Conducciones del trasvase Tajo-Segura a su paso por la huerta de la Vega Baja cerca de Orihuela
El Supremo tumba el recurso de Murcia contra los caudales ecológicos del plan del Tajo y los regantes sienten "vergüenza"
Todavía se debe resolver el recurso del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura para evitar un recorte de 100 hectómetros cúbicos al año en el trasvase.
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El Gobierno de la Región de Murcia ha sufrido un revés judicial para evitar recortes en el agua trasvasable. La Agencia EFE ha informado de que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Ejecutivo murciano contra el real decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos, entre ellos, los que afectan a las cuencas del Tajo y del Segura.
La demanda se formalizó en febrero de 2024, tras conocer el contenido del nuevo Plan Hidrológico del Tajo que conllevaba una reducción de las aportaciones de agua al Trasvase Tajo - Segura que podía alcanzar los 100 hectómetros cúbicos al año.
El Tribunal Supremo avala el Plan Hidrológico del Tajo porque considera que "el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una condición que vincula al sistema de explotación, con la única prioridad del abastecimiento a poblaciones".
De forma que no atiende los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Región de Murcia que lidera Fernando López Miras y que justificó emprender la vía legal, contra el Plan Hidrológico del Tajo, debido a que no se había tenido en cuenta la necesaria coordinación con el Plan Hidrológico del Segura, ya que la aplicación del primero era incompatible con el segundo.
Todo ello, sin olvidar las consecuencias económicas y laborales que provocaría para el sector agrícola la reducción de las aportaciones de agua a través del trasvase, a costa de elevar los caudales ecológicos del Tajo.
Jesús Cano, diputado del PP en la Asamblea Regional y responsable de temas hídricos, se ha pronunciado con contundencia tras conocer la resolución: "El Tribunal Supremo no avala el recorte; solo confirma que el Gobierno puede hacerlo. Pero que pueda hacerlo no significa que deba hacerlo. No hay base técnica, ni ambiental, ni social que lo justifique”.
La última bala
En Castilla-La Mancha aún no las tienen todas consigo para elevar los caudales del Tajo. El recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) está sin resolver y es la última bala que le queda a los agricultores del Levante, tras verse tumbados los recursos de los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana.
El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, considera que esta resolución del Tribunal Supremo "abre un debate en torno a la legalidad de los actos del Ministerio para la Transición Ecológica, pero no sobre la justicia de la actuación política. Es esa actuación la que me provoca vergüenza y supone un retroceso para una parte del país".
Lucas ha criticado esta situación se gestó en el Congreso de los Diputados porque se "votó en contra" de los "intereses" de los agricultores del Levante. "El que dirigía las votaciones de una parte importante de la bancada era el presuntamente corrupto exsecretario del PSOE, Santos Celdrán. ¿La votación fue legal? Sí".
"¿Pero es justo que la bancada socialista completa del Congreso, incluidos diputados de Almería, Alicante y Región de Murcia, votara en contra de los intereses de sus regiones al mandato de un posible ladrón? No".
Los servicios jurídicos del Scrats están "analizando" el contenido de esta resolución del Supremo que Lucas Jiménez subraya que se acata entre los regantes, "pero que no puede refrendar una actuación política y poco justa para una parte del país". De forma que en el sector se aferran a que "la resolución del resto de demandas" sea más favorable a sus intereses.
