Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, los policías, que han contestado a las preguntas de todas las partes, han justificado su decisión de acceder al domicilio sin orden judicial.

Lo hicieron derribando la puerta con un ariete, lo que causó una profunda polémica cuando un vídeo, grabado desde el interior de la vivienda, se difundió masivamente en las redes sociales. Hasta el punto de que esta actuación sirvió de arma política para atacar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ahora, este periódico publica las imágenes tomadas por los agentes desde fuera del inmueble.

Delante del juez, los agentes han declarado que sus actos "se ajustaron a Derecho", ante la "reiterada negativa" de varias de las personas del interior del piso a identificarse. "Si hubiera pasado eso, la intervención hubiera acabado ahí", ha narrado uno de los agentes en el Juzgado.

Dentro del inmueble, aquella madrugada de marzo, en torno a una quincena de jóvenes celebraba una fiesta, algo prohibido por las restricciones contra la Covid-19 derivadas de la declaración del estado de alarma en toda España.

Ante lo que los agentes consideraron "un posible delito" —la oposición continuada, durante una media hora, a salir al rellano y mostrar sus DNI, comportamiento que creyeron que ya excedía la falta administrativa—, el mando a cargo de la patrulla dio la orden de reventar la puerta, tras haber probado otras dos técnicas para acceder al domicilio.

Los policías han aportado al Juzgado la grabación que realizaron las llamadas cámaras corporales, instaladas en sus uniformes. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho clip.

Coacciones

Los agentes también han manifestado al titular del Juzgado de Instrucción nº. 28 que su actuación fue pertinente, ya que en el interior del domicilio había personas que sí querían salir al rellano y entregar la documentación, y que, según consideró la patrulla, podrían estar sufriendo posibles coacciones.

Asimismo, han narrado al juez Serret que, al llegar al inmueble, alertados por "unos vecinos desesperados", estos se quejaron de los constantes ruidos, "de jueves a domingo", que provenían del interior del domicilio denunciado. Según han relatado este viernes en sede judicial, los vecinos protestaron "por las molestias que les ocasionaba un piso dedicado en exclusiva a hacer fiestas" y "gente bajando y subiendo las escaleras comunes, frecuentemente sin mascarilla".

Captura de pantalla del vídeo aportado al juez. EL ESPAÑOL.

Por su parte, el inquilino del inmueble ha reiterado que no autorizó la entrada en el piso. Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, defiende que no hubo un criterio de urgencia ni de necesidad que justificara emplear la fuerza y niega la comisión de ningún delito. A su juicio, el comportamiento de su cliente sería, como mucho, una infracción administrativa.

Cámaras corporales

Precisamente creyendo que se trataba de un piso turístico al ver lo que parece un lector de tarjetas junto a la cerradura, los agentes ordenan abrir la puerta en español y en inglés. "Please, open the door. Open, police" ("Por favor, abran la puerta. Abran, policía"). Así consta en la más de media hora de vídeo, grabado por las cámaras corporales que los policías llevan en su uniforme, consultadas por este diario y que ha sido aportada al juez este viernes. 

Uno de los policías grita: "Sé que me están oyendo y sabemos que están dentro. Les habla la Policía Nacional. Si no abren la puerta, estarían cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad. Tienen que salir e identificarse, ¿vale? Se puede hacer una inspección turística en el interior del inmueble para comprobar que no se están incumpliendo las medidas del Covid, decretadas por el estado de alarma"

Y reitera: "Les repito: o abren la puerta o procederemos a usar la fuerza para acceder. En su caso, estarían cometiendo un delito de desobediencia grave, lo que daría lugar a que les detuviéramos, porque es un delito flagrante. Es un tema serio".

Interior de la vivienda una vez acceden a ella los policías. EL ESPAÑOL

En un primer intento, tal y como consta en las imágenes, intentan forzar la cerradura. Otro segundo también resulta inútil. Se identifican con sus números de placa e intentan que les abran la puerta de nuevo: "Vamos a usar la fuerza para acceder. Abran la puerta o usamos la fuerza". 

Los agentes vuelven a sugerir, sin éxito, que los jóvenes salgan y se anoten sus datos: "Ustedes abren la puerta y se identifican, salen las personas del interior, les denunciamos y se van. Pero si no abren la puerta, ya les hemos dicho que es un delito grave de desobediencia a la autoridad".

La patrulla emplea varios argumentos para tratar de convencer a los jóvenes, más de uno, extranjero: "Están en un piso turístico, no es un domicilio. Cuanto más tiempo pasen en el interior, más posibilidades de contagio".

Tensa negociación

Una voz femenina, que se identifica como estudiante de Derecho, les responde: "No abro la puerta, porque esto es mi derecho a la propiedad privada". Y les avisa de que está grabando la escena desde dentro del inmueble, con su teléfono móvil: "Tire la puerta a ver qué pasa; está todo documentado". "Grabe lo que tenga que grabar; es una actuación legal y ya le hemos justificado los fundamentos jurídicos", responde un agente. La tensa negociación —puerta de por medio— se alarga por casi veinte minutos.

Otro intento más de la Policía: "Están cometiendo un delito de desobediencia grave y eso nos autoriza a entrar al inmueble. Y, encima, esto es un piso turístico; más motivo todavía. Y aunque fuera su domicilio podríamos. Si abren, se les identifica, se les sanciona, se les desaloja y listo. Va a cometer un delito". "¿No abren? Vale, continuamos", vuelve a intentarlo, infructuosamente, un agente.

Al final, los policías optan por reventar la puerta: "Señores, están subiendo ahora el ariete. Repetimos: vamos a usar la fuerza y les vamos a detener. Es una tontería la que están liando por no abrir".

Ya dentro del domicilio, ordenan a los jóvenes que se pongan una mascarilla. Una de ellos, la dueña de la voz femenina que negoció con la Policía, acaba engrilletada.

Coacciones

Este viernes, ante el juez, los agentes han considerado que su actuación estaba justificada, ya que, argumentan, los jóvenes del interior del piso estaban cometiendo un delito. Así se lo narró también uno de los agentes aquella noche a la voz femenina del otro lado de la puerta: "Es una infracción administrativa en principio, pero lo está convirtiendo en delito por su conducta". "Es una negativa rebelde, obstinada, persistente, recalcitrante a cumplir las órdenes que se le están dando para identificarse", advirtió. "Está desobedeciendo el decreto [que declaró el estado] de alarma".

Sobre las posibles coacciones de una parte de los jóvenes sobre una minoría de ellos —uno de los motivos que han esgrimido los agentes en sala judicial—, han recordado durante el interrogatorio que, tras los hechos, la Fiscalía se pronunció contra nueve de ellos por este posible delito.

No obstante, la Audiencia Provincial archivó la causa contra los jóvenes y dio un giro al proceso: ordenó al juez investigar a los agentes al considerar que se produjo "un exceso en el ejercicio de su autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio". Los magistrados de la Sección 23 cerraron estas actuaciones estipulando que negarse a identificarse nunca puede ser delito, ciñéndolo tan solo a una infracción administrativa. El morador de la vivienda, por su parte, se había querellado contra los agentes por allanamiento de morada y daños.

Ahora, al instructor Jaime Serret le tocará mandar a juicio a los policías o, por el contrario, archivar la causa en su contra. Para ello, le tocará dirimir el alcance del derecho a la inviolabilidad de la vivienda —fundamental y recogido en la Constitución— y la amplitud de las medidas sanitarias derivadas del estado de alarma por la Covid-19, que prohibía reuniones como la que estos seis agentes interrumpieron, tras casi media hora, vía patada en la puerta.