Varias personas ondean banderas LGTBIQ+ en una manifestación.
Ir a la cárcel, incluso morir, por ser LGBTIQ+: en 2026 pertenecer al colectivo aún está prohibido en 65 países
Las disidencias sexuales y de género celebran el Día del Orgullo mientras aumenta el odio que reciben y los territorios que les criminalizan.
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Hace 57 años, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera y Stormé DeLarverie colocaron la primera piedra en el camino de la libertad y los derechos del colectivo LGTBIQ+.
Dos mujeres transexuales y una lesbiana, todas racializadas, decidieron que estaban hartas de la persecución y esa madrugada del 28 de junio de 1969 se revelaron contra los policías que entraron, como en tantas otras ocasiones, a hacer una redada en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, contra los miembros de la comunidad.
Gracias a ellas, a quienes se les unieron y a quienes vinieron después, este domingo muchas capitales españolas y europeas celebran el Día del Orgullo LGTBIQ+. Se ven ondear banderas del colectivo y jóvenes y mayores pueden marchar para dejar claro que las disidencias sexuales y de género están aquí, son visibles y no van a retroceder.
Sin embargo, la lucha no ha acabado. Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están penadas legalmente en 65 países del mundo y en casi una decena se castiga con la muerte. Estos son: Brunéi, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Afganistán, Uganda, Yemen y 12 provincias de Nigeria.
En cuanto a las personas transexuales y no conformes con el género, son entre 13 y 14 países los que penalizan de forma explícita e inequívoca estas identidades en sus códigos penales.
Una treintena lo hacen de forma indirecta. Aunque no cuenten con normativa específica, les castigan con leyes contra la vagancia, la alteración del orden público, la prostitución o la inmoralidad.
Desde que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades, muchas naciones fueron despenalizando al colectivo. Sin embargo, esta tendencia al alza se frenó en 2025.
Ese año el número total de países que penalizaban actos sexuales volvió a crecer por primera vez en diez años. Recientemente, países que nunca antes habían criminalizado tales actos comenzaron a hacerlo.
Uno de ellos es Ghana, que acaba de prohibir por ley las relaciones homosexuales. El castigo para los condenados puede ser de cárcel, cadena perpetua o, en algunos casos, la muerte, expone Beatriz Martos, responsable de campaña por los derechos LGTBIQ+ en Amnistía Internacional España.
Hablamos de una decisión que hace mucho más difícil la vida de unas personas que ya se tenían que esconder por el rechazo social y la discriminación. Por eso, cuando este tipo de leyes aparecen, la gente del colectivo no solo tiene que preocuparse por las autoridades, sino que los propios vecinos ejercen muchas veces de "chivatos".
Crece la persecución
Martos cuenta que el país donde más ha crecido la persecución estatal contra el colectivo es Estados Unidos. Desde que Donald Trump es presidente se han aprobado 70 leyes "orientadas a restaurar la verdad biológica". Es decir, contra las personas trans y sus derechos.
![Las personas del colectivo LGTBIQ+ siguen sufriendo ataques por su identidad.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11030188.jpg?p=w:320\/h:240&h=T7T-tZF5"])
Asimismo, se han retirado cientos de libros de bibliotecas y de escuelas en los que se explican conceptos como la orientación sexual o la identidad de género. "Hay claramente un ataque del Estado hacia las personas LGTBIQ+, pero en especial hacia las personas trans", lamenta la portavoz de Amnistía Internacional.
Martos habla también de Argentina. Desde que Javier Milei asumió el poder, han aumentado de forma exponencial los discursos de odio hacia las personas LGTBI. "Todo basado en la moralidad y en la familia tradicional".
Un retroceso que ha llegado acompañado de un desmantelamiento de las políticas públicas orientadas a a la inclusión, la no discriminación y a tratar de acabar con la violencia física, verbal o discriminatoria hacia estas personas. Como consecuencia, han aumentado también los ataques de odio basados en la orientación sexual o identidad de género.
A Julia Ehrt, Directora Ejecutiva de ILGA World, le parece "especialmente preocupante" el aumento de leyes que prohíben cualquier representación positiva de las personas LGBTI y de la comunidad.
En al menos 63 Estados miembros de la ONU, "potencias reaccionarias y autoritarias criminalizan los delitos contra la moral y la religión, prohíben la promoción o propaganda de relaciones sexuales no tradicionales", advierte.
También utilizan leyes antipornografía para censurar contenido sobre diversidad sexual, de género o corporal. Limitan la educación sexual, procesan a manifestantes por usar símbolos LGBTI y bloquean sitios web y publicaciones temáticas, entre otras medidas, agrega Ehrt.
![La bandera arcoíris frente a la policía húngara durante una manifestación después de que el Gobierno de Viktor Orbán anunciase la cancelación del Orgullo de Budapest.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10998808.jpg?p=w:320\/h:240&h=vX3d5MoA"])
Normas así dañan profundamente a las infancias, cuenta Lucas Platero, profesor de psicología y miembro del proyecto europeo CLICK, que estudia la adolescencia LGTBQI+, las familias arcoíris y los centros educativos.
Transmiten culturalmente la idea de que ciertas identidades "no pueden nombrarse ni validarse". Algo que genera en los adolescentes un entorno crítico marcado por el miedo, el aislamiento, la vergüenza y la autocensura.
