Vista aérea del embalse y presa de Gaitanejo cerca del Royal El Chorro Royal Trail, España

Vista aérea del embalse y presa de Gaitanejo cerca del Royal El Chorro Royal Trail, España iStock

Historias

España busca una segunda vida para sus aguas residuales: "No podemos seguir tirando agua depurada al mar"

El país reutiliza unos 450-500 hm³ de agua regenerada al año, una parte reducida de todo lo que depura. Mientras Murcia reaprovecha cerca del 98%.

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España depura cientos de hectómetros cúbicos de agua cada año, pero apenas reutiliza el 9% del agua que sale de sus estaciones depuradoras. La cifra contrasta con la capacidad tecnológica y el conocimiento acumulado por un país que se ha convertido en referencia internacional en gestión hídrica.

La distancia entre lo que España sabe hacer y lo que realmente aprovecha es, de hecho, uno de los principales problemas para avanzar hacia una gestión más circular del agua.

El contraste resulta todavía mayor cuando se observa lo que ocurre dentro del propio territorio. La Región de Murcia reutiliza cerca del 98% de sus aguas depuradas, mientras la Comunidad Valenciana supera el 60%, según los datos aportados por Carlos Madrid, CEO de Regeneraqua, la compañía especializada en innovación en regeneración de agua.

España dispone, por tanto, de modelos capaces de demostrar que el salto es técnicamente posible. El problema está en extenderlos a otras zonas y convertir la reutilización en una pieza habitual de la planificación hídrica.

César Sánchez, exalcalde de Calpe y actualmente diputado en las Cortes Generales, sitúa el desafío en una transformación de la forma de gestionar el agua.

España cuenta con más de 1.200 presas y una estructura de planificación por cuencas construida durante décadas, pero las nuevas condiciones climáticas obligan a incorporar recursos que hasta ahora han tenido un papel secundario.

"Llevar este éxito de reutilización de aguas depuradas a todos los rincones de España es el principal desafío que tenemos por delante", sostiene.

La presión sobre los recursos naturales hace que esa expansión tenga una dimensión ambiental. La irregularidad de las precipitaciones, los periodos de sequía y el aumento de las temperaturas reducen la disponibilidad de agua en determinadas zonas, mientras algunas actividades mantienen una demanda elevada.

En este escenario, utilizar agua regenerada para usos que no requieren agua potable puede reducir las extracciones de ríos, embalses y acuíferos.

Paisaje de una presa.

Paisaje de una presa. iStock

Silvia Díaz Cruz, investigadora científica del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, explica que la reutilización puede servir también para mantener determinados caudales durante periodos secos, recuperar humedales o realizar recargas gestionadas de acuíferos.

En zonas costeras, estas actuaciones pueden contribuir además a limitar la entrada de agua salina en las reservas subterráneas. Su grupo ha estudiado estas posibilidades en los proyectos europeos MARADENTRO y REMAR.

El caso de El Prat, en Barcelona, constituye otro ejemplo del potencial ambiental de estas soluciones. Allí la reutilización se ha empleado para proteger los acuíferos costeros frente a la intrusión salina.

La lógica cambia cuando el agua residual deja de considerarse el final de un proceso de saneamiento y pasa a formar parte de un circuito en el que puede volver a utilizarse para distintos fines. Pero para que ese cambio sea efectivo hacen falta infraestructuras capaces de llevar el recurso hasta donde se necesita.

El cuello de botella

"España no tiene un problema tecnológico, sino de implantación", resume Carlos Madrid.

Su diagnóstico apunta a una situación paradójica. Existen empresas capaces de diseñar y operar sistemas de regeneración, centros de investigación especializados y tecnologías para adaptar el agua a distintos usos, pero una parte de las depuradoras continúa concebida fundamentalmente para depurar y devolver el agua al medio.

El proceso para darle una segunda vida comienza después de la depuración convencional. El agua puede someterse a tratamientos avanzados de filtración, membranas y desinfección para alcanzar las condiciones requeridas por el uso final. No existe, sin embargo, una única calidad de agua regenerada.

La destinada a agricultura debe prestar especial atención a la seguridad microbiológica y la salinidad; en la industria, los requisitos dependen del proceso productivo; y en los usos urbanos y recreativos se priorizan las garantías sanitarias.

Ese enfoque permite utilizar el agua regenerada para riego agrícola, espacios verdes, determinados usos urbanos, instalaciones turísticas, campos de golf o procesos industriales.

