Foto de familia jornada de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Cedida
El Congreso reclama acelerar la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores antes de 2030
La Plataforma de Mayores y Pensionistas exige voluntad política frente al edadismo y reforzar las garantías de dignidad, igualdad y protección.
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La defensa de los derechos de las personas mayores dejó este lunes 25 de mayo una imagen poco habitual en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados con asociaciones, expertos jurídicos, representantes institucionales y portavoces parlamentarios alineados en una misma idea.
El tiempo corre y la futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores no puede eternizarse. El objetivo, repitieron varios de los participantes durante la jornada organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, es que el tratado vea la luz antes de 2030.
Bajo el título 'España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos', el encuentro convirtió el Congreso en un espacio de reflexión sobre uno de los grandes desafíos demográficos del siglo XXI. Pero también en un lugar de advertencia.
Porque, aunque Naciones Unidas ya ha dado el paso para iniciar la redacción de una convención vinculante, los asistentes insistieron en que los derechos de las personas mayores continúan demasiado expuestos al edadismo, la discriminación y la invisibilidad institucional.
El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, abrió la jornada con un mensaje directo: "No procrastinemos".
Reconoció que el proceso internacional será "complejo" y "largo", pero reclamó voluntad política para evitar que la negociación se dilate indefinidamente.
A su juicio, España no puede permanecer "con los brazos cruzados" mientras avanza el debate en Naciones Unidas y debe impulsar, de forma paralela, una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores que afronte las brechas que siguen afectando a este colectivo.
Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Cedida
Ese mismo tono reivindicativo atravesó el resto de las intervenciones. La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el pasado 3 de abril la resolución para iniciar la redacción del tratado y defendió que España ha respaldado el proceso "desde sus inicios", incluso cuando parte de Europa mostraba reticencias.
Sancho fue más allá y situó el debate en un plano de transformación social. Pues, la Convención, afirmó, puede convertirse en "un instrumento" para construir "una sociedad más justa" que garantice el derecho a "envejecer con salud, bienestar y dignidad".
La dimensión internacional del debate la aportó Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, quien describió el edadismo como una discriminación "aceptada" socialmente.
"El disfrute de todos los derechos humanos disminuye con la edad", advirtió, al tiempo que defendió la Convención como una herramienta capaz de transformar valores éticos en obligaciones jurídicas reales.
![María Leal, fundadora de Plennio y experta en cuidado de los mayores.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/04\/04\/mujer\/salud-bienestar\/753685010_232192892_320x180.jpg"])
Las mesas posteriores profundizaron en la idea compartida de que los derechos reconocidos sobre el papel necesitan garantías efectivas.
En ese sentido, Isabel Martínez, presidenta de HelpAge International España, habló de un "cambio de paradigma para la longevidad en el siglo XXI" y reclamó una pedagogía social que permita a las personas mayores conocer y exigir sus derechos.
Gregorio Saravia, representante del CERMI, pidió incorporar de forma decidida la realidad de las personas mayores con discapacidad, mientras Joaquín Pérez Gil-Delgado alertó de cómo la brecha digital y la desaparición de la atención presencial están erosionando la dignidad cotidiana de muchos mayores.
Desde el ámbito jurídico, la fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, subrayó que el verdadero valor añadido de la futura Convención estará en sus mecanismos de seguimiento y evaluación.
Mesa jurídica de la la jornada 'España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos'. Cedida
Porque, como se repitió varias veces durante la jornada, los derechos solo existen plenamente cuando pueden reclamarse y protegerse.
La clausura dejó una mezcla de optimismo y cautela. Eduardo Ramón Merino de Mena, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, reconoció las dificultades del contexto internacional —falta de financiación en la ONU, menor implicación de algunos actores y divisiones en la UE—, pero aseguró que España seguirá impulsando el desarrollo de la Convención.
En el aire quedó una idea compartida por todos los asistentes. Y es que, en una sociedad cada vez más envejecida, proteger los derechos de las personas mayores ya no es una cuestión sectorial, sino una prueba de la calidad democrática de los Estados.