Con estas medidas, los gobiernos impiden que las personas LGBTIQ+ vean cualquier representación positiva de sí mismas, pero también limitan la labor de defensa de sus derechos.
Situación que, como denuncia la especialista, ya se ve gravemente obstaculizada por leyes que prohíben a las organizaciones que trabajan en temas de diversidad sexual, de género y corporal registrarse formalmente. "Este tipo de leyes existen en al menos 61 Estados miembros de la ONU"
La portavoz de ILGA World señala que estas disposiciones "tienen un efecto disuasorio sobre nuestros movimientos y, a menudo, pueden tener consecuencias muy graves". Entre ellas, la detención, el encarcelamiento y la persecución de defensores de los derechos humanos y personas LGBTIQ+.
Aunque no es tan reciente, Martos, de Amnistía Internacional, recuerda que Turquía es otra de las potencias donde no paran de retroceder estos derechos. Desde 2015 está completamente prohibido celebrar el Día del Orgullo en Estambul y otras capitales del país.
"Todas las personas que deciden valientemente manifestarse, pues se enfrentan a arrestos, a golpes y a quedar con cargos penales", subraya la especialista.
No solo eso, también agrega que se están persiguiendo, criminalizando y cerrando organizaciones que defienden los derechos del LGTBIQ+.
![Una persona participa en el desfile anual del Orgullo LGBTQ+ en Bangkok, Tailandia, el 1 de junio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10675143.png?p=w:320\/h:240&h=z_cQKpPn"])
Rusia es otro país donde ocurre esto. El gobierno de Vladimir Putin ha calificado al colectivo como extremista, ha cerrado organizaciones y atacado locales de ambiente. Incluso, las personas que porten simbología LGTBIQ+ se enfrentan a sanciones administrativas de multas muy altas e incluso a penas de prisión.
Crece el odio
El cuadro se oscurece también en los países donde las disidencias sexuales y de género son legales o, incluso, se protegen.
Hasta en Europa –continente mayoritariamente a favor del colectivo– ciertos políticos siguen alimentando la hostilidad hacia las personas LGTBIQ+ para su propio beneficio político, dice Ehrt. Con su conducta, legitiman los prejuicios y "alientan a otros a tomar la justicia por su mano, lo que a menudo resulta en violencia contra nuestras comunidades".
Platero pone de ejemplo la paradoja española. Este es uno de los países pioneros en materia de derechos LGTIBQ+ y uno de los que más protege a la comunidad a nivel legislativo. Sin embargo, se están batiendo récords de delitos de odio contra estas personas, sobre todo las transexuales.
La agenda política conservadora, expone, "las ha tomado como un blanco útil para movilizar pánicos sociales". Socialmente, lamenta, se asimila mejor el matrimonio igualitario que los cambios que alteran la cultura binaria.
Martos defiende que es una especie de circuito conectado. La protección legislativa hace que las personas del colectivo, en España y en otros países seguros, se hagan cada vez más visibles.
No obstante, eso les hace estar más expuestos a las agresiones, impulsadas en los últimos años por ciertos discursos que sitúan a la gente LGTBIQ+ como grandes culpables de los males actuales.
Sexilio
Las normativas y el clima social contra estas personas hacen que muchas acaben abandonando sus hogares y sus familias –por obligación o voluntad propia–. Un fenómeno que Platero define como "sexilio".
En los lugares donde están prohibidas estas disidencias, algunos optan por moverse del entorno rural a grandes urbes dentro de su propia nación. Eso les puede ofrecer anonimato, acceso a otras personas LGTBIQ+, recursos sanitarios y legales, y la posibilidad de vivir con más opciones.
![Allen Desmond usuario de las casas de acogida de la Fundación Eddy](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10725875.jpg?p=w:320\/h:240&h=vc0WlBh2"])
Otros, optan por cambiar directamente de país y mudarse allí donde no existen esas restricciones. En cualquiera de los dos casos, la decisión implica pérdida de vínculos, desarraigo y, muchas veces, una segunda vulnerabilidad marcada por la xenofobia, la precariedad y la soledad, resalta Platero.
Uno de los territorios que los recibe es España y muchos acaban en Migrantia, ONG dedicada al acompañamiento y atención de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo LGTBIQ+.
Su vocal Rusly Cachina explica que la mayoría de sus usuarios huyen de Rusia, Ucrania, Colombia, Venezuela, El Salvador, Perú y México. Asimismo, en el último año han aumentado las llegadas desde Sierra Leona, Níger, Marruecos y Senegal.
En ocasiones, expone Cachina, las personas llegan con una imagen idealizada de España como un país plenamente seguro para las personas LGTBI y descubren que, aunque existe un importante marco de derechos, "todavía quedan aspectos que mejorar para que sean realmente inclusivos y no dejen a nadie atrás".
En Migrantia les preocupan especialmente las mujeres trans migrantes, las personas LGTBI jóvenes expulsadas de sus hogares por ello y las que llegan completamente solas, sin red familiar, sin recursos económicos y con secuelas de violencia física o psicológica.
Su trabajo, describe la vocal, consiste en que esas personas no solo encuentren protección internacional, sino también un espacio seguro donde puedan empezar de nuevo y reconstruir su proyecto de vida con dignidad. "Más allá de las cifras, cada expediente representa una historia de supervivencia".
