimos años, según los datos aportados por estos, se han creado cerca de 660 comunidades energéticas en nuestro país. Sin embargo, la gran mayoría son de menos de 20 socios y están concentradas en el mundo rural. Algo muy positivo por una parte, pero que deja un gran vacío por cubrir en los polos industriales.

En opinión de José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), "hay que elevar la escala y profesionalizarlas". Y ese camino debería llevarlas hacia el mercado urbano, que "aún no se está desarrollando". "Los polígonos industriales son un gran nicho", ha asegurado.

Porque, como ha destacado Nerea López, responsable de Comunidades Energéticas de Cox, estos nuevos sistemas de autoconsumo y gestión compartida de la energía renovable "crean un sistema más sostenible y democrático", en tanto que "democratizar la energía es una lucha activa contra la pobreza energética y el cambio climático".

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"Necesitamos una electrificación descarbonizada", y "la sostenibilidad económica de las comunidades energéticas es fundamental para que pervivan en el tiempo". En este sentido, Donoso ha pedido herramientas como desgravaciones fiscales, créditos tipo ICO o colaboraciones con entidades bancarias.

Desde Cox hablan de "ciudades inteligentes" o "smart cities" y, por ello, es clave su concepto de "comunidades ciudadanas de energía".

Como ha subrayado López, "no sólo miramos los autoconsumos compartidos, sino que hay que buscar la eficiencia energética en el municipio: con instalaciones fotovoltaicas, electrificación de flotas, hidrógeno verde dentro de la propia comunidad energética o instalación de puntos de recarga para los coches eléctricos".

En todas las comunidades energéticas impulsadas por Cox, la compañía promueve el modelo de PPA. Esto es, un contrato a largo plazo entre un productor de energía renovable y un comprador para suministrar electricidad a un precio fijo y predeterminado que suele durar entre 10 y 25 años.

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"Los ayuntamientos dentro de nuestras comunidades han experimentado una reducción del 50% en su partida energética y esa parte liberada del presupuesto municipal pueden llevarla a otras inversiones necesarias para la población", ha animado López.

Porque el círculo virtuoso de estas comunidades pasa por "mejorar la calidad de vida en la España rural, mejorar la competitividad de las empresas españolas y avanzar en la descarbonización del país", como ha enumerado el director general de UNEF.

Entre los deberes por hacer en el sector, Donoso ha apuntado varios en torno a las definiciones sobre control efectivo y autonomía.

"Que ningún actor o empresa debe tener más del 51% de la sociedad; garantizar que los ayuntamientos puedan participar y que puedan ceder espacios o cubiertas para estas actuaciones; así como crear un registro oficial de comunidades energéticas (para saber cuáles lo son verdaderamente y cuáles no), con declaraciones responsables". Estas son las prioridades de un sector "ilusionante".