La actual ley de Educación describe al castellano como "lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado". Una categoría que también se otorga a las "lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades autónomas". En un principio, el Gobierno PSOE-Podemos respetó tal precepto en el proyecto conocido como "ley Celaá", pero la negociación con Esquerra Republicana apunta a lo contrario.
Gabriel Rufián, por ejemplo, ya ha celebrado una enmienda pactada entre los tres grupos encaminada a borrar esa mención del castellano como "lengua vehicular". Un extremo que María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, no negó en rueda de prensa.
La nueva redacción pactada con los separatistas, tal y como reveló El País, dice así: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales (...) de conformidad con la Constitución y los Estatutos de Autonomía".
Moncloa asegura que los alumnos de Cataluña, en este caso, conocerán ambas lenguas al concluir la enseñanza no universitaria. Pero, ¿quién y cómo mide ese objetivo? Lo harán los gobiernos de las Comunidades, lo que en el caso de la Generalitat redundaría en el arrinconamiento del castellano. Una intención que ni Puigdemont ni Torra se preocuparon por esconder.
"Ese proyecto tiene muy poca cabida en la Constitución", señala en conversación con este periódico Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. "Hasta hace unos años, la jurisprudencia en torno a este asunto era algo confusa, pero la sentencia sobre el Estatut lo dejó muy claro. No se puede excluir el español", apostilla.
Ruiz Robledo se refiere a una sentencia que incluye párrafos como este: "Hemos descartado desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza (...) "Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares".
"Lo tumbarán"
Antes, en 1994, el Tribunal Constitucional, había dicho: "No cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos".
Manuel Pulido, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, explica: "Es una barbaridad. Hace cuarenta años, se decretó la inmersión lingüística para inculcar el catalán, que se había laminado durante la dictadura. Pero ahora estamos yendo al extremo contrario. Se está orillando el castellano".
"No creo que tenga recorrido, la verdad. Lo tumbarán. Lo veo más una intención política. Choca con el artículo 3 de la Constitución". Dice tal artículo: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos".
Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, ironiza: "Hay algo de cinismo en todo esto. ¡El castellano ya no es una lengua vehicular en Cataluña! En los colegios públicos, se estudian más horas en inglés que en castellano".
"Hacer ese borrado del carácter vehicular en la ley es ir un paso más allá en el arrinconamiento de la lengua común. Además, cada paso que dan los nacionalistas en ese sentido... se convierte en terreno conquistado".
"Pensamiento mágico"
José Ignacio Wert, exministro de Educación y autor de la ley a punto de reformarse, señala una "trampa" en la fórmula pretendida por PSOE, Podemos y ERC. Estos tres partidos aseguran que el alumno deberá conocer igualmente el castellano y el catalán una vez concluya sus estudios.
"¿Y cómo se consigue eso con el castellano si no es lengua vehicular? ¿Pensamiento mágico? Podrían argumentar que, por supuesto, se conoce la lengua, pero no es lo mismo saber hablarla y comunicarse de manera básica que tener competencias para, por ejemplo, escribir correctamente", argumenta Wert.
A día de hoy, según relata el exministro, las familias que no desean el modelo de inmersión catalán para sus hijos pueden acudir al TSJC con la seguridad de que el tribunal dictaminará, por lo menos, el 25% de la enseñanza en castellano para sus hijos. "¿Cuál es el problema? Cuando se produce esa resolución, el niño ya se ha cambiado de colegio o ha terminado de estudiar".