Regeneraqua trabaja, según explica su CEO, en proyectos vinculados a campos de golf en Ayamonte, El Rompido, El Puerto de Santa María y Las Lomas, así como en iniciativas industriales en Palos de la Frontera, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Teruel y Villanueva de Gállego.

La proximidad entre el lugar donde se genera el agua y el punto donde se consume resulta determinante.

Madrid asegura que, cuando existe una depuradora cercana, la regeneración puede requerir alrededor de cuatro veces menos energía que la desalación y reducir también los plazos de tramitación, construcción y puesta en funcionamiento. Por eso considera que el recurso regenerado puede competir con otras alternativas en determinados territorios.

La dificultad aparece cuando hay que construir el resto del sistema. No basta con incorporar un tratamiento terciario o avanzado a una depuradora si después no existen conducciones, depósitos o usuarios capaces de recibir el agua.

"El reto es acelerar la inversión, simplificar la regulación y trámites administrativos", señala Madrid, que añade a esa lista el desarrollo de redes capaces de conectar productores y consumidores.

Planta de tratamiento de aguas residuales con tanques circulares.

Planta de tratamiento de aguas residuales con tanques circulares. iStock

César Sánchez sitúa esa carencia en el centro del problema que afecta a territorios como la Marina Alta. Calpe y otros municipios de la comarca sufren fuertes variaciones de demanda asociadas al turismo y se enfrentan además a problemas de sobreexplotación e intrusión marina.

El exalcalde apunta que, pese a disponer la comarca de unos 350 hm³ de recursos naturales frente a una demanda inferior a 90 hm³, en 2024 se produjeron cortes de suministro en algunos municipios.

El exalcalde de Calpe considera que parte de la respuesta está en infraestructuras que todavía no se han desarrollado a la escala necesaria. Cita los tratamientos terciarios en las depuradoras litorales, la renovación de redes de alcantarillado para reducir la intrusión marina y las instalaciones de almacenamiento y conducción.

El ejemplo de su localidad ilustra la dimensión del problema: "Que un municipio como Calpe vierta al mar el 100% del agua que depura, sin darle una segunda vida, por ejemplo, para riego de parques y jardines o usos urbanos como el baldeo de calles, es algo incomprensible".

La falta de aprovechamiento tampoco se explica por la ausencia de modelos. El exalcalde de Calpe señala a Murcia como la referencia que debería analizarse para trasladar determinadas soluciones a otras partes del país. Allí, según sus datos, se depura el 99% del agua y se reutiliza cerca del 98%, con la participación continuada de administraciones, universidades, empresas y regantes.

La diferencia territorial demuestra que la tecnología por sí misma no determina el resultado. Hace falta una estructura capaz de coordinar inversiones, garantizar el suministro y crear demanda para el agua regenerada. Sánchez resume esa barrera en una palabra: "Gobernanza".

El debate se sitúa así en un terreno que va más allá de instalar nuevos equipos en las depuradoras. La reutilización necesita planificación a largo plazo, financiación y una regulación que permita que las inversiones tengan continuidad.

El diputado en las Cortes Generales defiende incluso la creación de una Autoridad Nacional del Agua que conecte los distintos centros de decisión y permita abordar la gestión como una cuestión de Estado.

El problema financiero también tiene una dimensión concreta. Sánchez estima en unos 5.000 millones de euros la brecha de inversión del ciclo urbano del agua y considera necesario revisar la estructura de precios para incorporar señales de escasez y avanzar en la recuperación de costes.

A su juicio, depender exclusivamente de recursos públicos dificultaría ejecutar todas las actuaciones necesarias.

La iniciativa privada aparece en este punto como una pieza todavía pendiente de encajar. Sánchez plantea que las empresas puedan invertir con mayor seguridad jurídica en tratamientos terciarios y cuaternarios y participar en fórmulas que permitan dar salida al agua regenerada.

Madrid coincide en que la inversión público-privada puede acelerar el despliegue, pero advierte de que los actuales procedimientos administrativos están ralentizando proyectos que ya cuentan con capacidad técnica para desarrollarse.

La seguridad

La expansión de la reutilización plantea otra cuestión que condiciona su aceptación y su desarrollo, la seguridad del agua regenerada. La investigación científica ha permitido identificar numerosos contaminantes presentes en las aguas residuales, pero su detección no equivale automáticamente a un riesgo para las personas o los ecosistemas.

Silvia Díaz Cruz, investigadora científica del IDAEA-CSIC, establece esa diferencia como punto de partida para evaluar cualquier sistema de reutilización.

