Javier Aureliano García. Almería
Cese "inmediato" de militancia a los detenidos del PP de Almería, cuyo partido apela a la "presunción de inocencia"
La dirección del partido designa al consejero Ramón Fernández-Pacheco como presidente provincial del partido.
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El PP de Andalucía ha suspendido de militancia de forma "inmediata" a los detenidos este martes en Almería acusados de una posible trama ilegal relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Según un comunicado de los populares, se "ha propuesto la suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato".
Además, desde el PP andaluz esperan que "tras esta investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados".
Apelan, en este caso, "a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento", que investiga a tres altos cargos del PP de Almería.
Sobre la vacante que deja el presidente del PP almeriense, el también presidente de la Diputación detenido, Javier Aurelio García, le sustituye el ahora consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.
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En todo caso, el PP andaluz quiere conocer al detalle el caso. Por eso, ha incoado un "expediente informativo" para "esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez".
El cese de estos tres cargos del partido se produce después de que lagentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan detenido esta mañana al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez.
Los agentes investigan a estos tres políticos por el caso mascarillas. Además, otras cuatro personas han sido detenidas, entre ellas un técnico de Obras Públicas y del hijo del alcalde de Fines, según han señalado a EFE fuentes de la investigación y de la UCO.
La operación se ha desarrollado a primera hora de la mañana con el registro, por parte de la UCO de la Guardia Civil, de diez inmuebles, entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".
