La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el alcalde de San Bartolomé, el consejero de Transición de Canarias, Mariano Hdez. Zapata; la presidenta del BEI, Nadia Calviño; el presidente de Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante su visita a las obras del proyecto de Salto de Chira, el 28 de marzo de 2025.
¿"Proeza", "atentado" o "engaño a la ciudadanía"? La polémica del Salto de Chira, la futura central hidráulica de Gran Canaria
El proyecto tiene como objetivo almacenar energía renovable, pero asociaciones aseguran que el consumo que requiere supera su generación.
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Tres años. Ese es el tiempo que los vecinos de Gran Canaria llevan denunciando el cada vez más polémico proyecto denominado Salto de Chira, una central hidráulica de bombeo y desaladora de agua marina que almacenará energía renovable aprovechando la diferencia de altura que existe entre los embalses de Chira y Soria.
Fue en 2022 cuando dieron comienzo las obras encaminadas a su construcción. Ahora, ya ejecutadas en un 40% a pesar de "una alarma social" que ya ha desembocado en varias "denuncias y alegaciones", Red Eléctrica de España —el concesionario del proyecto—, el Cabildo de Gran Canaria —el dueño de las instalaciones—, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) —la entidad que la financia— y el Gobierno de España lo venden como una auténtica "proeza" que puede llegar a "cambiar Europa".
"Salto de Chira es la gran batería que va a permitir que, a partir de 2027, entre el 50% y el 70% de nuestra energía sea limpia", describía el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante su visita a las instalaciones el pasado 28 de marzo. "Pero, además, vamos a reducir en un 20% las emisiones, ahorrar 120 millones de euros al sistema y realizar la mayor restauración ambiental de Canarias", añadía.
Sin embargo, "nada más lejos de la realidad". Así lo expresa a ENCLAVE ODS el colectivo Turcón, un grupo ecologista de Gran Canaria que ve en este proyecto un "sinsentido", al que considera un "engaño a la ciudadanía" y un atentado contra "zonas protegidas de la orografía canaria", "muchas lagunas".
Una central hidráulica sin agua
Situada en el extremo sur de la isla, la planta aprovechará el excedente de energía renovable no absorbible por la red insular en los picos de producción para, en primer lugar, alimentar la desalinizadora —equipada con un sistema de ósmosis inversa capaz de producir 2,7 hectómetros cúbicos de agua al año—. El agua tratada se conducirá hasta el embalse de Soria mediante una tubería de 19,11 kilómetros, que sigue el trazado del barranco de Arguineguín.
Cuando el embalse de Soria alcance un volumen mínimo operativo, se pondrá en marcha todo el proceso: parte de la energía renovable disponible en la isla se empleará para bombear el agua hasta la presa de Chira, donde quedará almacenada hasta el momento en que sea preciso devolverla al circuito, dejándola fluir de nuevo hacia el embalse de Soria a través de un salto hidráulico.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el alcalde de San Bartolomé, el consejero de Transición de Canarias, Mariano Hdez. Zapata; la presidenta del BEI, Nadia Calviño; el presidente de Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante su visita a las obras del proyecto de Salto de Chira, el pasado 28 de marzo.
La idea, apuntan desde Turcón, nace de querer "replicar a mucha mayor escala una instalación similar que se encuentra en El Hierro, llamada Gorona del Viento". Se trata de un parque eólico asociado a una central de bombeo, participado mayoritariamente por Endesa y el cabildo insular, que se puso en marcha hace 10 años y que ha conseguido que la isla se haya mantenido con energías renovables durante 24 días seguidos.
Sin embargo, la gran diferencia entre ambas instalaciones, y la cuestión que se torna como el quid de la cuestión en este asunto, es nada más y nada menos que la sequía. "Hablan de central hidráulica, y eso no es cierto. Realmente no es un asunto de hidráulica, básicamente porque aquí no hay agua", sentencia uno de los miembros del colectivo, que ha pedido no ser identificado por miedo a sufrir consecuencias por sus opiniones contrarias a este proyecto.
