El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de la provincia Carlos Fabra al entender que "existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero".
Así lo comunicó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, en el que precisó que el político del PP ocultó cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico) que habría recibido empresarios y colaboradores para no hacer frente a la cantidad que le reclamaba el Fisco de una condena anterior -de cerca de un millón de euros-.
"El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once", explicó el TSJCV.
El auto, que da por concluida la fase de instrucción y que puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El magistrado-juez de Adscripción Territorial Jacobo Pin, que ejerce como sustituto en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, relata en la resolución que Fabra y su mujer, María Desamparados Fernández Blanes, "urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales".
"Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales", según el TSJCV. En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio "con el auxilio" de sus hijos Borja y Claudia Fabra Blanes y del marido de esta, Fernando Castro Izuzquiza, según el juez.
Efectivo y transferencias
Según el juez, la "situación de aparente penuria económica" que exhibía el principal investigado no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.
También se contradice con el hecho de "haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración".
Carlos Fabra, en una imagen de archivo. EE
El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios encausados en estas diligencias, entre ellos el presidente del Villarreal Club de Fútbol SAD, Fernando Roig, o el administrador de Facsa, Enrique Gimeno.
Dichas transferencias de fondos se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra "en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia", señala el auto.
"Frustración de ejecución"
El juez atribuye indiciariamente al político, su mujer, sus dos hijos, su yerno y los empresarios Alejandro Lorca, Miguel Pérez Ferrer, Fernando Roig Alfonso y Fernando Roig Negueroles un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios.
También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, “si bien puntuales y no continuados”, en la actuación de Fernando Roig Alfonso, Fernando Roig Negueroles, Miguel Pérez Ferrer y Enrique Gimeno Escrig.
Por último, cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación al expresidente de la Diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y Alejandro Lorca Heredero como cooperadores necesarios.
Los encausados
El juez mantiene encausados a Carlos Fabra Carreras, a su mujer María Desamparados Fernández Blanes, a sus hijos Borja y Claudia Fabra Fernández, a su yerno Fernando Castro Izuzquiza y a su asesor Alejandro Lorca Heredero. También a los empresarios Enrique Gimeno Escrig y Fernando Roig Alfonso, así como a su hijo Fernando Roig Negueroles y a su hombre de confianza Miguel Pérez Ferrer.
Por contra, decreta la "extinción de la responsabilidad por prescripción" de Manuel Vicente Blay Biosca, Salvador Martí Huguet, María del Carmen Almenar Monfort, María Durá Tomás, Francisco Martínez Capdevila, Miguel Carot Blasco y Daniel Vicente Latorre Gallén.
Asimismo, acuerda el sobreseimiento de la causa para Miguel Izquierdo Dols, José Salvador del Campo Marín, Santiago Gascón Royo, Jesús Marmeneu Viciano, Manuel Izquierdo Segura, Víctor Puerto Badenes, Dionisio José Pérez López, Justo Palomares Morte, Manuel Merallo Cortés, José Carlos Rambla Molinos y Luis Enrique Batalla Reigada.