Valencia

Tres conocidos empresarios de Castellón se encuentran entre los 27 imputados en la nueva causa contra Carlos Fabra, según el auto del juez Jacobo Pin que revela en exclusiva EL ESPAÑOL. Entre ellos se encuentra el presidente de Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, por la concesión en 2013 de un préstamo de 1,4 millones de euros en beneficio de la familia del expresidente de la Diputación de Castellón y otro posterior de 0,3 millones. “En la práctica eran a fondo perdido”, considera el magistrado sobre la cantidad, que no ha sido devuelta.

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El Juzgado de Instrucción 4 investiga al dirigente por los presuntos delitos de cohecho, uso de información privilegiada como particular y como funcionario público, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según el escrito del juez. En concreto, analiza el origen de los flujos económicos que manejaba el político así como una presunta ocultación de patrimonio con el propósito de esquivar al fisco, para no cumplir con la sentencia de su condena por el llamado Caso Fabra.

Según el magistrado, pese al impago de su deuda con la Agencia Tributaria -que en la actualidad aún supera los 900.000 euros- Fabra ha manejado "una media mensual de ingresos en efectivo de más de 19.000 euros", cuya procedencia es el objeto de la presente investigación.

Los otros dos conocidos empresarios imputados son Enrique Gimeno, presidente de Facsa; y Luis Enrique Batalla, exadministrador de Becsa, la antigua Lubasa. También se encuentran entre los investigados Daniel Vicente Latorre, administrador de la firma de gestión de residuos Reyval -ahora Intercity Development-; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Carlos Fabra; así como familiares del expolítico del PP y personal que estuvo a su servicio.

La causa, iniciada en junio de 2017 tras una denuncia de Fiscalía, la han impulsado investigaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) adscrita a la Policía Nacional.

Préstamo hipotecario

Jacobo Pin llama a declarar en calidad de investigados a Fernando Roig Alfonso, a su hijo Fernando Roig Negueroles y a su administrador en varias sociedades Miguel Pérez Ferrer. Los cita para “determinar los motivos por los que concedieron tales préstamos indirectamente a Don Carlos Fabra Carreras, que en la práctica eran a fondo perdido”. También para conocer “por qué los articularon a través de sociedades mercantiles”.

Por lo que respecta al préstamo de 1,4 millones, la firma que lo concedió fue Nerofer SL. Esta empresa, que en febrero de 2015 sería absorbida por Portovan SL (patrimonial de la familia de Fernando Roig) fue la que brindó ante notario en 2013 este “préstamo personal” a devolver en dos años, según el juez.

La conocida residencia personal de Carlos Fabra en Oropesa, tasada precisamente en 1,4 millones de euros, fue la “garantía hipotecaria” del crédito, y los beneficiarios fueron los cuatro hijos del expolítico -Borja, Andrea, Claudia y Carlos- así como su mujer, María de los Desamparados Fernández. Los cinco constan como propietarios del inmueble a partes iguales.

Fue concedido “sin que se procediese a cancelar el préstamo hipotecario de 1.200.000 euros contraído con la entidad Bancaja en abril de 2007 que pesaba sobre la finca”. “De hecho, en 2016 fue novado por un periodo de 40 años”, subraya el auto.

Cinco cheques

El juez relata que “al protocolo notarial se adjuntaron cinco cheques por un total de 1.300.000 euros” -los 100.000 euros restantes se emplearon para gastos-. Tres de los cheques, “por un importe total de 850.000 euros”, fueron ingresados “en la cuenta titulada por Borja Fabra Fernández”. Otro de 20.000 euros fue “reingresado en la cuenta de origen”.

El cheque restante, de 450.000 euros, sirvió para saldar deudas previas de la familia Fabra con otra sociedad de Roig, Migumi SL. Es decir: la familia Fabra pagó un préstamo anterior de Fernando Roig con un nuevo préstamo de Fernando Roig.

En concreto, esta sociedad, Migumi SL, había realizado los años previos “transferencias por importe de 150.000 euros el 28 de diciembre de 2010 y por 200.000 euros el 14 de diciembre de 2012 a favor de cuentas bancarias tituladas por Don Carlos Fabra”, según precisa el auto, “así como otros 100.000 euros en fecha 23 de abril de 2013”, en este último caso a favor de una cuenta de Borja Fabra Fernández.

Garantía inejecutable

La familia Fabra, en consecuencia, pasó a deber a Fernando Roig 1,4 millones de euros de un único préstamo sobre el que “no consta devolución de importe alguno”, según el análisis de las cuentas bancarias realizado por el juez y la contestación que le remitió Portovan SL. En su escrito, la sociedad reconoce que “se encuentra pendiente de instar ejecución dado que existe una carga preferente sobre la referida finca hipotecada”.

En caso de hacerlo, Fernando Roig se quedaría con la residencia de Carlos Fabra. Pero el juez recuerda al respecto que sigue vigente el préstamo de 1,2 millones de Bancaja (ahora Bankia), y subraya que el inmueble está tasado en solo 1,4 millones de euros. “Pesaría sobre el mismo una carga total de 2.600.000 euros, lo que hace prácticamente inviable por parte de los segundos acreedores ejecutar la garantía”, advierte.

El juez prosigue en su escrito que, desde la cuenta en la que se ingresaron los 850.000 euros, “se efectuaron, entre otras operaciones, transferencias a favor de cuentas tituladas por Don Carlos Fabra Carreras y Doña María de los Desamparados Fernández Blanes”. También se realizaron “pagos relativos a su defensa legal y consignaciones judiciales a su nombre, y se dispuso en efectivo por un importe total de 466.095,68 euros”.

De este montante, 30.000 los habría retirado “el propio Don Carlos Fabra” y, otros 153.070 euros, Borja Fabra. “Asimismo, la mercantil Asdecas SL, administrada por Carlos Fabra, se benefició de 56.203,34 euros recibidos en cuentas a su nombre”, precisa el juez.

Además del crédito hipotecario de 1,4 millones de euros, el juez ha detectado uno posterior de 300.000 euros. Lo emitió el propio Fernando Roig mediante un cheque fechado el 28 de agosto de 2014. Fabra explicó al respecto ante el juez que se lo brindó debido a "una amistad que les unía" y que tampoco ha podido devolverlo.

Facsa y Becsa

El juez Pin -que fue a su vez quien instruyó el Caso Fabra por el que el expolítico acabó condenado a cuatro años de cárcel- describe en esta nueva causa “un presunto entramado elaborado por Carlos Fabra para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública”.

Por lo que respecta a Facsa, la instrucción advierte que la compañía de Enrique Gimeno ha brindado a Fabra y a su esposa garantías bancarias y una fianza por valor de 1,25 millones de euros. Fabra reconoció ante el juez que solicitó ayuda a su “amigo” Gimeno para afrontar su deuda con el fisco. 

Pero el juez lo considera “un perjuicio económico no repuesto” y advierte que la mercantil “mantuvo relaciones económicas de importes relevantes con la Diputación de Castellón en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2016, cuando Fabra estaba al frente”. Por ello cita a Gimeno como imputado, para que explique “si la relación económica respondía o no a una contraprestación”.

En cuanto a Becsa, administrada entonces por Luis Enrique Batalla, la instrucción detecta 232.897 euros transferidos por parte de la constructora a la sociedad Sipcas de los que fueron reenviados a Carlos Fabra un total de 211.000. Los pagos de Becsa respondían a supuestos servicios de asesoría e identificación de proyectos de construcción en Irak, Kuwait y Marruecos, unos trabajos cuya veracidad pone el juez bajo sospecha.