Valencia

La causa contra Carlos Fabra por, presuntamente, fingir su insolvencia para no pagar la multa de alrededor de 1 millon del llamado 'caso Fabra', reparó en una cuestión muy llamativa. Muchos de sus entonces escoltas firmaron justificantes del banco en nombre del político. El juez Jacobo Pin decidió citarlos como investigados, y sus declaraciones, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, resultan aún más sorprendentes. "Te indicaba: 'Oye, ¿os importa acercaros al BBVA e ingresáis esto a mi cuenta?'", relató uno de los policías. "Era dinero", precisó. Dinero que Fabra les entregaba en "sobres cerrados".

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Los investigadores sostienen que el exdirigente del PP manejó de forma irregular cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en efectivo), mientras esquivaba al fisco. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 12 años de cárcel para los 9 imputados en la causa. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado aprecian "la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho".

Entre los procesados no se encuentran finalmente los agentes pese a su colaboración en el movimiento del dinero en efectivo. Fueron desimputados al entender el juez que no se beneficiaron del sistema al que recurrió el entonces jefe de la Diputación de Castellón. Solo cumplían órdenes, que estos entendieron lógicas "para agilizar los movimientos de la comitiva del presidente". Pero su testimonio en Juzgado de Instrucción 4 de Castellón resultó clarificador para entender la operativa. 

El magistrado estima que Carlos Fabra tuvo una media de 19.000 euros mensuales en ingresos en efectivo, cuya procedencia trata de dilucidar la investigación. Los escoltas no precisaron importes, pero sí reconocieron todos haber colaborado en los movimientos, que en la mayoría de los casos fueron para ingresar efectivo en cuentas bancarias, no para retirar dinero.

Unos explican que acudían "a la ventanilla". Otros, que les atendía "el director de la oficina", quien ya conocía de antemano el movimiento que deseaba realizar Carlos Fabra a través de su escolta.

Todos se escudaron en que, en aquel momento, entendieron lógico que se les encargaran dichas tareas, pues evitaba tener que acompañar al político a que las realizara personalmente y aliviaba su apretada agenda. Y Jacobo Pin parece haber dado por buenos sus argumentos al no imputar a los agentes.

Causa independiente

El juez, sin embargo, ha solicitado abrir una nueva causa independiente contra Fabra, al considerar que el político del PP pudo prevaricar al disfrutar de dos escoltas abonados por dos empresas cuando ya había dejado la política. Se trata de la firma turística Marina d'Or y la constructora Becsa. Tomó esta decisión tras escuchar la declaración del escolta Manuel Izquierdo, recogida en el vídeo de este artículo.

El magistrado aprecia "indicios de delito de prevaricación en la prestación por parte de este y de Jesús Marmeneu de las funciones de escolta en la Policía Local de Castellón". Explica que ambos estaban "asignados a Carlos Fabra, tanto cuando este era presidente de la Diputación Provincial de Castellón como durante los años posteriores a dejar dicho cargo".

Al respecto asevera que su contratación se produjo "abonando el coste de su formación y salarios como escoltas privados las mercantiles Becsa SA y Marina d'Or SL". "Dedúzcase testimonio de la declaración de ambos y, tras el reparto correspondiente, incóese el correspondiente procedimiento para investigar tales hechos", solicitó el juez Jacobo Pin.

Carlos Fabra, en una imagen de archivo. D. CASTELLÓ / EFE

Izquierdo, en su declaración, se mostró ajeno al proceso por el que se le contrató durante los dos años en los que cobró de Marina d'Or y no de la Policía Local, donde cogió una excedencia. Y esto levantó las sospechas del juez.

Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de Marina d'Or aseguraron que la empresa referida es realmente Seguridad Privada Marina d'Or SL, una de las compañías creadas Jesús Ger, el impulsor de la conocida 'ciudad de vacaciones' de Oropesa del Mar.

No obstante, subrayaron al respecto que en absoluto fue un servicio regalado al mandatario. "Se cobró como a cualquier otro cliente", afirmó la enseña, que asegura que conserva "varias facturas" de los servicios prestados al político del PP. A su vez, dijo no haber recibido ninguna comunicación por parte de la Justicia sobre esta cuestión.

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