Según datos consultados en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), algunos municipios del sur de Gran Canaria —como pueden ser San Bartolomé de Tirajana, Mogán o Santa Lucía de Tirajana— presentan tan sólo de 15 a 16 días de media de lluvia al año, dejando constancia del grave problema de sequía que sufre esa zona del archipiélago. Por ello, "no tiene ningún sentido una central hidráulica en esa zona", apunta el mismo miembro de Turcón.
Sin embargo, el razonamiento del gobierno local es, por otra parte, absolutamente el contrario. La naturaleza no aporta a esa parte de la isla la suficiente agua, por lo que, según sus promotores, se hace necesaria la creación de una desalinizadora.
"Pero lo que no te cuentan es que ese proceso de desalinizar el agua del mar tiene un coste energético muy importante. Bombear esa agua hasta el embalse de Soria, que está a más de 600 metros de altura, significa duplicar el coste energético respecto al beneficio que en realidad se obtendría", explican desde el colectivo ecologista.
Una cuestión "de negocio"
Además, otro de los grandes agravantes que ponen en contra de este Salto de Chira a la opinión pública es su instalación en una "zona de espacios naturales protegidos". "Esta obra se está haciendo en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Allí hay paisajes espectaculares y es un área geológica muy antigua, de las más antiguas de la isla", comienza desarrollando un miembro de Turcón.
Por ello, "cualquier intervención para construir grandes infraestructuras —ya sean de tipo que sean— que se haga en esa zona, genera un impacto ambiental sobre ecosistemas muy sensibles, muy singulares y, sobre todo, un impacto en el paisaje de una forma bastante evidente".
Lugar donde se va a construir la central hidroeléctrica Salto de Chira, en Gran Canaria.
Para más inri, desde el colectivo apuntan a que esta construcción se va a hacer "fuera de la zona de demanda". "Se encuentra en la misma línea que lo que se viene sucediendo en otras partes del archipiélago. En zonas donde existe demanda energética, ya sean industriales o urbanas, prácticamente no hay instalaciones de energía renovable".
¿Y qué supone todo esto? "El tener que transportar la energía hacia los puntos de consumo", apuntan. Sin embargo, este transporte se ve limitado por una cuestión básica, que es "la demanda energética de la propia isla". "Es más una cuestión de posibilitar ese gran negocio que se están montando. La demanda energética no es suficiente, por lo que necesitan este bombeo para generar una demanda artificial para inyectarla en el sistema y que les permita cobrar por esa energía", desarrolla un miembro de Turcón.
Es por esto, aseguran, por lo que este proyecto creó "una gran alarma social" prácticamente "desde el minuto uno". "Se va a actuar en una de las zonas más salvajes y más naturales de Gran Canaria. Además, todo recae en manos privadas. Es una cuestión de negocio más que de eficiencia energética y que no genera ningún beneficio a la sociedad, pero parece que esto no hay quien lo detenga", sentencian.
La obra, presupuestada en 391 millones de euros, se encuentra en estos momentos en un 40% de ejecución y entrará en funcionamiento, previsiblemente, en 2027. Una vez en marcha, Red Eléctrica pagará al Cabildo de Gran Canaria un canon anual de seis millones por su uso. Pero, aun con las "expectativas bajas", los vecinos no piensan en cruzar los brazos.
Con "varias denuncias y alegaciones presentadas" y una "serie de propuestas alternativas a este proyecto que se pusieron sobre la mesa" pero que parecen haber caído en saco roto, desde el colectivo anuncian que se van a seguir manifestando para "dejar ver la desazón que hay entre la ciudadanía".
"Nos veremos en las calles el próximo 18 de mayo, en una manifestación que hay preparada en contra del modelo turístico y la vivienda vacacional, pero donde también se cuestiona el modelo energético, porque todo está vinculado a un sistema que beneficia el poder económico a costa de un territorio, de sus recursos naturales y de su ciudadanía", finalizan.
