Vista general del acceso a la basílica del Valle de los Caídos.

Vista general del acceso a la basílica del Valle de los Caídos. Europa Press

España LEY DE MEMORIA

El PSOE acepta que la Ley de Memoria incluya el catalán y el vasco como "víctimas" del franquismo

Podemos saca adelante todas sus enmiendas, como suprimir 33 títulos nobiliarios franquistas o renombrar el Valle de los Caídos.

28 junio, 2022 14:35

El PSOE acepta que la futura Ley de Memoria Democrática considere el catalán, el euskera y el gallego como "víctimas" del franquismo. Así consta en una de las enmiendas al texto pactada entre los socialistas, Unidas Podemos y PDeCAT, que también otorgará esa calificación a Galicia, País Vasco y Cataluña, así como a sus culturas propias.

Por su parte, la formación que encabeza Ione Belarra ha conseguido que todas sus enmiendas al texto sean aceptadas por su socio en el Gobierno. Y éstas incluyen renombrar el Valle de los Caídos y el "reconocimiento de las víctimas de la Transición" hasta 1983. Estos acuerdos se plasmarán en el proyecto de ley que tramitará el Congreso de los Diputados.

"Se modifica la denominación del Valle de los Caídos para ser denominado Cuelgamuros, como un lugar de memoria democrática, cuya resignificación irá destinada a dar a conocer (...) el periodo histórico en el que se inserta y su significado", reza la enmienda pactada entre los socialistas y Podemos.

Y añade: "Se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto", en una más que clara alusión a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fusilado por los republicanos en 1936 y que descansa en el altar mayor de la basílica.

Además, Podemos ha acordado con el PSOE suprimir 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978. Son los siguientes: duque de Primo de Rivera (con grandeza de España), duque de Calvo Sotelo (con grandeza de España), duque de Mola (ídem), conde del Alcázar de Toledo (grande de España), conde de Labajos, marqués de Dávila (grandeza de España), marqués de Saliquet, marqués de Queipo de Llano, marqués de Alborán, conde del Jarama, marqués de Varela de San Fernando, conde de Benjumea, marqués de Somosierra, grandeza de España otorgada al conde de Rodezno, marqués de San Leonardo de Yagüe, conde de la Cierva, marqués de Vigón, conde de Fenosa, conde del Castillo de la Mota, marqués de Suanzes, marqués de Kindelán, conde del Pallasar, marqués de Casa Cervera, conde de Martín Moreno, marqués de Bilbao Eguía, grandeza de España concedida a Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, conde de Bau, duque de Carrero Blanco (grande de España), duque de Franco (ídem), marqués de Arias Navarro (con grandeza de España), señorío de Meirás, conde de Rodríguez de Valcárcel y conde de Iturmendi.

Ley de Amnistía de 1977

Además de estos extremos, Unidas Podemos también consigue que la futura norma reconozca que tanto la Ley de Amnistía de 1977 como el Código Penal deban "tener en cuenta los principios del Derecho Internacional Humanitario, así como los principios del Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg", el encargado de juzgar a jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, ambas formaciones tratan de atraer a Esquerra hacia el a la norma, con una redacción cercana a los deseos de los republicanos catalanes.

Otras de las enmiendas pactadas entre socialistas y Podemos son: la "creación de una oficina de víctimas de la dictadura", un censo de las mismas, el reconocimiento del "derecho al resarcimiento de bienes incautados" o que los descendientes de los brigadistas internacionales —combatientes extranjeros voluntarios que lucharon en las filas republicanas durante la Guerra Civil— puedan solicitar la nacionalidad española.

"Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura. La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones", reza el articulado acordado entre ambas formaciones, cuya ponencia se ha votado este martes.

El texto de la futura norma se debatirá la próxima semana en la Comisión Constitucional y el 14 de julio se aprobará, previsiblemente, en el Pleno de la Cámara Baja para que vaya luego al Senado.

Catalán, euskera y gallego

En otra de las enmiendas —apoyada por Podemos, Más País, PDeCat y los socialistas— se reconoce "la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca perpetradas por el régimen dictatorial franquista durante el periodo de la guerra, así como en las décadas posteriores de dictadura".

Ambos socios de Gobierno también han acordado con los posconvergentes que la futura Ley de Memoria Democrática considere "víctimas" a "las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de éstas".

Asimismo, Podemos ha acordado con el Partido Socialista la constitución de una comisión "de ámbito estatal", de carácter "académico, temporal y no judicial, independiente", cuya finalidad sea la de "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura".

Según indica la enmienda acordada entre ambos grupos, la labor de este organismo será la de recibir "testimonios" y "recopilar documentos" que le permita, de forma "objetiva" e "imparcial", elaborar conclusiones y recomendaciones para la "reparación de las víctimas", evitando así "que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro".

Sin dar mucho más detalle, el texto indica que estará conformada por miembros del ámbito académico "de reconocido prestigio" y de la órbita de la defensa de los derechos humanos.

Este martes, el PSOE también ha pactado con EH Bildu la creación de una comisión independiente que investigue el franquismo. Pero el objeto de su análisis no finalizará en 1975, fecha de la muerte del dictador, sino en 1983. Es decir, cinco años después de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978. Su investigación incluirá, por tanto, los gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD) y el primer año del socialista Felipe González en la Moncloa.