Entre las sustancias que concentran actualmente la atención científica se encuentran residuos de medicamentos, productos de cuidado personal, determinados plaguicidas, PFAS, compuestos con actividad endocrina y micro y nanoplásticos.

También existe interés por los productos de transformación que pueden generarse durante los propios tratamientos. La evaluación debe tener en cuenta la concentración, la toxicidad, la persistencia, la duración y la vía de exposición, además del uso que tendrá posteriormente el agua.

Díaz Cruz advierte de que el cumplimiento de la normativa tampoco significa que todos los contaminantes posibles hayan desaparecido. "La presencia no equivale al riesgo, pero tampoco se debe confundir el cumplimiento normativo con la ausencia absoluta de contaminantes", señala.

Vista con dron del embalse de Elche y la pared de la presa con cascada.

Vista con dron del embalse de Elche y la pared de la presa con cascada. iStock

La investigación continúa estudiando sustancias persistentes, mezclas complejas y posibles efectos derivados de exposiciones prolongadas.

El comportamiento tampoco es igual para todos los compuestos. Algunos residuos farmacéuticos pueden reducirse mediante procesos biológicos, adsorción u oxidación, mientras otros son más resistentes a los tratamientos convencionales.

Los antibióticos requieren especial atención por su posible relación con la selección y propagación de bacterias resistentes y genes de resistencia. Díaz Cruz considera necesario abordar este fenómeno desde una perspectiva de salud integrada, en la que se estudien conjuntamente agua, microorganismos y resistencia antimicrobiana.

Con los microplásticos ocurre algo parecido. Una parte importante de las partículas puede quedar retenida durante los procesos de separación de sólidos, pero las partículas más pequeñas, las fibras y los nanoplásticos presentan mayores dificultades de detección y eliminación.

Además, parte del material retenido acaba concentrándose en los lodos, de modo que el contaminante cambia de compartimento dentro del sistema.

Los PFAS presentan una dificultad añadida por su elevada persistencia. El carbón activo, las resinas de intercambio iónico o determinados procesos de membrana pueden reducir su concentración en el agua, pero también pueden trasladarlos y concentrarlos en otra corriente. La eliminación completa continúa siendo un reto tecnológico.

Por eso, para Díaz Cruz, el siguiente paso de la investigación consiste en dejar de medir únicamente cuánto disminuye la concentración de una sustancia y empezar a seguir su recorrido completo.

Hay que saber qué ocurre con los productos de transformación, dónde quedan los contaminantes retenidos, qué toxicidad presentan y qué sucede después cuando el agua se emplea para riego, recarga de acuíferos u otros usos.

Regulación en evolución

La nueva regulación europea ha incorporado una visión basada en la gestión del riesgo y en las características concretas de cada sistema. Díaz Cruz considera que supone un avance relevante, aunque señala que el marco debe continuar adaptándose a medida que aparecen nuevas evidencias científicas y mejores métodos de análisis.

Esa evolución ya se está produciendo. Las nuevas políticas de vigilancia incorporan sustancias como determinados PFAS, plaguicidas y fármacos y avanzan hacia la inclusión de microplásticos e indicadores relacionados con la resistencia antimicrobiana cuando existen métodos suficientemente fiables para analizarlos.

También gana peso la monitorización basada en efectos biológicos, que permite estudiar la respuesta provocada por mezclas de contaminantes en lugar de limitarse a buscar sustancias concretas.

Planta de tratamiento de aguas residuales.

Planta de tratamiento de aguas residuales. iStock

La dificultad está en que la ciencia puede detectar cada vez más elementos a concentraciones muy bajas, mientras que la regulación necesita procedimientos de medición comparables y fiables.

En el caso de los microplásticos, por ejemplo, todavía existen limitaciones relacionadas con el muestreo y con la identificación de las partículas de menor tamaño. En los contaminantes químicos, el estudio de mezclas y efectos combinados constituye otro de los grandes retos.

La investigadora defiende por ello un sistema regulatorio flexible. A su juicio, el objetivo no debería ser ampliar indefinidamente las listas de sustancias, sino disponer de sistemas de vigilancia capaces de incorporar nuevos riesgos cuando la evidencia científica lo justifique.

La transparencia también forma parte de esa seguridad. Para Díaz Cruz, decir que el agua regenerada es segura no basta. La ciudadanía debe saber qué se controla, qué usos están autorizados y qué mecanismos existen para detectar y gestionar posibles incidencias. Explicar también las incertidumbres científicas puede reforzar la confianza, en lugar de debilitarla.

