Después de más de diez años dedicados a la movilidad corporativa en Europa, y más de veinte vinculado al mundo del transporte, celebro la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
Sin duda, se trata de un avance significativo que, por primera vez, sitúa la movilidad de los empleados en el centro de la estrategia empresarial, y no como una cuestión secundaria o de responsabilidad individual. Es un cambio de enfoque que llevamos años esperando.
La ley obligará a las empresas de más de 200 empleados, o 100 por turno, a presentar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. Puede ser una oportunidad para anticiparse, liderar y transformar tanto a las empresas como a la sociedad.
En España, el 65% de los desplazamientos laborales aún se realiza en coche privado, la mayoría con un solo ocupante. Este modelo genera congestión, contaminación, costes económicos y desgaste humano.
Promover soluciones de transporte colectivo no solo reduce los costes operativos y las emisiones, sino que mejora la atracción y retención del talento, especialmente entre los más jóvenes, que ya no aspiran a tener un coche propio, sino disponer de más tiempo personal.
Además, un plan de movilidad bien diseñado reduce la base salarial sin disminuir el poder adquisitivo de los empleados: mantener un coche propio cuesta de media más de 300 euros mensuales, frente a los 150 euros por empleado de una solución corporativa. El impacto es evidente: más bienestar, menos estrés, menos bajas laborales y una reducción de más del 80% de emisiones contaminantes.
En definitiva, es eficiencia, no filantropía.
La nueva ley establece un marco necesario, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que su impacto sea verdaderamente transformador.
Desde nuestra experiencia trabajando con cientos de compañías y miles de empleados cada día, identificamos algunos obstáculos especialmente relevantes aún por resolver.
Las empresas que ofrecen transporte colectivo a sus empleados las ven cómo un servicio que se considera una retribución en especie y, por tanto, tributa como salario.
Esta interpretación desincentiva tanto a las empresas como a los trabajadores a utilizar soluciones de movilidad corporativa. En la práctica, traslada la responsabilidad del desplazamiento al empleado, incluso cuando la empresa está dispuesta a ofrecer una alternativa más sostenible.
Alquiler de bicicletas estacionadas en la acera. Istock
En la mayoría de países de la Unión Europea, estos servicios están exentos de tributación. Allí se entienden como una acción de responsabilidad empresarial y una política pública de fomento de la movilidad sostenible, no como un beneficio personal.
Otro obstáculo es la imposibilidad práctica de que varias compañías compartan un mismo autobús o servicio de transporte para sus empleados, aunque tengan sedes cercanas y horarios compatibles.
La legislación actual considera estos acuerdos como competencia al transporte público, lo que obliga a las empresas a firmar complejos contratos o solicitar múltiples autorizaciones para hacerlo legalmente posible, volviendo casi inviable la movilidad compartida interempresarial.
La intención de proteger el transporte público es comprensible, pero la realidad es que no puede cubrir de forma eficiente áreas periféricas a las ciudades en horarios concretos.
En esos casos, el transporte corporativo colectivo no compite, sino que complementa al transporte público, ofreciendo una alternativa que la hace más sostenible, eficiente y accesible.
Si aspiramos a que la nueva ley sea algo más que una buena intención, necesitamos un marco legislativo que fomente la innovación y la colaboración entre el sector público y el privado.
Sabemos qué funciona, qué no, y qué podría si hubiera voluntad para construir soluciones conjuntas. Por eso, celebro esta ley no como un punto de llegada, sino como un punto de partida.
El objetivo no debe ser proteger cuotas de mercado, sino responder a una transformación profunda en los hábitos de movilidad de las personas: menos propiedad, más servicio; menos individualismo, más colaboración; menos contaminación, más consciencia.
Cumplir con la ley será necesario. Anticiparse a ella será diferencial. Y no solo para las empresas que buscan optimizar costes o atraer talento, sino para todas aquellas que entienden que el futuro del trabajo también se construye en el camino hacia él.
La movilidad sostenible no es una moda regulatoria. Es una oportunidad económica, social y ambiental, un nuevo pacto entre empresa, empleado y entorno. Y si sabemos aprovecharla, podremos construir un país más conectado, más competitivo y más humano.
*** Rui Stoffel Fernandes es fundador y CEO de BUSUP.