Hablar de movilidad eléctrica no es hablar de futuro, sino de presente. Un presente en el que la infraestructura está dejando de ser un problema para los conductores. Para mostrarlo, le invito a hacer un ejercicio sencillo pero muy ilustrativo.
El reto consiste en buscar en un portal agregador de puntos de recarga cuántas estaciones ultrarrápidas hay disponibles en un viaje simulado entre dos ciudades importantes. Por ejemplo, un Madrid–Málaga, un trayecto de algo más de 500 km. En la actualidad podrá encontrar más de 11 estaciones, a pie de carretera, disponibles para cargar 30 minutos y continuar el viaje.
En un escenario global impulsado por la sostenibilidad y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la movilidad eléctrica se presenta como un faro hacia un futuro más limpio y eficiente. Sin embargo, en España, el camino hacia la electrificación de la movilidad ha experimentado un cierto retraso en comparación con otros países europeos. ¿Cuáles han sido los frenos en este trayecto?
En primer lugar, nos encontramos con una infraestructura de recarga pública insuficiente. Si bien es cierto que hay matices y, aún queda camino por recorrer para lograr una cobertura total, la situación actual tampoco se puede decir que sea mala. España cuenta con aproximadamente 28.000 puntos de recarga eléctrica, lo que representa un cargador por cada 5 vehículos. Es verdad que la media europea es de 1 por cada 10, pero también lo es que esa falta de infraestructura no es del todo real.
Otro aspecto a destacar es la disparidad de ingresos. A pesar de que los vehículos eléctricos son más costosos, en Portugal, por ejemplo, que tiene una renta per cápita inferior a la de España, se adquieren —proporcionalmente a su tamaño de mercado— tres veces más coches eléctricos o híbridos enchufables.
Estas diferencias pueden atribuirse a los incentivos fiscales y ayudas que se proporcionan para fomentar su adquisición. En España, probablemente el mayor de los frenos es el programa MOVES, en comparación a las ayudas fiscales directas que hay en otros países.
Y es que, aunque en nuestro país contamos con un volumen de ayudas líder, resultan insuficientes en su aplicación. Mientras que en otros países se trabaja, por ejemplo, con un IVA 100% deducible en empresas, en España se ofrece una ayuda que tarda hasta 24 meses en hacerse efectiva.
Para la previsión de la Agenda 2030, se espera que en España circulen alrededor de 5 millones de vehículos eléctricos y estén disponibles 240.000 puntos de recarga, posicionando al país en una posición más favorable en comparación con otros países de la UE.
Sin embargo, según datos de ANFAC, podemos ver que aún nos encontramos lejos de países vecinos como Francia o Portugal, que superan el 21% de vehículos electrificados —España no alcanza el 10%—. Es cierto que la densidad de puntos de carga puede y debe mejorar, también la calidad, el mantenimiento y cantidad de estaciones de alta potencia.
Es también cierto que hay algunos usuarios para los que hoy por hoy un vehículo eléctrico puede no ser su mejor opción. En este sentido, observamos que hay una falta de información sobre la utilización, métodos de pago y localización. Son aspectos que hacen que el consumidor particular sea más reticente a la hora de adquirir un vehículo eléctrico.
Un ejemplo claro lo vemos en otros países en los que la interoperabilidad o el pago con tarjeta bancaria están mucho más extendidos, (es decir, el usuario puede en una sola APP visualizar y operar de una manera muy sencilla todos los puntos de carga). Vemos también fabricantes de vehículos con un software en sus coches que soluciona de manera efectiva la planificación, dando buenas opciones al conductor.
En definitiva, no es tanto la cantidad de puntos, sino la manera de encontrarlos y poder utilizarlos haciendo mucho más natural y amigable el proceso. Y logrando, también, que la percepción sobre la recarga cambie de manera radical.
Además de esta falta de información, las posibilidades que ofrecen los coches eléctricos no son plenamente conocidas por los consumidores, ya que además las instituciones públicas proporcionan información poco clara sobre las ventajas.
Algunos consumidores también pueden tener reticencias en la compra porque creen que el aumento del precio de la electricidad podría ser un inconveniente, pero los estudios demuestran que un coche eléctrico que se carga en casa siempre será más económico que un vehículo que se mueve con gasolina o gasoil.
El coste del cargador es además un coste que se amortizará en años y que, por su simplicidad, durará más que la vida del propio automóvil. Además, España cuenta con una de las regulaciones que mejor apoya la instalación de cargadores en los garajes privados.
En el lado de las ventajas, usuarios que residen en el centro de las ciudades, los que realizan desplazamientos diarios y aquellos conscientes del impacto medioambiental, encuentran en los coches eléctricos una oportunidad práctica y eficiente.
En un reciente estudio realizado por Electromaps sobre el perfil de los usuarios de vehículos eléctricos, se mostraba que las principales razones de los encuestados para el uso del vehículo eléctrico eran el ahorro en combustible y el mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del vehículo.
En este sentido, en el camino hacia la movilidad sostenible, la clave radica en comprender para quiénes los coches eléctricos representan una verdadera oportunidad y en ofrecer alternativas igualmente beneficiosas para quienes buscan opciones más adecuadas a sus necesidades y circunstancias.
España tiene mucho trabajo por hacer aún si no quiere seguir a la cola de Europa. No podemos perder esta oportunidad, la diferencia entre llegar pronto o tarde es notable. Las cartas ya están sobre la mesa. Hay que aprovechar las oportunidades industriales, de crecimiento e innovación en nuevas tecnologías que ofrece un momento de cambio como este.
*** Javier Martínez Ríos es director de Movilidad Sostenible de EDP España.