De depuradora a fábrica

Mientras se perfeccionan los controles sobre el agua, las propias estaciones depuradoras están cambiando de función. La EDAR tradicional recibe aguas residuales, elimina contaminantes y devuelve el agua al medio. El modelo de biofactoría pretende aprovechar también los materiales y la energía contenidos en esas aguas.

Carlos Madrid explica que una instalación moderna puede obtener biogás para generar electricidad y calor, recuperar fósforo y nitrógeno destinados a fertilizantes, valorizar biosólidos y recuperar materiales como celulosa procedente de papel y toallitas o arenas.

El objetivo es que la depuración deje de entenderse como una etapa final y pase a formar parte de un circuito de recuperación de recursos.

Según los cálculos aportados por Regeneraqua, una biofactoría de alta eficiencia podría obtener de 1.000 m³ de agua residual hasta 980 m³ de agua regenerada, junto con 25 m³ de biogás, 200 kilos de biosólido fértil, tres kilos de fósforo cristalizado y 20 kilos de celulosa. Son recursos que hasta ahora se han contemplado en gran medida como residuos o subproductos del proceso.

La recuperación de nutrientes tiene además una dimensión estratégica. Sánchez señala que el encarecimiento de los fertilizantes incrementa la presión sobre el sector agroalimentario y recuerda que las aguas residuales contienen nitrógeno, potasio y fósforo. Este último tiene especial relevancia por la concentración de sus reservas en un número reducido de países.

La transformación puede reducir también parte del consumo energético de las propias instalaciones. Madrid sostiene que muchas de estas tecnologías ya han alcanzado una madurez comercial suficiente para incorporarse a proyectos reales y que pueden combinar reducción de costes con recuperación de materias primas.

La demanda potencial tampoco se limita al regadío. La agricultura continúa siendo el principal consumidor de agua regenerada, pero Madrid identifica a la industria como el segmento con mayor crecimiento. Alimentación, química, energía y fabricación avanzada necesitan grandes volúmenes de agua y pueden utilizar recursos regenerados en determinados procesos.

También existe margen para el turismo, los espacios verdes, los campos de golf, la restauración de humedales y la recarga de acuíferos.

Los nuevos consumidores de agua añaden presión sobre esa transición. Los centros de datos y determinados proyectos vinculados al hidrógeno verde pueden incrementar la demanda en territorios donde el recurso ya es limitado. La reutilización permitiría reservar agua de mayor calidad para aquellos usos que realmente la necesitan.

Una red nacional de agua

Elevar la reutilización hasta el 20% o el 30% exigiría, según los entrevistados, actuar de forma simultánea sobre varios frentes. La investigación debe desarrollar tratamientos más eficientes, mejorar la vigilancia de contaminantes y avanzar en sensores y sistemas digitales capaces de controlar los procesos en tiempo real.

La planificación debe determinar dónde tiene sentido reutilizar y para qué usos. Y las administraciones deben reducir los tiempos necesarios para que los proyectos pasen del papel a la infraestructura.

La digitalización puede ayudar en esa última etapa. Madrid explica que la sensórica, la inteligencia artificial y la monitorización continua permiten ajustar los tratamientos, anticipar incidencias y controlar la calidad del agua.

En proyectos industriales y de riego, estas herramientas pueden adaptar el funcionamiento de las instalaciones a las necesidades reales del consumidor.

Embalse de Sau en Cataluña, España.

Embalse de Sau en Cataluña, España. iStock

Pero la tecnología necesita una estructura administrativa que permita aplicarla. Madrid asegura que algunos informes necesarios para autorizar proyectos de producción de agua regenerada están tardando más de un año y que los procedimientos posteriores pueden prolongar la puesta en marcha durante más de dos años.

También reclama una mayor agilidad en las concesiones para utilizar el recurso.

César Sánchez considera que el salto exige convertir la reutilización en una parte estructural de la planificación hidrológica española. Su propuesta pasa por facilitar la inversión público-privada, mejorar la coordinación administrativa y establecer reglas económicas que permitan recuperar costes y orientar el consumo hacia los recursos disponibles.

La ciencia introduce una condición adicional. Para Silvia Díaz Cruz, aumentar el porcentaje no puede convertirse en el único objetivo.

"No se trata solo de medir más, sino de comprender el destino de estos contaminantes y sus posibles efectos, especialmente a largo plazo", explica. La expansión tendrá que adaptarse a las características de cada territorio y al uso final del agua.