El juez que instruye el nuevo caso contra Carlos Fabra sospecha que el expolítico del PP y su hijo fingieron informes sobre posibles inversiones en el mundo árabe para justificar ingresos procedentes de la constructora Becsa (antigua Lubasa). Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón que investiga una presunta ocultación de patrimonio por parte del empresario para no hacer frente a la sanción de 1,4 millones de euros que se le impuso en el Caso Fabra, por el que fue condenado a 4 años de cárcel.
El nuevo auto, tal y como reveló el pasado sábado EL ESPAÑOL, imputa a conocidos empresarios de Castellón como Fernando Roig, presidente de Pamesa y del Villarreal CF; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Daniel Vicente Latorre, administrador de la firma de gestión de residuos Reyval -ahora Intercity Development-; o el propio Luis Enrique Batalla, exadministrador de Becsa. El total de investigados asciende a 27 personas.
Por lo que respecta a Becsa, el juez Jacobo Pin investiga pagos por más de 232.000 euros de esta conocida constructora a la sociedad Sipcas SL, cuyo administrador único es el hijo del expresidente de la Diputación de Castellón Borja Fabra Fernández. El grueso del dinero fue redirigido "de forma inmediata" a Carlos Fabra, según el auto.
Según el magistrado, el propio Borja Fabra explicó en su declaración el pasado 28 de octubre que los pagos de Becsa a Sipcas “respondían a supuestos servicios de asesoría e identificación de proyectos de construcción en Irak, Kuwait y Marruecos”, si bien el mismo reconoció al juez que “era la primera vez que hacía un trabajo de este tipo, y que colaboró con mucha gente”.
El objeto social de Sipcas SL es “la intermediación en la compra, venta, arrendamiento, excluido el financiero, y la construcción de inmuebles, así como la promoción inmobiliaria por cuenta de terceros”.
En respuesta a un requerimiento judicial efectuado el pasado 20 de septiembre, Becsa aportó al juzgado un “contrato de prestación de servicios de asesoría / consultoría” suscrito el 17 de enero de 2012 entre Borja Fabra y Juan Antonio Lozano Berzosa. Pero “en relación exclusivamente con Irak”, según advierte el juez.
Junto al contrato, Becsa aportó “dos facturas contabilizadas el 9 de diciembre de 2011 y el 9 de enero de 2012, ambas por 75.000 euros más 13.500 euros de IVA, si bien el 21 de diciembre de 2011 se pagaron 86.483,92 euros, no 88.500 euros”.
“Sin documentación alguna”
Jacobo Pin duda de la veracidad de estos trabajos porque “no se aporta ninguna documentación que refleje las labores de asesoramiento contratadas (correos electrónicos, actas de reuniones, entrega de documentación, valoración de las propuestas realizadas por Sipcas etc.)”. “Y en dicho contrato, pese a lo afirmado por Borja Fabra Fernández en su declaración judicial, se atribuye a la mercantil Sipcas amplios contactos y relaciones a nivel internacional”, agrega.
A su vez, el juez precisa que “constan en autos otras dos facturas por conceptos similares en relación con Kuwait y Marruecos, por 25.000 euros más 4.500 euros de IVA, sin que se haya aportado documentación alguna al respecto”.
En suma, el magistrado contabiliza “232.897 euros transferidos por Becsa SAU a Sipcas SL entre diciembre de 2011 y marzo de 2012”, y agrega una circunstancia muy significativa: A pesar de que se trata de una sociedad de Borja Fabra, “211.000 euros fueron reenviados de manera inmediata a Carlos Fabra Carreras”.
Por todo ello llama a declarar en calidad de investigados “a la mercantil Becsa SAU, cuyo administrador único es José Carlos Rambla Molinos, y a Luis Enrique Batalla Reigada, administrador único de la citada mercantil a fecha de hechos”.
Todo con el objetivo de “determinar los motivos por los que contrataron con la mercantil Sipcas SL por tales importes pese a carecer esta de experiencia en el sector, y por qué no consta ni un segundo contrato en relación a Kuwait y Marruecos, ni el resultado de tales gestiones contratadas”.
A su vez, Jacobo Pin llama a declarar en calidad de testigo, a Juan Antonio Lozano Berzosa, la persona con la que Borja Fabra suscribió el contrato el 17 de enero de 2011.