Leire ofreció el "aval de las más altas instituciones" y "apoyo del Gobierno" a los fiscales a los que pidió datos para ayudar al PSOE

La 'fontanera' también ofreció un destino en el extranjero al fiscal José Grinda con el "aval de las más altas instituciones o personas del Estado".

A cambio, Stampa y Grinda tendrían que facilitarle información interna de la Fiscalía Anticorrupción, tanto de sus responsables como de determinadas investigaciones de interés para el PSOE o para sus socios.

La Fiscalía de Madrid pide investigar a la 'fontanera' del PSOE Leire Díez por presunto soborno a dos fiscales

Así figura en la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid el pasado 21 de julio en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

El titular de ese Juzgado, Arturo Zamarriego, investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras una denuncia de Hazte Oír referida a los encuentros que la 'fontanera' del PSOE tuvo con el empresario  Alejandro Hamlyn y con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

A ambos les hizo promesas tan extravagantes como las de Stampa y Grinda a cambio de información que sirviera para "desmontar" a la UCO de la Guardia Civil y "echar por tierra las causas judiciales" que afectan al PSOE.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encuentra a cargo de las investigaciones que se dirigen contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y contra el hermano de éste, David Sánchez.

La UCO también ha actuado en el caso que afecta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y se encarga de las pesquisas que se siguen tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de corrupción en la que están implicados los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, así como el antiguo asistente de este último, Koldo García.

En una conversación con Hamlyn el pasado febrero, Díez le ofreció un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para solventar la causa que se sigue contra este empresario por un presunto fraude fiscal por importe de 154 millones de euros en la venta de hidrocarburos. Hamlyn debía proporcionarle información contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, según publicó El Confidencial.

En el caso de Rubén Villalba, la 'fontanera' del PSOE le ofreció «un puesto próximo a la Dirección General de la Guardia Civil como asesor» si le daba datos contra los mandos de la UCO, según difundió El Mundo. "Esto le interesa al PSOE" y «los de arriba en el Gobierno» están al corriente, habría dicho Leire Díez en una reunión con Villalba celebrada el pasado 10 de marzo.

El juez Zamarriego ha centrado sus pesquisas en los episodios relacionados con Hamlyn y Villalba y no ha aceptado acumular la denuncia de la Fiscalía relacionada con los "intentos de soborno" de los que habrían sido objeto Stampa y Grinda.

El instructor tampoco se ha pronunciado todavía sobre si va a aceptar la inhibición de los Juzgados de Badajoz en relación con otra denuncia de Hazte Oír contra Leire Díez y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que se habrían concertado para "sabotear" el procedimiento abierto al hermano de Pedro Sánchez y atacar a la juez instructora, Beatriz Biedma, "con el fin de lograr el archivo" del caso.

La Fiscalía de Madrid va a insistir en que el Juzgado de Instrucción número 9 asuma todo lo relacionado con Díez y, para ello, ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid.

"Esperan respuesta"

De acuerdo con el decreto por el que la Fiscalía acordó denunciar en el Juzgado de Zamarriego los hechos relacionados con Stampa y Grinda, la 'fontanera' del PSOE y el empresario Pérez Dolset, así como el periodista Pere Rusiñol, estarían implicados en "intentos de soborno" que constituirían delitos de cohecho.

Grinda presentó el 27 de febrero una denuncia ante la propia Fiscalía relatando que ese mismo día por la mañana se había citado con su amigo Pere Rusiñol y que éste le dio un papel que luego le quitó, pidiéndole que solo lo leyera.

En él se decía que "si facilitaba secretos supuestamente comprometedores de su jefe [Alejandro Luzón] y si archivaba siete causas (...), explicaba el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI, si hacía todo esto se le daría un destino en el extranjero y se le resarciría de una demanda civil de contenido económico que actualmente pesa sobre el denunciante".

El documento añadía que ese acuerdo “estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado”.

Las causas cuyo archivo tenía que pedir Grinda eran los casos Pujol, 3%, Sumarroca, Aguas de Girona, Banca Privada de Andorra, Caranjuez y Zed.

Este último afecta al propio Pérez Dolset, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de un fraude en subvenciones por importe de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa Zed, que quebró en 2016.

El pasado 26 de junio, Grinda ratificó ante la Fiscalía de Madrid su denuncia inicial y añadió que él relacionó el intento de soborno con Leire Díez, pensando que le estaban "tendiendo una trampa".

Grinda afirmó que Rusiñol se despidió de él diciéndole que “esperan una respuesta”.

Stampa grabó el encuentro

Por su parte, Ignacio Stampa dirigió un escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dando cuenta de que el 7 de mayo "asistió, tras ser citado a través de un tercero, a una reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset con la excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio en su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

Fuentes de la Fiscalía han señalado que la persona que citó a Stampa le indicó que el encuentro sería con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque en su lugar aparecieron la 'fontanera' y el empresario.

"En dicha reunión le pidieron información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía, así como sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos. Ofreciéndole a cambio que se le daría satisfacción en sus recursos frente al Ministerio de Justicia, actualmente en litigio", señala el decreto. Sería "ayuda supuestamente gubernamental".

La Fiscalía pidió al juez Zamarriego que, tras acumular la denuncia a las diligencias ya abiertas, requiriera a Stampa la grabación del encuentro. El fiscal desconfió de la cita y asistió con una grabadora que registró la conversación.

Además, pidió al instructor que tome declaración como investigados a Díez, Pérez Dolset y Rusiñol.