Emilio, el alcalde que repartió un millón en contra del interventor y al que protege Compromís

Alrededor de un millón de euros repartido en primas por productividad a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Chiva (Valencia) con informes en contra de la Secretaría y la Intervención municipal. Estos son los peculiares hechos que han llevado ante la Justicia a Emilio Morales, alcalde de Compromís al que su partido no exige responsabilidades políticas por su presunto delito de malversación.

Morales accedió en 2015 a la alcaldía con una promesa muy concreta. "Acabaremos con la política indiscriminada de primas a algunos empleados del ayuntamiento impuesta por Haro (PP) para premiar a sus afines y allegados", rezaba el programa electoral. "El año 2014 supuso unos 130.000 euros repartidos entre 25-30 trabajadores", denunciaba entonces.

Compromís por Chiva, su partido, consideraba este gasto "un auténtico despilfarro". También "un insulto para el resto de empleados y para los vecinos de Chiva desempleados". Pero lejos de "acabar" con esta práctica, Morales hizo suya la "política indiscriminada de primas" al ampliar a los beneficiarios.

Ahora las cobran "todos los funcionarios, cerca de 200", según reconoció este martes el propio alcalde a EL ESPAÑOL. El problema es que el "despilfarro" que antes denunciaba ya alcanza la friolera del millón de euros y está siendo investigado por la Justicia.

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Requena abrió diligencias previas ante la querella interpuesta por el exalcalde popular José Manuel Haro, tal y como viene desgranando durante los últimos días El Periódico de Aquí.

Cinco concejales

Además del alcalde, la magistrada Nuria Martínez cita a declarar a los concejales Cristina Suárez (Compromís), Manu Clemente (Izquierda Unida), los representantes de Vecinos Independientes de Chiva (Fernando Casanova y Joaquín Furriol) y la ya exconcejal Diana Oliva.

"Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación", afirma la juez en su auto.

Se trata de "todos los componentes de la junta de gobierno local, que es quien aprueba las productividades", según explica el propio Morales, que se aferra ahora a que esta práctica se viene llevando a cabo en Chiva desde tiempo atrás.

El primer edil afirma en su defensa que "se están pagando las productividades de la misma manera desde 2002", y lamenta "el cambio de criterio de una de las secretarias municipales".

"Hemos tenido 4 secretarios en los últimos años, y una de ellas fue la que puso pegas. Su informe fue el que condicionó el de Intervención, pero la persona que vino después y la actual no tienen inconveniente", expone.

El mencionado informe de intervención, emitido en marzo de 2019, afirma textualmente que el reparto de primas "no cumple con lo establecido en el artículo 5 del RD 861/1986, pues no consta en este departamento que exista acuerdo de pleno por el que se hallan aprobado los criterios en base a los cuales se distribuyen las productividades ni existe en el expediente justificación objetiva de la asignación de cada una de las mismas".

Es decir: el interventor, aseveró que el reparto de productividades requiere una metodología clara aprobada por el pleno, que no puede responder a decisiones de la junta de gobierno local, tal y como se hizo hasta esa fecha. En concreto, la querella presentada por Haro se refería a 17 acuerdos para el reparto de complementos de productividad aprobados por la junta entre abril de 2016 y marzo de 2019.

En las cantidades se aprecia cómo van incrementando en cada reparto. También lo hizo el número de receptores de las primas hasta alcanzar a "todos los funcionarios". El primer reparto de 2016 fue de 7.455,14 euros, y en el último registrado en la querella el montante ya era de 34.741,93 en solo un mes.

El pico se alcanzó en enero de 2019 con 48.595,21 euros repartidos, y el total de estos 17 acuerdos incluidos en la querella del exalcalde Haro ascendió a 283.829 euros en primas por productividad para los funcionarios -hasta marzo de 2019-. Pero las primas continuaron a pesar del informe del interventor y su judicialización. Eso sí: ya sin el apoyo de Izquierda Unida, que se ha desmarcado de Compromís en este asunto.

Reparto mensual

Desde 2018 el ritmo de reparto ya es mensual y se cuenta por decenas de miles de euros en cada desembolso, de modo que el total podría ascender ya a alrededor del millón de euros, según reveló El Periódico de Aquí. ¿Es tanto dinero? "Yo no lo sé, no me he puesto a sumarlo. No sé si llega al millón o no", expone el alcalde a este diario.

Esta cantidad solo en productividades es más que significativa para tratarse de un consistorio con un presupuesto de algo más de 10 millones (de 15 este año por la pandemia). Morales, no obstante, subraya que "el capítulo 1 del presupuesto, el de personal, cumple fielmente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria". "En todos estos años no nos ha puesto pega alguna la Delegación del Gobierno", asegura.

El alcalde confía en la legalidad de su reparto de primas por productividad y lo achaca todo a "una querella política" del exalcalde. Además, cuenta de momento con el respaldo inquebrantable de su partido, que tan solo "ha solicitado información al grupo municipal para conocer lo sucedido", según explica la formación a EL ESPAÑOL.