Uno de los debates más candentes en España hoy es la nueva tasa de retribución financiera para las actividades reguladas de transporte y distribución de electricidad y gas, de cara a los próximos periodos regulatorios. Y los principales agentes energéticos piden que ésta sea "competitiva y atractiva", al tiempo que el nuevo marco normativo sea "flexible" para estar más cerca de las necesidades reales de los consumidores.

Así lo han expresado en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, asociaciones y expertos de la industria energética.

España está a punto de elevar la tasa de retribución financiera de la electricidad y el gas con un cambio metodológico profundo, con el objetivo de asegurar inversiones y la sostenibilidad del sistema, en medio de un debate sectorial y regulatorio intenso.

De un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto elevar la tasa de retribución financiera para la red de distribución y transporte de electricidad hasta el 6,58% para el periodo 2026-2031, frente al 5,58% vigente en el periodo anterior. El sector presionaba con la solicitud de un 7,5%.

De otro, la CNMC está revisando también la metodología y la tasa de retribución financiera para las actividades reguladas del gas (transporte, regasificación y distribución) de cara al periodo 2027-2031, siguiendo criterios similares de adecuación metodológica y ajuste al coste de la deuda y contexto macroeconómico.

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En este sentido, Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), ha puesto de manifiesto que "hay que abordar unas importantes inversiones como no se han hecho nunca" en nuestro país y que, en consecuencia, la mencionada tasa de retribución financiera debe reunir el atractivo suficiente como "para que los capitales vengan a España y no a otros países europeos con tasas más significativas".

Y es que, como ha puesto en contexto Julio César Nieto, presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), los sobrecostes del sistema han ido creciendo de 3 a 17 euros/MWh en los últimos diez años. O de 10 a 17 euros en el último año.

"Hay que remunerar aquellas instalaciones necesarias para el suministro y garantía del servicio. Es obvio e indiscutible. Porque esos sobrecostes los están asumiendo en buena medida los comercializadores", ha advertido Nieto.

Joan Batalla, presidente de Sedigas, ha abogado por "flexibilidad para un contexto más volátil y cada vez con más incertidumbre". Y en el particular del gas, donde en España ya hay cerca de 300 proyectos en diferentes grados de madurez para descarbonizar el sistema, sobre todo con biometano, se antoja de vital importancia "adaptar el sistema, las infraestructuras".

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Mirando hacia nuestros vecinos europeos, aunque no hay un mercado perfecto, España sí tiene bastantes iniciativas de las que aprender.

Pedro Linares, profesor de Investigación e Internacionalización de la Universidad Pontificia Comillas, profesor propio del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI y cofundador y director de Economics for Energy, ha reclamado que en nuestro país "seamos capaces de introducir mejor las necesidades que tienen los consumidores".

"Algunos necesitan un consumo seguro y están dispuestos a pagar lo que haga falta, y otros no tienen tanta necesidad de seguridad y quieren pagar menos". En definitiva, su apuesta es "que el consumidor tuviera más flexibilidad". Así como "marcos normativos donde las diferentes tecnologías jueguen entre sí".