La transición energética es el motor clave de la transformación ecológica que está redefiniendo nuestra sociedad. Necesitamos energía de manera continua, segura y limpia, para todos los sectores y territorios: desde la industria a los hogares, desde las grandes capitales hasta los núcleos de población rurales.
A su vez, esta demanda continúa en aumento, lo que hace necesario recurrir a un número cada vez mayor de fuentes de energía más diversas, descentralizadas y con bajo impacto ambiental.
En nuestro país, el aumento de la demanda energética ha ido acompañado de un despliegue progresivo y cada vez más significativo de infraestructuras de energía renovable en el territorio. Infraestructuras y proyectos de diferente alcance y extensión que avanzan por todas las provincias con mayor o menor velocidad.
Sin embargo, cabe preguntarse: si la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma; ¿por qué los beneficios de su generación ni se distribuyen ni se socializan, sino que se concentran?
El momento actual de la transición energética y el aumento en la implementación de energías renovables en España ofrecen una oportunidad para que las zonas rurales aprovechen sus recursos, estimulando el desarrollo local.
Más allá de contribuir a la reducción de la huella ambiental del sistema energético, estos proyectos tienen el potencial de dinamizar la economía local y generar ingresos que impulsan el desarrollo comunitario, mediante la creación de empleo, el aumento de ingresos fiscales y el impulso a otras actividades económicas.
Sin embargo, y precisamente debido al amplio despegue de proyectos renovables en el territorio, nos encontramos ante una dicotomía no exenta de numerosos retos: mientras que la generación de la energía se traduce en beneficios privados a escala nacional, los impactos negativos recaen sobre los municipios o comarcas, afectando al paisaje, a la biodiversidad o a los usos del suelo.
En muchos de los casos está en cuestión la licencia social del proyecto, entendida como la aceptación y legitimidad que la comunidad local otorga al proyecto, un elemento decisivo. Sin este respaldo de la comunidad local, incluso los proyectos técnicamente viables y que cuentan con la debida licencia administrativa pueden enfrentar oposición y riesgo de fracaso.
Ante esta dicotomía, el proyecto Renovables con el Territorio: una visión compartida propone una serie de medidas para impulsar un modelo de despliegue de generación de energía eólica y solar, de manera que se reduzcan estas fricciones y se potencien al máximo los beneficios ambientales y sociales.
En particular, para minimizar la dicotomía planteada, se establece la necesidad de diseñar un fondo de desarrollo local que incida particularmente en las zonas donde se concentran las instalaciones de energías renovables.
La creación de un fondo permitiría articular una cantidad mayor de recursos a emplear en proyectos de desarrollo local y cohesión social, tanto a nivel económico, social y ambiental, como en restauración y conservación de biodiversidad.
"¿Qué es un fondo de desarrollo local? Es un instrumento de justicia territorial financiado por la generación de energías renovables. Busca devolver beneficios a las zonas afectadas mediante inversiones, entre otros, en empleo, servicios públicos y biodiversidad".
Un fondo de desarrollo local no debe analizarse como un instrumento de mera compensación económica, sino como una forma de justicia territorial. No se trata, por tanto, de habilitar un mecanismo para generar una compensación puntual, sino de favorecer una cohesión y un desarrollo local duraderos.
El diseño del fondo debe garantizar la redistribución de los beneficios de los grandes proyectos hacia los territorios afectados, impulsando actuaciones que generen impacto inmediato y sostenido (medio y largo plazo) en los municipios y comarcas generadores de la energía.
A su vez, debe suponer un refuerzo a la soberanía energética local (a través del autoconsumo compartido y comunidades energéticas), acompañando a la comunidad en una transición energética tan necesaria como imparable.
Estos proyectos son una oportunidad de atender las necesidades derivadas del reto demográfico que enfrentan gran parte de los territorios generadores de energía renovable, a saber: la atracción de industria verde e inversiones sostenibles y fijación de población estable, consolidando infraestructura clave y la cohesión social y económica.
El fondo representa un potencial de impulso al empleo local y al emprendimiento vinculado al mantenimiento de las plantas y a industrias auxiliares.
Como propone la hoja de ruta de Renovables con el Territorio, el valor del fondo reside en el codiseño: un mecanismo de estas características sólo tendrá éxito si nace desde un modelo de gobernanza pública con participación real de los municipios y de la ciudadanía afectados en la toma de decisiones, con programas de inversión de los beneficios generados diseñados conjuntamente con el tejido social local para asegurar que respondan a las necesidades reales del territorio.
Aspectos como la trazabilidad pública del dinero recaudado, la valoración de los proyectos financiados con este fondo y su propia capacidad de ajuste en el medio plazo (para evaluar periódicamente el impacto territorial y social cumplido) son piezas fundamentales para trasladar a la realidad los conceptos de transparencia y rigor que los deben regir.
La realidad demanda que tanto desde las administraciones públicas como desde las empresas promotoras se apueste por una visión de los proyectos de energías renovables que trascienda el componente técnico.
Hay que ir más allá, asumiendo que la transparencia y el diálogo son pilares fundamentales para construir relaciones de confianza.
Urge adoptar protocolos de comunicación proactivos, que permitan conocer la realidad del tejido social de los territorios en los que se ubican estos proyectos, desde las fases más tempranas de concepción y diseño.
Sólo con un despliegue de mecanismos de gobernanza junto con un retorno justo de los beneficios será posible transformar el clima de desconfianza actual en una corresponsabilidad sólida en la que las comunidades locales pasen de ser espectadores pasivos a convertirse en actores con capacidad real de cambio.
En última instancia, el éxito de una España renovable no se medirá únicamente por su capacidad de generación instalada, sino por su habilidad para lograr que los territorios sobre los que se ubican se sientan integrados y parte de esta transición y reciban beneficios directos de su propio recurso energético.
Sin este retorno, basado en la justicia territorial, la transición corre riesgo de carecer de la legitimidad necesaria para consolidar un modelo energético que sea, de forma efectiva, compatible con la vida y el futuro del medio rural.