La oenegé Human Rights Watch (HRW) ha publicado su informe anual en el que hace un balance global de la situación de los derechos humanos. Y España no se queda fuera de su análisis: el Gobierno, dice la organización, ha "fallado" a la hora de ofrecer "rutas legales seguras a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera" española. Esto, junto a "la política de devoluciones", no ha hecho más que "contribuir a las muertes en el mar".
Además, HRW hace hincapié en su texto en la falta de una "investigación creíble" de la muerte de "más de 20 hombres subsaharianos en la frontera entre España y Marruecos en junio de 2022". Eso, afea, a pesar de las "múltiples llamadas a la rendición de cuentas" de diferentes organismos internacionales.
La oenegé también pone de relieve la "reforma fallida de las leyes de consentimiento", haciendo referencia a la ley del solo sí es sí, que, insiste, "llevó a reducciones controvertidas en las sentencias y liberaciones de prisión de personas condenadas por delitos sexuales".
El informe también pone el foco en que "más de un cuarto de la población" española vive en riesgo de pobreza o exclusión social". Aun así, congratula a España por haber reducido "sustancialmente" las tasas de pobreza, como también reconoce los "pasos positivos" que se han dad. Entre ellos, asegura la oenegé, está "la legislación para mejorar el derecho a la vivienda, simplificar el proceso de cambio legal de género para las personas trans, fortalecer los derechos LGBTI, reducir los obstáculos al aborto o derogar el delito de sedición".
Políticas migratorias, en el punto de mira
El informe de Human Rights Watch es claro: España suspende en proteger a las personas que llegan de forma irregular a sus fronteras. Para hacer tal afirmación, se basa en los 'tirones de orejas' que diferentes organizaciones ya le han dado al país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ya alertó el noviembre pasado que al menos 45.575 personas habrían llegado de manera irregular a España por rutas marítimas, mientras que 437 lo hicieron por tierra. De ellas, según el último informe de la oenegé Caminando Fronteras, al menos 951 habrían muerto intentando llegar a nuestro país desde África, a través de la conocida como ruta atlántica. De ellas, 49 serían niños.
HRW pone de relieve estas cifras y las enlaza con la ya mencionada muerte de más de 23 migrantes subsaharianos en la vaya de Melilla, cuando en 2022 intentaban llegar a España desde Marruecos. La oenegé es contundente: "No ha habido una investigación creíble" como tampoco ha habido "justicia ni reparación" para esas personas.
A pesar de ello, afea la organización, en febrero del pasado año el Ejecutivo anunció la "intensificación" de la "cooperación para el control migratorio" con Marruecos. En mayo, además, recuerda HRW, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa exigió a España que "rindiese cuentas" por las muertes de 2022 y por la "falta de rutas migratorias legales" para que quienes buscan protección internacional puedan solicitarla.
Además, reitera el informe, la comisaria pidió a España que "asegurase que su cooperación con Marruecos no contribuía a acrecentar los abusos". HRW recuerda que, también, el Comité de Naciones Unidas contra la tortura pidió una investigación independiente de las muertes en la frontera sur para "prevenir que eventos similares vuelvan a suceder".
Un sistema "disfuncional"
Asimismo, HRW tilda de "disfuncional" al sistema digital para pedir citas para realizar cualquier solicitud relacionada con asilo o migración. Algo que, asegura la oenegé, ha acabado sustituyéndose por un "mercado clandestino".
Respecto a esto, más de una veintena de organizaciones enviaron una queja a la Comisión Europea: según ellas, los problemas con este sistema digital de citas estaría "infringiendo" la legislación de la UE.