La subida del nivel del mar y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos son dos de las consecuencias directas del ascenso de temperaturas provocado por el cambio climático. España y sus más de 8.000 kilómetros de costa no quedan libres de sus efectos: provincias costeras como Cádiz, Vigo, Santander o Málaga podrían sufrir, a medio y largo plazo, tanto inundaciones como temporales extremos. Ante lo que parece una catástrofe inevitable de cara al próximo siglo, el Gobierno ha decidido "repensar" la ocupación del litoral y proponer alternativas que frenen el impacto negativo.

"Probablemente vamos a ver cómo la línea del mar avanza y retrocede la línea de tierra", auguró el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante la presentación de la Estrategia para la Protección de la Costa en la provincia de Málaga. "Eso lleva a la obligación de pensar que algunas ocupaciones que hay en el territorio deban reubicarse a medio y largo plazo", explicó. La iniciativa, que está enmarcada en el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Unión Europea, ha sido impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECORD). 

El objetivo, tal y como señalan fuentes del Gobierno, es "mejorar la capacidad de los ecosistemas costeros malagueños para adaptarse a los riesgos asociados al cambio climático, como la erosión o los episodios de inundación, y favorecer su resiliencia natural". 

"Existen fenómenos adversos cada vez más frecuentes derivados de la crisis climática global", explica Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente

"En este marco participativo hemos visto que la inquietud más compartida tiene que ver con la regresión de las playas”, ha apuntado el secretario de Estado. Tanto los ciudadanos como las instituciones privadas locales fueron consultadas sobre los problemas derivados de la gestión de la protección de la costa, lo que ha facilitado la identificación de cuáles deben ser las medidas a tomar en este plan de gestión de riesgos. La intención de las instituciones públicas es que haya una colaboración público-privada para que exista una "colaboración y entendimiento con todos los actores concernidos por la gestión litoral".

Sobre el auge de los fenómenos meteorológicos extremos, Hugo Morán considera que son "una dinámica recurrente" que "nos avisa de fenómenos adversos cada vez más frecuentes derivados de la crisis climática global". Esto supone un aumento de los "riesgos en términos de costes humanos, sociales, económicos y ambientales que no podemos asumir". La estrategia gubernamental nace, por tanto, como un "instrumento de prevención activa y de adaptación de nuestro flanco más vulnerable, que es la costa".

"Muchas de las actuaciones que se han hecho a lo largo de las últimas décadas en el litoral español no sólo no han contribuido a paliar el impacto de los fenómenos extremos, sino que en muchos casos se han demostrado claramente insuficientes e, incluso, en algunos casos han incorporado efectos negativos", explicó Morán.

Un plan de gestión integral

Por tanto, entre las inversiones millonarias para la restauración inmediata de las zonas afectadas por los temporales recientes se encuentra la ampliación del dique de Malapesquera, en Benalmádena; la inversión de 3 millones de euros en Baños del Carmen, en Málaga capital; la inversión de 7 millones de euros en el tramo de playa de la Venus y Punta de El Ancón, y otros seis en San Pedro Alcántara, así como en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria y el de la playa de los Cordobeses, cerca de Mijas.

Además, entre las actuaciones previstas para los próximos años para frenar el impacto de las inundaciones en la costa de Málaga se prevé el mantenimiento y rehabilitación ambiental del sistema dunar de playas y marismas, la defensa de los acantilados y el restablecimiento del balance sedimentario, así como relocalizar ocupaciones pertenecientes al conocido como Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), entre los que se encuentran playas, dunas, escarpes, bermas, acantilados, marismas y humedales litorales.

El plan, que se pretende replicar en las franjas costeras de Cádiz, Almería e islas Baleares, también prevé retirar algunas estructuras costeras, aunque no se ha especificado en ningún momento cuáles serían ni dónde serían reubicadas.