Bosque de pino mediterráneo quemado tras un incendio debido a las olas de calor. iStock
España destina 7.636 millones a subvenciones que dañan la biodiversidad, "cuatro veces más de lo que invierte en protegerla"
Un informe de Ecologistas en Acción revela que el 78% de las ayudas agrarias y más de 200 millones en pesca fomentan prácticas intensivas.
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La financiación pública en España está jugando en contra de la naturaleza. Esa es la principal conclusión del informe Incentivos perversos. Cómo se subvenciona la destrucción de biodiversidad en el Estado español, elaborado por Ecologistas en Acción, que dibuja un mapa incómodo en el que el Estado invierte cuatro veces más en actividades que degradan los ecosistemas que en su protección.
El análisis pone cifras a esta contradicción estructural. Solo en el sector agrario, las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad alcanzan los 7.417,7 millones de euros anuales, mientras que en pesca suman 218,8 millones. Todo ello en un contexto en el que el propio Estado reconoce un déficit de financiación de 3.493 millones de euros para cumplir los objetivos de conservación.
"Eliminar y reformar las subvenciones perjudiciales es una condición imprescindible para garantizar la financiación de la biodiversidad", advierte el informe, que sitúa estos incentivos como uno de los principales obstáculos para frenar el deterioro ecológico.
El estudio se centra en el sector primario —agricultura, pesca y actividad forestal—, responsable directo de amenazas sobre el 37% de las especies catalogadas en España.
Pero la raíz del problema no está solo en la actividad económica, sino en cómo se financia. Las ayudas públicas, lejos de corregir impactos, los consolidan. Según el informe, una subvención es perjudicial cuando "contribuye, incluso inintencionadamente, a la degradación de especies y hábitats".
En el caso de la agricultura, el núcleo del sistema de ayudas —la Política Agraria Común (PAC)— canalizó en 2024 cerca de 7.769 millones de euros. De ese total, el 78% se considera perjudicial para la biodiversidad, es decir, más de 6.000 millones de euros.
Sin embargo, el problema no es solo la cantidad, sino su diseño. Las ayudas directas están vinculadas a superficie o producción, lo que incentiva la intensificación. "El 20% de las personas agricultoras y ganaderas acaparan el 80% de las ayudas", señala el informe.
Tractor rociando pesticidas en campo vegetal con pulverizador en primavera. iStock
Este modelo favorece explotaciones más grandes, más intensivas y más dependientes de insumos químicos, con consecuencias directas, tales como contaminación de aguas, pérdida de suelo fértil y desaparición de polinizadores.
Agroquímicos subvencionados
Uno de los ejemplos más claros de estos "incentivos perversos" es el apoyo público al uso de fertilizantes y plaguicidas. España lidera el consumo en la UE, con 56.353 toneladas de pesticidas en 2022 y 4,4 millones de toneladas de fertilizantes en 2024.
A pesar de su impacto, estos productos reciben apoyo directo e indirecto. El Estado destinó 292 millones de euros en ayudas por el encarecimiento de fertilizantes tras la guerra de Ucrania, a lo que se suma una deducción fiscal del 15% en el IRPF (465 millones) y un IVA reducido del 10%, que implica dejar de recaudar más de 430 millones de euros.
"No solo subvencionan la actividad agraria mediante ayudas directas, sino también a través de beneficios fiscales que incentivan la continuidad del modelo actual", denuncia el documento.
El resultado es un sistema que abarata el uso de insumos contaminantes sin discriminar su impacto ambiental, consolidando una dependencia estructural difícil de revertir.
Perpetuar la sobreexplotación
En el ámbito marino, España —con la mayor flota pesquera de la UE— también presenta fuertes desequilibrios. El informe identifica 218,8 millones de euros en ayudas perjudiciales en 2024, muchas de ellas vinculadas al combustible, acuerdos internacionales o modernización de flota.
La exención fiscal al gasóleo pesquero, por sí sola, supone 113,7 millones de euros, reduciendo artificialmente los costes y favoreciendo la sobrepesca.
![Los servicios de emergencia se han puesto en marcha cuando los bañistas han dado la señal de alarma](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/07\/16\/enclave-ods\/noticias\/870923714_247829621_320x180.jpg"])
A ello se suman acuerdos con terceros países que permiten a flotas europeas —incluida la española— explotar recursos en aguas de países con menor capacidad de control. "Sirven para garantizar el acceso a recursos en muchos casos sobreexplotados, sin generar beneficios sustanciales en los países de destino", recoge el informe.
El propio sistema de ayudas europeas (FEMPA) tampoco escapa a la crítica. Un 32% de sus subvenciones en 2024 son potencialmente dañinas, y solo un 7,6% se consideran claramente beneficiosas para la biodiversidad.
La problemática de los incendios
El sector forestal refleja otra contradicción. Aunque España es uno de los países europeos con mayor superficie forestal, las ayudas están "infradotadas" y mal orientadas.
Solo el 12% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) se destina exclusivamente a gestión forestal, y gran parte se canaliza hacia inversiones que pueden tener efectos negativos si no se controlan, como repoblaciones monoespecíficas o eliminación intensiva de biomasa.
El desequilibrio es aún más evidente en incendios. El gasto público prioriza la extinción frente a la prevención, con un 38% frente a un 16%, respectivamente.
Una transición urgente
Sin embargo, el informe no se limita al diagnóstico. Propone una reorientación profunda del sistema de ayudas públicas, apuntando a la eliminación de las subvenciones dañinas, reforzando los criterios ambientales y priorizando modelos productivos sostenibles.
"Eliminar cualquier apoyo financiero que dé soporte a un uso insostenible del patrimonio natural resulta decisivo", recoge el propio plan estratégico estatal citado en el documento.
![Panorámica de la basura en un campo con el fondo de la contaminación de una ciudad.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/09\/19\/enclave-ods\/historias\/887171624_249326269_320x180.jpg"])
Y es que, la conclusión es clara: el problema no es la falta de recursos, sino su dirección. Por eso, redirigir estas subvenciones permitiría cerrar el déficit de financiación para la biodiversidad y avanzar hacia un modelo económico compatible con los límites ecológicos.
Porque, como resume el propio informe, la cuestión ya no es solo ambiental: "No se trata de preservar una u otra especie, sino de garantizar que sociedad y naturaleza cohabitan en equilibrio". Sin ese equilibrio, advierten, no hay futuro posible.
