Transporte escolar. Imagen de archivo.
El trabajador de la Junta de Andalucía despedido por desviar fondos tenía facturas listas por más de 700.000 €
La Junta rescindió el contrato de este empleado año y medio antes de la denuncia de la Fiscalía, aunque el trabajador ha pedido su reingreso.
Más información: Una investigación por facturas falsas en el transporte escolar de Cádiz destapa un fraude de 351.000 euros
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional despidió el 2 de noviembre de 2023 a un trabajador de Cádiz. ¿Por qué? Porque desde la Junta habían detectado que estaba pagando dos veces a una empresa con dinero público.
De hecho, cuando el Gobierno andaluz destapó esta cuestión, este exempleado público tenía preparadas facturas por valor de unos 700.000 euros, según documentación a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL. "Paramos el pago inmediatamente", desvelan fuentes cercanas al caso.
Pero el daño al erario público ya estaba hecho. De ahí el despido, cuya sentencia ha recurrido el trabajador, que pide volver a su puesto en la administración andaluza porque, entiende, el despido fue improcedente.
En todo caso, cuando se le comunicó a este trabajador su despido, la Consejería de Educación trasladó el caso a la Fiscalía, que empezó una investigación. Año y medio después, el Ministerio Fiscal ha presentado una denuncia contra ese exempleado de la Junta por los pagos presuntamente irregulares que habría hecho.
Desde el Gobierno andaluz subrayan que fueron sus pesquisas las que descubrieron el caso de presunta corrupción. Y que sus averiguaciones fueron las que pusieron sobre la pista a la Fiscalía, que ha actuado después.
Agencia pública
Para entender el caso hay que ir a los inicios. Al curso 2022/2023. Entonces la Agencia Pública de Educación (APAE) detecta unos pagos sospechosos en el transporte escolar de la provincia de Cádiz. Todos apuntan a una misma empresa.
Por eso, la empresa pública "abrió diligencias preliminares por la tramitación irregular de expedientes de contratación de transporte escolar en la provincia de Cádiz en el curso escolar 22-23", explican desde la Junta.
Documento de despido del trabajador, año y medio antes de la denuncia de la Fiscalía. Sevilla
Ahí ya hubo medidas. Educación suspendió de empleo y sueldo al trabajador sospechoso que, más tarde fue despedido al entender desde la APAE que había un posible caso de desvío de dinero.
Desvelan fuentes de la Junta que la suspensión de empleo y sueldo del trabajador se hizo como medida preventiva. Se quería evitar que pudiera destruir u ocultar pruebas que le incriminaran a él o a empresas que hubiesen recibido dinero público de forma irregular.
Denuncia a la Fiscalía
La investigación tiene uno de sus hitos el 2 de noviembre de 2023. Es el día del despido del trabajador sospechoso, según la denuncia de la Fiscalía. Lo curioso es que el ya exempleado ha pedido el reingreso en su puesto de trabajo porque entiende el despido como improcedente.
Es entonces cuando "la Agencia Pública de Educación puso en conocimiento del caso a la Intervención General de la Junta, que a su vez lo traslada a la Fiscalía por indicios de delito" y también se le da traslado del caso a Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).
Pero, ¿cuánto dinero falta? Señalan desde Educación que han podido rastrear pagos presuntamente irregulares de hasta 351.000 euros. Además, reclaman más de 25.000 euros al trabajador despedido.
Más de 700.000 euros
Sin embargo, destacan fuentes de la Junta, el caso podría haber llegado a rozar el millón de euros. Esto es así porque, insisten, cuando se destapó esta cuestión había listas facturas por valor de unos 700.000 euros listas para pagarse. La mitad se pudieron parar, que eran las que estaban duplicadas.
Añaden fuentes cercanas al caso que la estrategia era emitir facturas y, luego, duplicarlas, para pagar dos veces por los mismos conceptos. Eso habría provocado un problema de tesorería que impidió pagar cuestiones legítimas. Así se habría descubierto el caso, al faltar dinero en caja para hacer frente a deudas 'limpias'.
Este caso, añaden personas cercanas a la causa, vincula en estos pagos a trabajadores de la empresa pública educativa con empresarios del sector del transporte escolar. Los delitos que ve la Fiscalía por ahora son malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental.
