
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, pasa junto al ya exvicesecretario general del PSN, Ramón Alzorriz, que cesó ayer en sus cargos aunque sigue como parlamentario.
Chivite saca del PSN a su número dos pero permite que se quede con el escaño: "Alzórriz cometió un error, no un delito"
Pese a la "pérdida de confianza", el ex número dos de la presidenta navarra se sigue sentando justo detrás de ella en el Parlamento. Este jueves, ambos permanecieron serios, separados por apenas medio metro.
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La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, trató de dar este jueves por zanjada la crisis interna en el PSN con la dimisión de su número dos, Ramón Alzórriz, e intentó al mismo tiempo encapsular sus efectos al partido.
Aunque deja todos sus cargos orgánicos y de dirección, Alzórriz mantendrá el acta de parlamentario en la Cámara foral. ¿La explicación? "La cuestión ha sido una pérdida de confianza y, por tanto, se renuncia a los cargos de confianza", dijo Chivite en una rueda de prensa.
Una explicación que, sin embargo, evidencia una paradoja: no hay confianza para seguir en la dirección del partido, pero sí para conservar el escaño bajo las siglas del PSN.
Porque para Chivite, Alzórriz no ha cometido "ningún delito", sino "el error de no comunicar algo relevante". La mano derecha de la presidenta ocultó que su pareja trabajó para Servinabar, la empresa investigada por la UCO y vinculada a Santos Cerdán.
Ya en el Parlamento de Navarra, ambos protagonizaron una de las escenas de la jornada: sentados en sus escaños habituales —ella en primera fila, él justo detrás— intercambiaron unas breves palabras, con rostros serios y sin moverse de sus sitios, justo antes del inicio del pleno.
Minutos antes de esa sesión, Chivite compareció ante los periodistas para subrayar que está "cumpliendo con lo prometido". "Dije caiga quien caiga y así estoy actuando", insistió, en referencia a Alzórriz.
La mandataria consideró que con esta dimisión la crisis interna queda saldada. De hecho, cerró filas en torno a su gestión y recalcó que no existe "ningún argumento para dimitir". "No hay ni un solo informe jurídico, de auditoría o policial que señale ilegalidades en adjudicaciones", dijo a preguntas de los medios.
Asimismo, adelantó que este viernes la ejecutiva del PSN elegirá un nuevo vicesecretario general y un nuevo portavoz parlamentario, aunque Alzórriz seguirá en el grupo.
Pese a las explicaciones ofrecidas por la presidenta, la oposición sigue aumentando la presión sobre el Ejecutivo foral. UPN volvió a reclamar la dimisión "inmediata" de Chivite, a la que considera "contaminada" por su cercanía política y personal a Cerdán y Alzórriz.
"No puede seguir un minuto más; las dos personas más poderosas del PSN ya han caído", dijo Javier Esparza, portavoz de los regionalistas navarros. El PP navarro se sumó a la petición de renuncia y solicitó elecciones anticipadas. Desde Vox hablan ya de "una mafia navarra" y auguran a los implicados "penas de cárcel".
Servinabar
En cualquier caso, la dimisión de Alzórriz no ha apagado el debate principal: los contratos millonarios adjudicados a Servinabar 2000 desde 2015.
Servinabar ha obtenido un total de siete contratos del Gobierno de Navarra, todos ellos en colaboración con Acciona u otras sociedades relacionadas, pese a contar con una plantilla reducida de apenas nueve empleados.
El importe conjunto de estas adjudicaciones asciende a 86 millones de euros. Estos contratos se reparten entre el Ejecutivo de Uxue Barkos —entre 2015 y 2019— y el actual gobierno de María Chivite.
El contrato más relevante es el de la duplicación de los túneles de Belate, adjudicado en diciembre de 2023 por un importe de 76 millones de euros. Se trata de la mayor obra pública en Navarra en la última década.
El contrato se llevó a cabo desde el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el tío de la presidenta, el también socialista Óscar Chivite.