El pasado mes de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Una ley que no pudo aprobarse la pasada legislatura y que el Gobierno retomó a principios de esta, pero que ya parece adentrarse en la fase final de su tramitación.

El texto supone una buena noticia, ya que con ella nuestro país se coloca en el listado de los primeros países en legislar contra el desperdicio de alimentos marcando la diferencia y haciendo su contribución para la consecución del objetivo global marcado por la ONU de reducir el desperdicio de comida a la mitad para 2030.

Sin embargo, si echamos un vistazo al contenido del texto, ¿podemos decir que estamos ante una ley ambiciosa y que va a ser capaz de abordar el gran reto que tenemos por delante de reducir los 7,7 millones de toneladas que cada año se desperdician en España?

Lo cierto es que el contenido actual de la norma, que en estos momentos continúa con su tramitación en el Senado y aún está sujeta a cambios, se aleja del concepto de una ley ambiciosa a la altura de un país que quiere apostar por un sistema alimentario más sostenible, eficiente y sin desperdicios, y que aspira a colocarse a la altura de otros países que ya están tomando acción frente a este desafío global.  

De antemano, hay que señalar que la ley incluye puntos muy positivos. Entre ellos, la prevención es ya una prioridad y ya se hace referencia a los objetivos de reducción de desperdicio alimentario en los distintos eslabones de la cadena alimentaria y todo ello gracias a las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, si queremos una ley que marque un antes y un después y sea una referencia en la lucha contra el desperdicio de alimentos se necesita incluir dos medidas fundamentales, sin las cuales va a ser muy difícil dar cumplimiento a todos estos objetivos y mucho menos si no se cuenta con la participación activa de todos los sectores, incluidos el público. 

En primer lugar, el texto actual prevé que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medirá y analizará el desperdicio alimentario generado por el consumidor dentro y fuera de los hogares. Pero, ¿qué pasa con el desperdicio de alimentos en el resto de sectores?

¿De qué vale medir y analizar solo los residuos que generan los consumidores si no se analiza también lo que está pasando en el resto de eslabones de la cadena? Sin esa información se estará perdiendo una gran cantidad de datos y no se podrá tener una visión completa de las dimensiones del problema para poder buscar y aportar soluciones que ayuden a resolverlo en cada uno de los sectores.

Por ello es fundamental que en el contenido de la ley se extienda la cuantificación a todos los eslabones de la cadena y que se pongan los recursos y las herramientas que sean necesarias para poder recopilar esa información.

Asimismo, el texto actual excluye a las microempresas con una facturación inferior a los dos millones de euros y 10 empleados de la obligación de seguir la jerarquía de prioridades frente al desperdicio alimentario. Esto dejaría fuera al 80% de las empresas de la industria alimentaria de la implementación de esta medida y con ello, se prescindirá de la tan importante contribución de la amplia mayoría de las compañías, sin las que no será posible cumplir con los objetivos establecidos.

Esto contrasta con países como Francia, donde las empresas deben cumplir con todas las medidas contra el desperdicio alimentario, independientemente de su tamaño. En este sentido, es importante que la jerarquía de prioridades sea de obligada aplicación para todos los actores, sin excepción, y que en su caso se dote de mayor apoyo a aquellas empresas para las que este cumplimiento suponga un esfuerzo adicional por su tamaño o ingresos.  

Resulta curioso que el texto aprobado en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura de 2023 y cuya tramitación decayó por la convocatoria anticipada de elecciones generales, sí preveía las medidas anteriores. Sin embargo, en el texto actual no solo no se han incluido, sino que se han ido dando pasos hacia atrás.

Queda esperar a las posibles enmiendas que presenten los grupos parlamentarios de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado, pero está claro que si queremos resolver el gran desafío del desperdicio de alimentos debemos apostar y arriesgar, en vez de quedarnos con una ley que se queda a medio gas y que aún puede aspirar a más.

Por tanto, apostemos por la colaboración de todos los sectores, incluida la propia administración pública, y trabajemos juntos por tener una ley ambiciosa o de lo contrario será imposible acabar con los 250 kilos de comida que se desperdician cada segundo en nuestro país.

*** Victoria Albiñana es responsable de relaciones institucionales y asuntos públicos en Too Good To Go España y Portugal.