Contratos de larga duración en vez de incentivos: la receta del Gobierno andaluz para retener a los MIR

Cambio de planes. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha decidido aparcar los incentivos ofrecidos el año pasado a los Médicos Internos Residentes (MIR) a cambio de ofrecerles contratos de larga duración e interinidades con el fin de fidelizarlos.

También para reforzar el plan de verano. De cara a los estos meses el Gobierno andaluz contempla hasta 35.600 contrataciones, un 15% más de sanitarios que los que se llamaron en 2018, el último año en el que el PSOE estaba al frente del Gobierno en la comunidad.

El pasado verano la Junta aprobó un complemento de 500 euros mensuales para que estos médicos se sumaran "de manera voluntaria" al plan del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para paliar la falta de sanitarios en el periodo estival.

Ahora el objetivo es desligar a los MIR del plan del verano y ofrecerles los contratos de larga duración, bien en las capitales de provincia o en zonas que estén un poco más alejados.

"Pero tenemos que ofrecerles todos, desligándolos de ese plan del verano que supone contratos más cortos porque el periodo vacacional es desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre", ha señalado la consejera Rocío Hernández en una entrevista a Europa Press.

Debido al impacto de la pandemia, el año pasado los MIR no acabaron la residencia hasta septiembre y la Junta les ofreció un complemento por rotar. Fue una situación excepcional, en palabras de la Consejería, provocada por el comienzo tardío del plan formativo por el Covid y la posible pérdida de oportunidades para ellos.

Comisión de investigación de los contratos

Precisamente la sanidad ha copado gran parte del protagonismo en el Parlamento andaluz. La Cámara andaluza ha rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) registrada por el Grupo Socialista.

El rechazo se ha sustentado en los votos contrarios del Grupo Popular, mientras ha recibido los votos favorables del promotor, el PSOE, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. Vox, por su parte, se ha abstenido.

La defensa de la iniciativa la ha asumido la portavoz socialista, María Márquez. Desde el atril de la Cámara andaluza ha esgrimido "el derecho de los andaluces a saber la verdad". A su juicio, ha planteado que "con más dinero que nunca la sanidad funciona peor que nunca".

El PP justifica su rechazo a la creación de esta comisión al considerar que tal "corrupción no existe". La diputada del Grupo Popular Beatriz Jurado ha desestimado que "se cuestione" modelos de contratación de emergencia y ha defendido su extensión hasta 2023, aun cuando la normativa estatal que la amparaba dejó de estar vigente.

"En 2021 fue el año cuando más españoles y andaluces fallecieron", ha recordado Jurado. Por ello, ha insistido en que este tipo de contratación "no fue una opción, fue una obligación para salvar vidas".

De manera paralela, juzgados andaluces están investigando los contratos de emergencia con la sanidad privada del Gobierno de Juanma Moreno vinculados a la pandemia del coronavirus. En concreto, un juez de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía que informe "de forma ordenada y diferenciada" de todas las adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2024.

El juez pone el foco de las pesquisas sobre las obras de remodelación del antiguo Hospital Militar de Sevilla, hoy Hospital Vigil de Quiñones, convertido durante la pandemia en Hospital de Emergencias Covid, según publica El Correo de Andalucía.

La reforma de este centro fue postergada por los gobiernos socialistas durante más de una década y se convirtió en uno de los compromisos estrella cumplido por el Gobierno de Juanma Moreno.