Los acontecimientos recientes en Venezuela vuelven a poner de relieve una realidad que atraviesa a América Latina y el Caribe: el desplazamiento forzado y las profundas necesidades humanitarias de millones de personas. Sin embargo, la situación venezolana no ocurre en el vacío.
Desde el Catatumbo colombiano hasta Artibonite en Haití, o desde comunidades centroamericanas atrapadas por la violencia hasta islas caribeñas devastadas por huracanes, la región vive en un equilibrio frágil donde las crisis se superponen y las respuestas humanitarias avanzan a contracorriente. En este paisaje complejo, dolor y esperanza conviven.
El caso venezolano sigue siendo decisivo. Su impacto se siente en toda la región y más allá, tanto en países vecinos como en destinos más distantes.
En España, por ejemplo, en 2025 la nacionalidad más común entre las personas solicitantes de asilo fue la venezolana, con más de 85.000 solicitudes —el 59% del total—, un aumento del 29% respecto al año anterior. Ese mismo año, más de 57.000 personas, en su mayoría venezolanas, obtuvieron protección por razones humanitarias.
Estos datos evidencian que el desplazamiento forzado es un fenómeno global que exige solidaridad, refugio y reconocimiento del aporte socioeconómico que brindan los refugiados a las comunidades que los acogen.
En el continente de las Américas, más de 21 millones de personas han tenido que huir. La región enfrenta la convergencia de violencia, crisis prolongadas y los efectos crecientes del cambio climático, al mismo tiempo que sufre recortes significativos en la financiación humanitaria global.
Otras emergencias agravan esta presión. En Haití, la violencia en Artibonite ha generado desplazamientos masivos en un entorno de colapso institucional.
En Jamaica, el huracán Melissa dejó casi 280.000 personas desplazadas y amplias zonas sin agua ni electricidad, recordando la vulnerabilidad del Caribe frente a fenómenos climáticos extremos.
En Colombia, el deterioro acelerado del Catatumbo volvió a afectar a decenas de miles de personas: enfrentamientos entre grupos armados, confinamientos y desplazamientos repentinos obligan a familias enteras a huir con lo mínimo.
Aun así, la región demuestra que las soluciones existen. Países como Colombia, Brasil y México han implementado políticas de documentación, regularización e integración socioeconómica que han estabilizado comunidades enteras. Costa Rica sigue dando refugio a cientos de miles de nicaragüenses que huyen de persecución y represión.
Cuando se garantiza protección legal, acceso al empleo e inclusión financiera, las personas refugiadas no solo reconstruyen su vida, sino que contribuyen activamente al desarrollo de sus comunidades de acogida.
Venezuela requerirá un seguimiento cercano en 2026. Mientras algunos países refuerzan sistemas de acogida saturados, las personas que retornan necesitan apoyo sostenido para reintegrarse con dignidad.
No se trata de reinventar respuestas, sino de ampliar lo que ya funciona: documentar y proteger desde el inicio, facilitar permisos de trabajo, promover inclusión financiera y asegurar financiación flexible que llegue también a las crisis menos visibles.
Las crisis —y las soluciones— de las Américas están conectadas con la estabilidad global. Apoyar la protección y la integración no es solo un acto de solidaridad: es una responsabilidad compartida.
*** Juan Carlos Murillo es el responsable de la oficina de ACNUR para las Américas.