El expresidente Artur Mas durante una rueda de prensa.

El expresidente Artur Mas durante una rueda de prensa. EFE

España INVESTIGACIÓN

El jefe de Infraestructuras de la Generalitat con Mas participaba en secreto en una constructora

  • Según Hacienda y la Guardia Civil, Joan Lluis Quer hizo una venta ficticia de acciones y benefició a su empresa con contratos públicos.
  • Vendió sus participaciones por un valor 100.000 veces inferior al precio de mercado.
  • El juez envió una comisión rogatoria a Chile en busca de dinero de procedencia ilícita. Todavía no ha tenido resultados.

El máximo responsable de la obra pública en Cataluña durante el mandato de Artur Mas escondía una participación secreta en una constructora a la que la Administración catalana otorgaba contratos públicos. Así se desprende al menos de los informes de Hacienda y la Guardia Civil obrantes en la pieza secreta del caso 3% que investiga el amaño de contratos por parte de un cártel de empresas afines a CDC, tal y como desveló hace más de un año EL ESPAÑOL. 

Según el sumario del caso, Joan Lluis Quer fue nombrado por Artur Mas en 2011 presidente de GISA, la entidad pública catalana que controla toda la obra pública en la comunidad autónoma y que luego pasó a llamarse Infraestructures. Hasta entonces, Quer era responsable de una ingeniería llamada Auding Intraesa y por medio de otra compañía llamada PEAC, propietario de una parte de la sociedad.

Con su nombramiento público, ese negocio privado se hizo incompatible. Quer no podía dar contratos desde la Generalitat y recibirlos como accionista de una de las empresas beneficiarias. Por ello, sobre el papel el alto cargo autonómico vendió su paquete de acciones. Ahora, la Guardia Civil y Hacienda consideran que la operación fue "simulada" y que el presidente de la obra pública catalana siguió controlando en secreto sus participaciones en la empresa. 

El 25 de marzo de 2011, Joan Lluis Quer vende las acciones de la empresa a la propia mercantil, administrada por sus sucesores en el cargo. Pero la operación está fuera de mercado. Primero porque el paquete accionarial vale más de 302.000 euros pero se vendió por 100.000 veces menos (3,02 euros). Y segundo por que las participaciones sociales estaban en ese momento pignoradas a otras dos mercantiles, que incluían para materializar la venta, la necesidad de un consentimiento expreso por parte de ellas. Algo que nunca se produjo, a falta de conocer una escritura pública que, en cualquier caso, se elevó fuera de plazo y a la que los agentes no han tenido acceso todavía.

Donación encubierta

En la práctica y según los informes de Guardia Civil y Hacienda, Quer se sirvió presuntamente de un andamiaje societario para fingir la venta de sus acciones, cuando en realidad nunca se produjo. De ahí, a juicio de los expertos judiciales, llega la falta real de pago de la operación. 

"En definitiva es una venta de 302.000 euros a precio de 3.02 euros, a una mercantil (PEAC) integrante de Auding Intragesa, de unas acciones a su vez tuteladas por terceras mercantiles presuntamente afines a Quer, de forma que no escapen a su control aunque no las posea de forma directa, pudiendo asimilarse a una donación encubierta", explican los agentes especializados en delincuencia financiera.

En este punto, la investigación se centró en dos contratos concretos. Dos licitaciones entregadas por Infraestructuras a Auding, la compañia de Quer. Los informes de la Guardia Civil reflejan que los agentes encontraron copias de ambos expedientes en el despacho de Andreu Viloca, entonces tesorero de Convergencia y uno de los principales imputados en la causa por cobrar presuntamente mordidas para el partido a cambio de adjudicaciones públicas. Da la casualidad de que la función oficial de Viloca nada tenía que ver con este tipo de concesiones o documentos. De ahí lo importante del hallazgo.

Además, los agentes plantean el posible pago de mordidas al partido por estas concesiones. El 7 de marzo de 2012, la mercantil TEC-4 hizo una donación de 50.000 euros a la Fundación Catdem. La Guardia Civil vincula este presunto acto de filantropía a la concesión de un contrato de asistencia técnica para desdoblar una carretera y enlazarlo con la A-2 para Auding, que forma parte junto a la firma donante de un consorcio empresarial presidido por Maria Loreto Casas, la persona que administró la compañía Auding tras la salida de Quer para dedicarse al sector público.

Sin embargo, los informes de Hacienda reflejan que el responsable público siguió teniendo firma en "numerosas cuentas bancarias de entidades del grupo Auding Intraesa" y de otras entidades privadas años después de aceptar el cargo.

El expresidente de Insfraestructures.cat (antigua GISA) Joan Lluís Quer

El expresidente de Insfraestructures.cat (antigua GISA) Joan Lluís Quer E.E.

Comisión rogatoria a Chile

Tras analizar la operación, el juez pidió a los expertos en fraude fiscal que se pronunciaran, y que buscaran un posible patrimonio oculto del responsable público. "Existen sólidos indicios de que se podría tratar de una operación simulada. La falta de lógica económica lleva a considerar que se habría generado con la compraventa una apariencia de negocio ficticio, realmente no querido, para encubrir la voluntad real subyacente en esta operación, que no es otra que mantener la participación del señor Quer en Auding pero sin mostrar públicamente su titularidad", explican los auditores.

Además, los informes de Hacienda reflejan que, tras su salida de la Generalitat, Quer fichó por una fundación privada pero vinculada al sector público llamada Institu Cerdá. El organismo tiene dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona. Pero con la llegada del ex alto cargo de la Generalitat abrió una delegación en Chile. Algo que llamó la atención de los auditores, que no encuentran rastro de los trabajos que el exresponsable público ha hecho allí para la institución ni de la forma en la que "se financia la actividad de la delegación chilena, ya que no se han detectado salidas de divisas al extranjero que pudieran satisfacer las necesidades económicas de la filial".

Es por ello que los expertos fiscales solicitaron en su informe al juez que lance una comisión rogatoria a Chile y pida documentación de todas las cuentas que puedan estar en manos de Joan Lluis Quer en el país sudamericano. El juzgado atendió la petición en verano del año pasado y espera todavía los resultados.